El plebiscito: el problema de recabar firmas

Jaime García Chávez

En la Constitución local de Chihuahua –pionera en la materia–, a partir de 1995 se incorporaron las formas de la democracia participativa, conocidas como referéndum, iniciativa popular y plebiscito. Llegaron al impulso de la primera alternancia panista y con el apoyo del PAN y el PRD. El PRI, en aquel año, se puso de espaldas al avance de un nuevo modelo democrático, a la vez que el PAN, dentro y fuera del gobierno, jamás las ha puesto en práctica; al contrario, cuando de su mano ha corrido, las ha obstaculizado, o pretendido usar para conservar el poder, como fue hacia 1998 cuando intentó un referéndum con un claro propósito electoral, que bloqueó una decisión del Tribunal Estatal de Elecciones al frente del cual estaba la autoridad jurídica y moral de Rafael Lozoya Varela.

Ha sido desde fuera y en contra del Estado que se ha intentado ponerlas en práctica, en primer lugar adelgazando engorrosos requisitos; también mediante puestas en escena concretas, aunque no hayan desembocado en buen puerto a consecuencia del autoritarismo de diversos signos, centralmente panistas y priístas. 

Ahora, sólo con un aliento fascistoide se quiere denostar, descalificar e impedir la celebración de sendos plebiscitos para resolver si van o no los proyectos de iluminación de las ciudades de Chihuahua y Juárez, y se sigue pensando que los ciudadanos somos menores de edad o incapaces. El primero, azul; el segundo con careta de independiente. Aunque en el fondo está perfilar lo que debe ser el municipio en términos más amplios, grupos ciudadanos se proponen que la decisión salga de la burocracia a la calle, a los ciudadanos. 

El trabajo inicial está hecho: el esfuerzo ciudadano, por una parte, y el aval del Instituto Estatal Electoral que autoriza la recolección de las firmas en el porcentaje que la ley estipula. Bien por ambos. El primero, por el aliento moral que da; el segundo, porque le abre puertas a un ámbito de participación fuera de lo ordinario para elegir autoridades.

Ya se empieza a hablar de que es costoso, difícil, inútil, y otras lindezas en boca de directivos empresariales miopes y de politicastros con intereses personalistas. Pero el tema tiene historia, que demuestra no tan sólo la pertinencia de realizar estos ejercicios, sino de su factibilidad sencilla. Se puede hacer mucho con poco y sin parafernalia.

Va un ejemplo. Hacia fines de 1998 y a las puertas del regreso de la corrupción priísta con Patricio Martínez a la cabeza, un modestísimo grupo ciudadano nos echamos a cuestas la iniciativa popular para crear un Tribunal Estatal de Cuentas, encargado ciudadanizado de realizar la auditoría y fiscalización de los recursos públicos, particularmente lo que tiene que ver con el manejo de las contribuciones que nutren el erario y que los gobernantes manejan como si fueran de su propiedad o parte de su cortijo. Se hizo el esfuerzo de escribir y fundamentar una iniciativa, demostrando que no tan sólo los gobernantes saben hacerlas, sino que es trabajo realizables por los ciudadanos, sin misterios de ninguna especie.

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No recolectamos ni 4 ni 5 mil firmas, necesitábamos más de 20 mil y las obtuvimos de ciudadanos de los 67 municipios. Ciudadanos de carne y hueso, con su firma, su credencial del entonces IFE, con su correspondiente número. Fue así que la histórica iniciativa, la primera en la historia de la vida política del país, llegó al Congreso local como una iniciativa formal, demostrando que no nada más los diputados y el gobernador tienen la prerrogativa de iniciar leyes.

Se pudo. Está demostrado que es factible, incluso sin recurrir a gasto alguno de procedencia estatal. Los ciudadanos podemos, más ahora con las tecnologías al uso. No está de más recordar que uno de los problemas de quienes impulsamos la iniciativa popular fue andar cargando una pesada computadora por el territorio estatal, buscando conexiones eléctricas en las plazas públicas, lo que ahora se resuelve fácilmente con un simple aparato móvil de bolsillo.

Aquí pasamos diversas imágenes del expediente que integramos, que dan testimonio de la voluntad de más de 20 mil ciudadanos y ciudadanas para participar, y contenidas en más de 20 voluminosos tomos. Una notaria pública, gran persona, que lamentablemente ya no está entre nosotros, Blanca Leticia Ornelas, escrutó uno a uno los documentos y dio fe de su autenticidad para que llegaran plenamente convincentes al Congreso del Estado. 

Hasta aquí la historia positiva, la que vale recordar. Una vez que llegó la hora de la decisión, los señores diputados y diputadas, nos dieron un rotundo “no”, votaron a favor de la oscuridad, la opacidad, contra la rendición de cuentas y la transparencia. Se llenaron de ignominia, y los que fuimos a defender la iniciativa, salimos descamisados, amenazados en nuestra integridad física por los agentes del patricismo, emblematizados en la figura de Jesús “Chito” Solís Silva.

Historia aparte, de que se puede, se puede.