Las cuentas opacas de Layín

La Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) ha detectado hasta ahora operaciones irregulares por más de 225.53 millones de pesos en las dos gestiones de Hilario Ramírez Villanueva, alias Layín, que abarcan de 2008 a 2011 y de 2014 a 2017, en la alcaldía del municipio porteño de San Blas.

No obstante, el alcalde sanblaseño es actualmente precandidato independiente al gobierno de Nayarit, y algunas encuestas de la prensa local le atribuyen casi 10% de las preferencias electorales que siguen creciendo.

Las auditorías a cuatro de los seis ejercicios de Ramírez Villanueva (2009, 2010, 2011, 2015), que fueron consultadas por EL UNIVERSAL, detectaron errores y omisiones por más de 159.57 millones de pesos, además de operaciones financieras que constituyen un “daño a la hacienda pública” por más de 65.96 millones de pesos.

La ASEN descubrió retenciones efectuadas al salario de trabajadores del ayuntamiento por concepto de créditos del Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y del Impuesto sobre la Renta (ISR) reportable al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi 23 millones de pesos, los cuales no fueron transferidos a dichas instituciones ni hallados en otros haberes del patrimonio municipal.

Su administración pagó subvenciones a personal ajeno al ayuntamiento, distribuyó “subsidios sociales” por más de 20 millones de pesos en sólo un año, efectuó gastos no institucionales como “investigación científica y desarrollo”, gasolina, peajes, hospedajes, y metió a contabilidad un comprobante de más de 100 mil pesos por un consumo de alimentos.

Incluyó facturas falsificadas, transfirió recursos a dependencias municipales con cheques a nombre de funcionarios por más de 11 millones de pesos, suprimió débitos a deudores del ayuntamiento por más de 8 millones, pagó obra pública inexistente y no consiguió comprobar gastos por otros 8 millones, entre otras anomalías.

El tipo de respuestas del ayuntamiento a las observaciones del auditor se ilustra con la siguiente que dio sobre la omisión de registros contables de la deuda pública municipal de 2009. La alcaldía argumentó que la administración previa no le entregó los archivos respectivos: “Reconociendo en mi actual administración […] la falta de documentación e información en distintas áreas, a lo que me asalta la duda el porque (sic) en las auditorías anteriores que se realizaron a otras administraciones no se percato (sic) de tales manejos”.

Las cuatro auditorías revisadas reúnen 385 observaciones, de las cuales el ayuntamiento solventó sólo 22.

Retenciones “congeladas”

Hilario Ramírez ejerció un gasto total de 367 millones 861 mil 24 pesos con 26 centavos en los años correspondientes a las auditorías revisadas. La acción financiera sistemática en esos ejercicios es la retención económica al salario de los trabajadores del ayuntamiento por créditos de Fonacot, cuyo monto no es transferido a esa institución.

Al cierre de 2015 sumaba 9 millones 617 mil 643 pesos con 12 centavos. En la revisión de 2011, la ASEN especificó: “No hay evidencia de que dichos recursos estén disponibles en alguna de las cuentas de bancos del ayuntamiento”.

Las retenciones del ISR a la nómina en 2011 y 2015 también fueron “congeladas” por el ayuntamiento: 13 millones 164 mil pesos que no recibió el SAT. En 2009 y 2010 el ayuntamiento no entregó la documentación de ese rubro.

La alcaldía de San Blas también aplica un impuesto especial de 12% sobre sus recaudaciones, destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). En 2009, 2010 y 2015, la contabilidad municipal registró las retenciones respectivas por un millón 15 mil pesos, captación que no fue transferida al patronato administrador ni a la tesorería estatal.

En 2015, el ayuntamiento de San Blas gastó 90 millones 908 mil pesos. La ASEN auditó 40%. Encontró depósitos registrados en las cuentas municipales que no llegaron a las cuentas bancarias, recaudación no depositada, saldos de origen desconocido en cuentas contables, 3 millones 298 mil de retenciones obligatorias a contratistas sobre obras financiadas por programas estatales y federales que el ayuntamiento no reintegró al erario, y un adeudo de remuneraciones por 38 millones 852 mil pesos.