¿Austeridad legislativa?

Gerardo Cortinas Murra.

Al inicio del sexenio de Peña Nieto (2014), el entonces presidente nacional del PRI, propuso la realización de una consulta popular para que la ciudadanía avalara la reducción de 100 diputados ‘pluris’ y la eliminación de los 32 senadores electos por esta vía. Al respecto, César Camacho, expresó:

“Creemos que son necesarios los diputados plurinominales; lo que creemos es que son demasiados… los legisladores de representación proporcional (RP) tienen el objetivo de dar cabida a todas las expresiones políticas, incluyendo las minorías, pero el esquema actual propicia una sobrerrepresentación abultada”.

La pregunta que sería puesta a la consideración del electorado mexicano, era la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y 32 senadores por el principio de RP?

De esta manera, el PRI pretendía que la integración del Congreso de la Unión fuera de la siguiente manera: que la Cámara de Diputados quedara integrada con 400 diputados y el Senado por 96 senadores. La reducción significaría el 20% de diputados federales y el 25% de senadores.

Recordemos que en el 2010, Felipe Calderón presentó un proyecto de reforma política para “reducir el número de integrantes en el Congreso de la Unión con el propósito de dar mayor eficiencia al trabajo legislativo y reconocer la exigencia ciudadana de evitar un uso dispendioso de sus recursos…”

La propuesta del presidente panista consistía "en eliminar los 32 escaños que son electos de una lista nacional manteniendo tres senadores por entidad… la Cámara de Diputados, se propone reducirla de 500 a 400 diputados: 240 electos por el principio de MR y 160 por el de RP”.

Como se puede apreciar, los motivos de ambas propuestas eran similares: la del PRI se basaba en un supuesto afán de “facilitar la construcción de acuerdos que permitirá una toma de decisiones más rápida y efectiva; lo que contribuirá a superar la parálisis legislativa, además de generar ahorros presupuestales”. En cambio, la del expresidente Calderón, fue darle “mayor eficiencia y agilidad al trabajo legislativo y evitar el dispendio de recursos públicos”.

Yo me pregunto: ¿A quién le importaría que hubiese 600 diputados federales y 200 senadores, si todos ellos percibieran un sueldo decoroso y proporcional a su desempeño legislativo?

Porque, la cuestión de fondo no es la cantidad de legisladores, sino más bien la desproporción entre sus exorbitantes salarios y su pésimo desempeño político. Al extremo que nuestro colega Javier Valero propone que se les pague a destajo: a mil pesos por cada iniciativa presentada.

En efecto, ni los legisladores federales ni los diputados locales, son considerados como auténticos representantes políticos de la sociedad; y tampoco como personas dignas de confianza (mucho menos de respeto), tal y como lo refleja la última Consulta Mitofsky:

“Las seis peores instituciones, en términos de nivel de confianza entre los ciudadanos, y debido a que en una escala del 1 al 10 están reprobadas, son: los partidos, cuya calificación es de 4.4; sindicatos (4.6); diputados y policía (4.8, cada una); Presidencia (4.9) y senadores (5.0)” (El Economista, febrero 1, 2018).

Sin embargo, debe aceptarse que cualquier reducción de legisladores generaría un considerable ahorro presupuestal al eliminarse no solo las dietas y las asesorías, sino además, el consecuente ahorro de recursos públicos y privados que se erogan en las respectivas elecciones.

En el ámbito local, desde el año 2015, formulamos una propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para reducir a 27 las diputaciones locales (16 de MR y 11 de RP).

Propuesta que ha sido ignorada por todos los partidos políticos, ya que el Congreso (al igual que los órganos ‘autónomos’) representan cuotas laborales para sus ‘distinguidos’ militantes; como son las ‘super-asesorías’ legislativas y ciertos cargos administrativos. ¿Y la austeridad republicana?