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Secuestran a regidora de San Juanito


María Ofelia Samaniego, regidora por parte del Partido Revolucionario Institucional fue secuestrada por un grupo de sujetos armados que llegó y se la llevó amenazándola con armas de grueso calibre. 
El secuestro ocurrió en la comunidad de San Juanito, la regidora ya tiene más de 72 horas desaparecida, primeras  versiones apuntan que se la llevó el grupo de la La Línea a cargo de Carlos Arturo Quintana alías El 80.
Familiares informaron que previo a la desaparición de la regidora recibieron llamadas en las que les pedian  6 millones de pesos a cambio de su vida. 
El domingo 2 de julio se la llevaron al no tener respuesta a su extorsion, llegó un convoy y la obligaron a subir a un vehículoy huyeron del lugar, sin que hasta el momento haya  información de su paradero.

Detienen a dos hermanos por secuestrar a su madre

La Procuraduría General de Justicia capitalina cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra dos hermanos (una mujer y un hombre) acusados de privar de la libertad a su madre.
En un comunicado, la Procuraduría capitalina informó que los imputados actuaron en complicidad con su padre, quien es buscado por las autoridades.
El mandamiento judicial fue ejecutado en la colonia San Pedro Mártir por agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, Fuerza Antisecuestro (FAS).

En la audiencia inicial, el juez de Control vinculó a proceso a los imputados de 24 y 30 años y les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que enfrentarán su proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, respectivamente, por el delito de privación de la libertad agravado.
Según el expediente, el 17 de diciembre de 2016 una persona denunció ante la Fiscalía que la víctima estaba privada de la libertad por su cónyuge y dos de sus hijos en el domicilio familiar, ubicado en la colonia Nuevo Renacimiento Axalco, en la delegación Tlalpan.
El agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y activó el protocolo de atención a víctimas.
Las indagatorias arrojaron que la afectada sufría violencia familiar desde hace 30 años, cuando se unió en vínculo matrimonial; desde entonces fue agredida física y psicológicamente dentro de su propio hogar.
Por ello, cansada del maltrato que recibía, en noviembre pasado decidió ponerse a salvo en la casa de su madre, localizada en la colonia Topilejo, delegación Tlalpan. Al enterarse de ello, los probables agresores, en compañía de su padre, llegaron a dicho inmueble y la obligaron a abordar una camioneta en la que la trasladaron, contra su voluntad, a una casa ubicada en el pueblo de Santa Justina Ecatepec, municipio de San Felipe Ixtacuixtla, estado de Tlaxcala.
En el trayecto, la víctima observó a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México e intentó bajarse del vehículo, pero su hijo impidió que escapara.
Más tarde, al establecerse en el inmueble referido, propiedad del cónyuge de la agraviada, la víctima trató nuevamente de huir, por lo que su esposo e hijo la golpearon para someterla y la encadenaron a una escalera.
Después, los probables participantes decidieron regresar a la capital del país y al enterarse de la denuncia en su contra, la agraviada fue obligada por su esposo a tomar una llamada de la Policía de Investigación para que manifestara que se encontraba en Puebla en una cita médica y que todo estaba bien.
No obstante, el geoposicionamiento del teléfono determinó que se encontraban en la delegación Tlalpan, lo cual permitió a los agentes investigadores ubicar y rescatar a la mujer.
En las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestro, la agraviada fue valorada, entrevistada y recibió asistencia médica por las lesiones que presentaba, entre ellas, la fractura de un dedo del pie derecho.
También intervino la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad con el objetivo de brindarle asistencia integral, toda vez que las evaluaciones periciales permitieron corroborar que presentaba daños psicológicos derivados del ilícito del cual fue víctima.
Conforme a lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por la comisión del delito de privación de la libertad agravado con el propósito de causar daño, los imputados podrían ser acreedores a pena privativa de libertad de 50 a 100 años.
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