Preocupa menos libertad de prensa en Venezuela
Después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado domingo, el presidente Nicolás Maduro advirtió que no tolerará campañas en contra de su Gobierno por parte de los medios: "Estamos en combate comunicacional otra vez contra las mentiras de las televisoras".
El presidente de la SIP, Matt Sanders, director senior y gerente general de Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah, condenó las amenazas de Maduro por su aversión a los medios independientes y mostró su preocupación de que el gobierno continuará reduciendo las libertades de expresión y de prensa "lo que podría quedar de manifiesto en un posible texto constitucional, así como lo registra la Constitución de Cuba".
Sanders reflexionó que Maduro siempre fue explícito a favor del régimen cubano. En materia de libertad de prensa y medios de comunicación, el Art. 53 de la Constitución de Cuba indica: "Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada".
Maduro pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que investigue a Televen por "apología del delito" por transmitir en vivo las protestas sociales. La SIP viene denunciando la intimidación, violencia institucional y física durante la cobertura periodística y las detenciones arbitrarias contra los comunicadores, así también el uso de mecanismos tales como las restricciones estatales en la distribución del papel prensa, cancelación de licencias, procesos administrativos y judiciales, y ataques a sedes, entre otras formas de silenciar a los periodistas y medios venezolanos.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, subrayó las advertencias que la SIP vino haciendo sobre el deterioro sistemático de la democracia y la libertad de prensa en los 18 años de gobierno chavista. Consignó que la última resolución de la SIP – dictada en abril en coincidencia con el inicio de las protestas sociales – se indicaba que la crisis sigue "comprometiendo valores democráticos esenciales como la división de poderes, la autonomía del Poder Legislativo, la independencia de la Justicia o el ejercicio de derechos civiles básicos, como la libertad de expresión, el derecho al disenso o el derecho de peticionar a las autoridades, entre muchos otros".
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