Y la oposición... apá?

Por Gerardo Cortinas Murra

Las posturas irreconciliables entre historiadores y el Gobierno del Estado, con motivo del eventual traslado del Mausoleo del bandolero revolucionario Francisco Villa.
Provocó que en días pasados el Gobernador emitiera un comentario que, a mi parecer, merecen un análisis serio y objetivo que trascienda su impacto meramente mediático.
La declaración del Gobernador, fue la siguiente: “Me llama poderosamente la atención que, al no encontrarse temas en los que se genere controversia o críticas al gobierno, se busquen como cuando planteamos lo del Mausoleo. Pero eso no será provocación para mi gobierno. Si es necesario la réplica lo haremos, pero la figura de Villa, pese a quienes lo critiquen, la vamos a aprovechar…” (El Diario, abril 4, p. 9A).
En primer lugar, me preocupa sobremanera, que el propio Ejecutivo Estatal dé por cierta una supuesta ausencia de temas controversiales relativos a su mandato. Para ello, habría de precisarse la siguiente cuestión: ¿Acaso los titulares de la actual administración pública estatal no leen, día con día, las noticias de los medios de información locales y nacionales?
Si la respuesta es negativa, el dicho del Gobernador sería incuestionablemente cierto. De no ser así, tendríamos que aceptar el extremo contrario: que a los funcionarios estatales les tiene sin cuidado el sentir de la opinión pública. Postura a la que me asumo, sin reservas, por las siguientes razones:
En el ámbito del Poder Ejecutivo local, específicamente en el área de la procuración de justicia, existe un sinnúmero de deficiencias estructurales y operativas (escaso personal profesional) que fueron motivo para que avizoráramos, desde su implementación, el fracaso del NSJP; y que a pesar de las tantas ‘cirugías  de reconstrucción’, su papel no ha dejado de ser un cotidiano motivo de rechazo social.
En cuanto al Poder Judicial local, hoy en día, la labor de los jueces civiles se equipara a la de simples funcionarios judiciales burocráticos que se limitan a la aplicación rigurosa de leyes obsoletas (el Código de Procedimientos Civiles fue expedido hace 40 años), sin importarles que la función jurisdiccional está sujeta, por mandato constitucional, a los principios de profesionalismo, excelencia e imparcialidad.
Asimismo, resulta un insulto a la razón que los privilegios jubilatorios de la ‘casta judicial’ (magistrados) esté sustentada en un decreto notoriamente inconstitucional, emitido al final del mandato del exgobernador Frenando Baeza, cuando ya el triunfo del panista Francisco Barrio era un hecho consumado.
Pero los temas más graves acontecen en el Poder Legislativo. La actual Legislatura del Congreso local -considerada por muchos- la peor de los últimos años ha demeritado, por una parte, la autonomía de los Poderes Locales; y por otra, ha tolerado la existencia de un cúmulo de ordenamientos jurídicos obsoletos y, por ende, injustos e inconstitucionales.

En cuanto a su funcionamiento interno, la pluralidad política es una falacia: el debate legislativo no se refleja en las sesiones del Pleno. Y la Agenda Legislativa se desarrolla a discreción, sin tomar en cuenta las exigencias de la sociedad, ya que nuestros legisladores sólo aprueban ‘parches legislativos’ como una solución coyuntural a la problemática social.
Por otra parte, otro de los temas más controvertidos en los últimos días por la sociedad, es la relativa a las coaliciones electorales en el presente proceso electoral local. Para ello, debe recordarse que en la historia política de nuestro país, las coaliciones electorales celebradas por el PRI y el PAN, con los partidos políticos ‘rémoras’ (PVEM, PT, Panal, MC), sólo han sido motivo de una perversa suma de votos en las Asambleas Legislativas y del correspondiente beneficio personal de sus seudolíderes.
Y lo peor del caso, es que todos los temas controversiales antes mencionados a los que, de manera reiterada, he abordado desde el año de 1997 en este espacio que me brinda EL DIARIO de Chihuahua, se quedan cortos ante la ausencia total de una de las formas de la participación política: la legitimación de la participación ciudadana en el ejercicio del poder público como solución, sine qua, para erradicar la impunidad oficial.
Y si está de moda ‘empoderar’ al bandolero revolucionario, habrá muchos que defiendan esta causa. Por mi parte, asumo mi papel de continuar como parte de una oposición política propositiva con el propósito de luchar por una sociedad verdaderamente democrática, sin tanta injusticia y tanta inseguridad.