De víctimas, elecciones y controles de confianza
Es ignorar la voluntad de Francisco Villa con respecto a su sepultura y también lo es y, mucho más, ignorar la voluntad de las y los chihuahuenses sobre la necesaria y urgente protección a sus vidas e integridad física.
Porque no puede negarse que la violencia asesina sigue imperando en Chihuahua. A pesar de las celebraciones oficiales, en 2012 seguimos siendo la entidad de la República donde más homicidios dolosos se cometieron por quinto año consecutivo. En el mes de marzo, el estado de México encabezó esa lista negra con 154 homicidios contra 115 de nuestra entidad, pero si nos vamos a las cifras por cada cien mil habitantes, superamos con mucho a la entidad antes gobernada por Enrique Peña Nieto.
En efecto, la gráfica que presenta el periódico digital “Animal Político” es para dar terror y vergüenza de nuevo. En cuanto a cifras de homicidios por cada cien mil habitantes, el estado de Chihuahua se lleva de nuevo el primer lugar nacional con 68.9 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Como punto de comparación, el segundo lugar Guerrero tiene una tasa de 62.8, el tercer lugar, Sinaloa, 56.9. Otras entidades que se caracterizan por su violencia, Nuevo León presenta un cociente de 36.2, Tamaulipas, de 30.2, Coahuila, de 27.8. Y las entidades donde menos homicidios hay son Aguascalientes, con 3.0, Hidalgo, con 2.8 y Yucatán, con 2.2.
Chihuahua presenta un porcentaje de homicidios al que las Naciones Unidas considera como “tolerable”. Es cierto que dicha proporción ha bajado significativamente, pero, como los números muestran, estamos aún muy por encima de otras entidades del país.
A contrapelo de estas cifras, la prensa nacional reporta que Chihuahua sólo se ha sometido a la prueba de confianza a uno de cada cinco policías, siendo una de las peores entidades en la materia. Anteriormente se esgrimía el argumento de que la diferente extracción partidista de los gobiernos federal y estatal hacía que aquel pusiera demasiados requisitos y engorrosos procedimientos para dichos exámenes. Pero ahora que el titular del Ejecutivo proviene del mismo partido que el Gobernador y, además, que se presume la “gran cercanía” que existe entre ellos, ¿cuál es el pretexto que se puede manejar para no realizar dichos exámenes de confianza como se debe?
Por otro lado, cuando la prensa nos dice que en los primeros cuatro meses de la administración de Peña Nieto la tasa de asesinatos en el país es más o menos la misma que la de la administración de Felipe Calderón, queda muy claro que el actual gobierno priísta y sus correspondientes en los estados no han cambiado la estrategia para lidiar con la violencia criminal en el país, ni mucho menos han reducido la incidencia criminal sino, como señala muy bien, Denisse Dresser, sólo han cambiado la narrativa. A nivel federal, en lugar de muertos, de confiscaciones de drogas y de aprehensiones de capos, se habla de las necesarias reformas. En Chihuahua, se maquillan las ciudades y las cifras, se construyen candidaturas desde arriba, se tejen alianzas electorales que sólo presagian sometimientos, unanimidades y repartos de tajadas que en nada benefician a la ciudadanía.
Lo que urge, pues, es que el gobierno deje de gastar su tiempo y su dinero pensando donde se va a colocar ahora el Mausoleo de Villa, sino como le va a hacer para que se tengan que cavar menos tumbas en nuestro Chihuahua. Con razón se urge a acelerar el control de confianza a los policías, pero habría que practicarlo también a gobernantes, partidos y candidatos.
Porque, así las cosas, no hay ninguna “sana incertidumbre” como señalan los politólogos, ante las elecciones de julio. La incertidumbre que existe no estriba en quién va a ganar las elecciones, sino con cuántas nuevas víctimas llegaremos a ellas.
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