POR ERNESTO AVILÉS MERCADO

A diferencia de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que prácticamente no ha podido ganar uno solo de los amparos en los que ha participado, aunque públicamente siga festinando todas sus actuaciones, el Poder Judicial ha logrado revertir jurídicamente los amparos concedidos, generados por la inconformidad de la selección de jueces-, inicialmente por un juzgado de Distrito, llegando hasta la segunda sala de la Suprema Corte, quedando solamente esperar la resolución de los rezagados; 3 en los juzgados colegiados y 2 más en los de distrito.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 7 amparos en revisión, el primero interpuesto por Jesús Iván Medina Arellano, Blanca Leticia Rojas Vargas, Samuel Pérez González, Alessio Arrayales Duarte, Elmer Lerma Fontes (2) y Enrique Villarreal Díaz, resolviendo que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos; es decir, fueron sobreseídos.

El tema del amparo fue que tenían el tiempo y la responsabilidad del cargo de juez, pero no el nombramiento, pero aún así, participaron en el concurso y al no conseguirlo, buscaron ampararse, reclamando la omisión de ratificarse; ante esto, la corte resolvió que consintieron expresamente y por eso se sobreseyeron.

Más adelante, los integrantes de la segunda sala, resolvieron los amparos presentados por Laura Velia Mendoza Luján y Cesar Miguel Rodríguez Martínez (2), los cuáles también fueron sobreseídos; dos fueron por las mismas causas; es decir, por consentimiento expreso y los otros dos, relativos al concurso de oposición para la selección de jueces, también fueron sobreseídos.

Tiempo después, se resolvió el amparo presentado por Laura Velia Mendoza Luján, para determinar la procedencia contra los lineamientos y el concurso de oposición de jueces de primera instancia, también fue sobreseído, revocando la sentencia recurrida.

Además del consentimiento expreso, la corte señaló la tesis jurisprudencial con rubro “Consentimiento expreso como causal de improcedencia del amparo, se actualiza cuando el quejoso se acoge a un beneficio establecido a su favor, cuyo nacimiento está condicionado, por la obligación o perjuicio que le ocasiona el acto reclamado”

En la misma resolución, la corte señala que el origen de la actualización de la causal, es la carta firmada por las personas quejosas, donde externaron su intención de competir en el concurso referido.

La ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa, estableció en su sentencia que “esos actos contienen un beneficio en favor de la impetrante del amparo, concretamente, la posibilidad de participar en el concurso combatido, que a su vez está condicionado a la aceptación de un perjuicio; es decir, una vez que se acogió al concurso, esa conducta supone también la aceptación de sus resultados”.

Dentro de los asuntos pendientes de resolver por los tribunales colegiados, está el presentado por Zulema García Aude y Claudia Marcela Carrillo Palacio, los cuáles se encuentran turnados a ponencia, por lo que tomando en consideración los antecedentes establecidos por la segunda Sala de la SCJN, es viable la presunción de que sean sobreseídos, por las mismas causales.

El sr. José Luis Contreras Cruz, que no es juez, sino un ciudadano interesado en el tema, presentó también un amparo, que se encuentra en el tribunal colegiado de circuito, se pasó a ponencia y se espera que de un momento a otro se resuelva.

Finalmente, los amparos presentados por Daniela Aralí Torres Porras y Leonila Chávez Duarte, que también se encuentran pendientes de resolver por parte de los juzgados de distrito, el primero se ha señalado para el 23 de Abril la audiencia constitucional, mientras que el segundo se encuentra suspendido por una queja y no continuará hasta que sea resuelta.

Del recuento de daños, se tiene que 12 jueces provisionales interpusieron amparo; en total fueron 16 amparos de jueces provisionales, porque 4 jueces promovieron 2 amparos y 1 de particular, que hacen una suma de 17 en total.

11 amparos fueron resueltos por la segunda sala de la SCJN; 1 amparo se resolvió por el Tribunal Colegiado de Circuito; 3 amparos pendientes de resolver por tribunales colegiados y 2 más, pendientes de resolver por juzgados de Distrito.

En ninguno de los Amparos reseñados se abordó tema relativo a corrupción, se enfocaron, básicamente, en la falta de fundamentación y motivación de las calificaciones de la etapa 3 (examen Psicológico) y que no hubo evaluadores de manera colegiada en la etapa 5 que se refería a la redacción de una sentencia y que resultaba indebido concursar plazas de los jueces provisionales, ya que estos sostenían que había operado a su favor la ratificación tácita.

De tal forma entonces, que el Poder Judicial del Estado no está bajo sospecha de corrupción por los amparos presentados en contra del proceso de selección de jueces, ni tampoco se ha concedido la ratificación del cargo de juez por un amparo presentado, como tampoco se encuentra en trámite de resolución amparo alguno que tenga que ver con alguna persona, funcionario o ex funcionario a quien se le atribuyen actos de corrupción.

Inicialmente, cuando se promovieron los amparos, una de las mayores quejas que se comentaban por parte de los jueces que no fueron ratificados, fueron en contra de la postura del magistrado presidente Pablo Héctor Gonzalez, ya que sabía perfectamente la situación de cada uno y esperaban que se tuviera una atención con ellos, porque ellos también traían puesta la camiseta del Tribunal y el hecho de promover amparo, no era en descontento con la institución, sino en contra de Lucha Castro, a quien consideraban como Lutero dirigiendo la Iglesia, atendiendo sus propios intereses.

Sin embargo, a la fecha, -hasta donde se sabe-, el Tribunal ha tenido atenciones con todos los quejosos y se han reubicado a quien ha querido, dejando a salvo los derechos de quien así lo ha manifestado.

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Ernesto Avilés Mercado/ El trabajo profesional del abogado litigante, se ha convertido desde hace tiempo, en una actividad de alto riesgo en Chihuahua, ya que en los últimos 10 años, 74 profesionales del derecho han perdido la vida en forma violenta, y tan solo 8 de estos homicidios, han sido resueltos por las autoridades.

El penúltimo de estos asesinatos, ocurrió el pasado 6 de Octubre, en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, alrededor de las 19:00 horas, perdiendo la vida Luis Ramón Hernández Garrido, un abogado litigante dedicado a su profesión, con quien diariamente nos encontrábamos en los juzgados civiles y penales, y jamás lo habíamos visto envuelto en situaciones de riesgo.

El pasado martes también, un importante grupo de abogados se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, para solicitar el esclarecimiento de este y los demás homicidios de los abogados que han sido asesinados y los responsables continúan de manera impune, caminando libremente por la ciudad.

Esta protesta, que es compartida por todo el gremio de abogados, y que aunque numerosas personas han criticado por el reducido número de participantes, -aseguraban que no se juntaron ni el número de fallecidos-, es importante señalar que por el horario de la marcha, el grueso de los litigantes se encontraba trabajando, además, la invitación fue cerrada, contrario a lo que se esperaba, porque es un propósito que nos es común a todos los abogados postulantes y burócratas; nadie está exento de un atentado, además, las autoridades deben darse cuenta de que a pesar de las diferencias que existen en el gremio, cuando existe comunidad de propósitos e identidad de metas, la unidad surge, y eso es precisamente lo que se alcanzó con la marcha, al margen de que cientos de abogados no estuvieron presentes como era su propósito.

El pertenecer a diversas organizaciones de abogados, no excluye la simpatía por las manifestaciones de protesta, ni debe verse como una acción aislada, pero sobre todo, no debe quedarse únicamente en estas expresiones; es importante que no se cierren los canales de comunicación con las organizaciones y las autoridades, porque las posturas radicales que se pudieran presentar, sólo retrasarían la correcta aplicación de la justicia.

Los abogados como parte del problema, también debemos buscar ser parte de la solución y no quedarnos solamente en la protesta airada y manifestación de un solo día.

La Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, organización gremial que a aglutina a 15 colegios y barras de diferentes partes del Estado, está planteando la integración de una mesa de trabajo con el resto de las organizaciones de abogados, para integrar conjuntamente con las autoridades correspondientes, un protocolo de seguridad para los operadores judiciales, donde por supuesto estén incluidos los abogados.

Se trata de apoyar de forma inmediata al abogado litigante que haya recibido algún atentado o amenaza, tanto en su persona como su familia, ofreciéndole rapida protección, pero además facilidades para que presente al mismo tiempo su denuncia, asegurando que prontamente las autoridades puedan iniciar con las investigaciones.

Existe desde el año 2011, una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para el Estado Mexicano, en el sentido de que se incorpore en su legislación federal, una ley que proteja a los operadores judiciales, que contempla desde los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio y muy especialmente a los abogados litigantes; esta recomendación se amplía a las legislaciones estatales, para ofrecer independencia y seguridad para todos los operadores judiciales.

 La recomendación para las autoridades judiciales de Chihuahua, es que no cierren las puertas al diálogo, que entiendan que las expresiones de protesta están debidamente fundadas ante la ausencia total de justicia y la enorme impunidad que se ha generado.

No se vale que ante la incapacidad para dar respuesta, por parte de las autoridades, cuando se presentan crímenes en contra de los abogados, se busque la salida fácil con expresiones difamatorias en contra del fallecido, al asegurar que traía la defensa de personas integrantes de bandas delincuenciales y que eso podría ser la causa.

La constitución Federal de la República y ahora los tratados Internacionales, establecen que toda persona tiene el derecho a ser representado por un abogado que además de contar con su cedula profesional, sea un técnico en la materia que representa, pero nada dice acerca de que por ese solo hecho, se puedan generar asociaciones, que eventualmente impliquen que el abogado sea cómplice de los actos u omisiones, presuntamente consideradas como delitos, que haya realizado su representado.

El abogado presta un servicio profesional, como los médicos, ingenieros u arquitectos y los mismos contadores y no por el solo hecho de que sus clientes sean personas de dudosa reputación, se puede calificar de cómplices a los profesionistas que se contratan.

Ojalá y estas manifestaciones de hartazgo y demanda de justicia, puedan servir de base para que a partir de éstas, las autoridades y las organizaciones de abogados en el Estado, puedan alcanzar acuerdos que permitan ofrecer espacios de apoyo para los abogados que enfrenten en el ejercicio de sus funciones, amenazas y atentados, que pongan en riesgo su vida y la de sus familias.

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Ernesto Avilés Mercado/ Después de lamentar el fallecimiento del Licenciado Ramón Hernández Garrido en condiciones de violencia, la licenciada Alba Flores Domínguez, presidenta de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, A.C., dio a conocer que en coordinación con la CEDH, se está integrando un protocolo de seguridad para operadores de justicia, con lo cual se pretende que los abogados litigantes que se encuentren amenazados o en situación de riesgo, puedan solicitar apoyo institucional para protegerse.
"La actividad profesional del abogado, es ya una carrera de riesgo que requiere de apoyos de protección para evitar en lo posible que más litigantes puedan ser objeto de ataques", señaló la líder de los abogados organizados de la entidad, -agregando que "entendemos que a las autoridades policiacas les resulta materialmente difícil, el evitar los atentados que se presentan, sin embargo, el tener un protocolo de seguridad, - como el que se estableció a favor de los periodistas y defensores de derechos humanos-, representa una oportunidad importante para los litigantes que se encuentran en peligro.
La presidenta de la FECHCA Licenciada Alba Flores Domínguez, dio a conocer que desde el 05 de Diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió el Documento denominado "GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO DE LAS AMÉRICAS", y  en la recomendación 17 establece "proteger a las y los operadores de justicia cuando se encuentren en riesgo su vida o integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, agresiones y hostigamientos en su contra".
"A nivel local tenemos que aprovechar el camino recorrido por la CEDH, con el protocolo para periodistas, para la creación del propio para los operadores del sistema de Justicia, en el cual se involucrarían, desde los agentes de la policía, pasando por los abogados privados, defensores públicos, agentes del Ministerio Públicos, secretarios, jueces y hasta Magistrados", sentenció Alba Flores, agregando que en este propósito solicitaríamos el apoyo tanto del Poder Ejecutivo y Judicial, para que sumados al esfuerzo que mantenemos las organizaciones de abogados, podamos estructurar este protocolo que vendría a darle seguridad y confianza al trabajo riesgoso de los abogados.

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Ernesto Avilés Mercado

Con la creación y puesta en marcha del Instituto de Justicia Alternativa, el Poder judicial avanza a pasos agigantados en la búsqueda de solucionar el grave problema de saturación de asuntos en los juzgados civiles y familiares.

Ante la negativa permanente por parte del Gobierno del Estado, para apoyar con recursos los nuevos proyectos que la ley establece para el Poder Judicial en materia de mediación, y cristalizar el proyecto de ley que se promulgó en la época que Patricio Martínez gobernara Chihuahua, el magistrado Presidente José Miguel Salcido acordó con el Instituto Estatal Electoral, mediante la figura de comodato, utilizar el edificio propiedad del ya desaparecido Instituto Estatal Electoral, para albergar estas oficinas y poner en marcha este proyecto que vendrá a despresurizar las funciones jurisdiccionales en tres ramas del derecho que diariamente saturan los juzgados, como son las materias civiles, familiares y mercantiles.

La mediación, está demostrando efectividad en otras entidades como Durango, donde se tienen varios años de implementación y ha generado que cientos de personas que presentan conflictos por cuestiones que no sean de alto impacto, puedan alcanzar mediante la presencia de un mediador, capacitado y profesional, una solución compartida y aceptada por las partes, que podrá ser protocolizada ante un notario o funcionario judicial, y que podrá tener efectos jurídicos importantes en un eventual juicio.

En materia civil, problemas de disputa de herencias, pago de rentas vencidas, en materia Familiar, las disputas entre parejas por cuestiones de irresponsabilidad en alguno de los cónyuges, reconocimiento de hijos, pensiones alimenticias, mientras que en materia mercantil, los famosos prestamos entre particulares, son parte del universo que podrá conocer este instituto, donde se excluyen solamente los delitos de alto impacto y los que se ventilen por la rama penal, donde también existe ya y funciona excelente la unidad de justicia alternativa.

La reducción de 200 MDP al presupuesto del Poder Judicial para el 2014, se ha traducido en una incapacidad manifiesta para llevar a cabo nuevos proyectos y abrir nuevas plazas en los juzgados penales, civiles y familiares para abatir los altos índices de rezago que se presentan, aunque en el rubro de capacitación, el extraordinario papel que ha desempeñado el doctor Octavio Carrete al frente del CEFORAJ, ha permitido que los funcionarios y agentes externos, puedan abrevar el conocimiento jurídico con las academias que cada fin de semana se programan.

En unos días iniciará actividades el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, como una respuesta del Poder Judicial para atender a los miles de personas que presentan problemas con el consumo de alcohol y drogas, que se encuentren sujetos a proceso.

Este proyecto que se inicia en Chihuahua, pero que entidades como Nuevo León, México y Morelos ya lo han venido trabajando desde hace tiempo, consiste en brindarle la oportunidad a quien se le conceda una suspensión del proceso a prueba, apoyado por el Tribunal de Garantías que coordina el Lic. Ricardo Márquez Torres, quien –por cierto- se cansó de ser feliz, al anunciar su matrimonio el próximo año, con la también profesional del derecho Viridiana Piñón.

De lo que se trata es que exista un real seguimiento al imputado, realizando visitas inesperadas a sus hogares para conocer de primera mano que se mantiene sobrio y alejado de drogas, para que pueda alcanzar su propósito de suspender su proceso.

Este proyecto que se estrena en Chihuahua, ya cuenta con 25 años vigente en los Estados Unidos, iniciándose en Miami, con resultados en verdad importantes.

LOS ESFUERZOS DE LA DEFENSORIA POR ALCANZAR SU AUTONOMÍA

Durante la pasada asamblea del Colegio de Abogados que presidente la Lic. Alba Flores Domínguez, se contó con la presencia del titular de la defensoría pública, el controvertido abogado Jorge Neaves Chacón.

De entrada dio a conocer que a su llegada redujo considerablemente la planta laboral, la cual incluía a personas sin título de abogados, ejerciendo actividades de defensor, otros más que jamás se habían parado por la oficina, pero que recibían puntualmente su salario depositado en sus cuentas y otros que solamente aterrizaban en quincena.

El punto principal que fijó Neaves, tuvo que ver con lo que contempla el proyecto de la nueva Ley Interna del Poder Judicial, donde se le menciona incorporado y como instituto.

En la misma asamblea se conoció que durante la presidencia del magistrado en retiro Ramírez Benítez, en una ocasión pretendió dar línea de conducta en la defensoría pública, lo que generó una reacción viril por su titular, y aunque los pormenores no se ventilaron, el resultado arrojado es que no se le permitió ningún tipo de injerencia.

Sobre la corrupción que se puede presentar con los 100 abogados que integran la defensoría pública, Neaves fue reiterativo en afirmar que es imposible hablar que no existe, aunque en los filtros que se tienen de manera permanente, se han detectado varios casos en los que hay señales de sospecha, como cuando el usuario se queja por un gasto que tuvo que hacer exigido por el defensor y después de investigar se comprueba que fue par la reparación del daño causado.

Sin embargo, también existen casos, como el coordinador de Defensores del Municipio de Parral, quien fue denunciado, y después de llevar a cabo una investigación, se puedo establecer con claridad que había incurrido en una conducta ilegal y que por lo tanto se le dio de baja y actualmente se encuentra sometido a un proceso penal.

Por otra parte, como ciudadano me gustaría presenciar que nuestros gobernantes asumieran una actitud de empatía con la ciudadanía, para que podamos ver los dos, desde la misma óptica, hechos que suceden en nuestro entorno, con un criterio ciertamente diferente, pero de realidad absoluta.

La reducción de los índices de violencia son reales, la paz ha vuelto a sentirse en tierras Chihuahuenses, sin embargo la violencia continúa presentándose diariamente y no como hechos aislados, sino como una cadena interminable de delitos de alto impacto que preocupa a los ciudadanos, y que desgraciadamente a nuestras autoridades las mantiene en una postura de negación permanente.

Algún día me gustaría escuchar que se solicita la cooperación de la ciudadanía para que juntos sociedad y gobierno podamos enfrentar este flagelo; que este último pueda reconocer que solo no ha podido erradicarlo; que solamente lo está controlando, pero que para reducirlo a su mínima expresión, necesita del apoyo de todos. Situación del todo difícil dado que una enorme soberbia gobierna hoy nuestro Estado.

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ERNESTO AVILÉS MERCADO

La vinculación a proceso de Javier Torres Cardona, no quiere decir, ni con mucho, que sea responsable de los delitos que lo acusan, ni tampoco que haya consigna en su contra por pertenecer al grupo político de Marco Adán Quezada; es la consecuencia jurídica de una serie concatenada de acciones y omisiones que generaron la pérdida de 9 vidas humanas, lesiones de por vida a otras, y puso al descubierto un entramado de irregularidades que le toca investigar a la autoridad penal.
El tema se presta a diversas interpretaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la cercanía de los procesos electorales y además con las diferencias de criterio de deuda, que han protagonizado, por un lado del responsable de las finanzas Estatales Jaime Herrera y el ex gobernador José Reyes Baeza Terrazas.
Sin embargo, el desarrollo de la audiencia ha sido de lo más interesante, desde el punto de vista jurídico, porque permitió en un plano de total igualdad, las participaciones tanto de la fiscalía como de la defensa, quienes presentaron sus argumentos tratando de desestimar los de la parte contraria.
El Ministerio Público solicito se vinculara a proceso penal a Javier Torres Cardona, por el probable delito de  ejercicio ilegal de la función pública, porque de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, se estableció que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
La vinculación a proceso que fue decretada por el juez Ricardo Márquez, se basó en la responsabilidad que ostentaba el ex subdirector de Gobernación Municipal, de velar por la seguridad de los asistentes a los eventos masivos, y la obligación que tenía de seguir las reglas administrativas de cobertura de requisitos, aunque en su defensa, se alegó que las reglas de operación había cambiado y la subdirección se encargada de otras cosas y no precisamente de la seguridad.
La teoría de la defensa parece consistente, aunque en el desarrollo de la etapa de investigación que se fijó en 8 meses, se tendrá oportunidad de adecuar las pruebas.
Entramos de lleno a una nueva etapa del Aero show, donde el Estado ejerciendo su autoridad, a través del Ministerio Público, presenta acusación formal a los responsables de la vigilancia y cobertura de formalidades preventivas que evidentemente no se cubrieron y fueron determinantes para la desgracia.
La dependencia de la Fiscalía hacia Poder Ejecutivo, puede considerarse como una señal inequívoca de que la orientación de la estructura del representante social, puede ser influenciada para que se dicte sentencia condenatoria, en caso de llegar hasta juicio oral.
Este criterio, no es equivocado, porque precisamente es la función del Ministerio Público, el realizar las investigaciones necesarias de un hecho que fue causante de decesos, lesiones y daños materiales cuantiosos, para presentarlo ante las autoridades judiciales demandando una sanción penal.
Sin embargo, sobre la influencia que se asegura es ejercida por el Gobernador del Estado para perjudicar a quien represente los intereses del único candidato que no es de su equipo, no tiene sustento, en virtud de que ése es el trabajo del MP y por lo tanto, el investigar y buscar culpables, proponiendo sanciones es precisamente su función principal.












Por otro lado, el juez de garantías Ricardo Márquez que conoce la causa, es el coordinador de todos ellos y cuenta con una capacidad demostrada de imparcialidad y buen juicio, por lo que no hay duda de que actuará en base a la actividad que desarrollen tanto la fiscalía por conducto del Ministerio Público, como la propia  defensa.
Se asegura que en breve se darán a conocer más personajes que eventualmente pueden ser llamados a comparecer en audiencias de imputación de delitos, que no quiere decir que sean culpables, sino que su participación  en acción u omisión, pudo haber tenido relevancia directa en la tragedia.
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL GENERA MUERTES
A raíz de las recientes trombas y abundantes lluvias, donde lamentablemente se han presentado dos fallecimientos que bien pudieron haberse evitado, se ha puesto en evidencia la gran corrupción que se tuvo en la presidencia Municipal de Chihuahua en pasadas administraciones, cuando se otorgaban permisos para construir viviendas en los márgenes de los arroyos, que tarde que temprano, el agua reclama como suyos, llevándose todo a su paso, poniendo al descubierto que prevaleció el interés personal y de grupo, por el de la ciudadanía en general.
Caso semejante se presentó en el asunto de Aero show, donde por funcionarios de nivel medio, -en una revisión somera y pragmática-, por no cumplir con sus responsabilidades, dieron margen a que se presentara la tragedia que enlutó a 9 familias, tienen ahora en grave riesgo a quien encabezara la alcaldía y depositara su confianza plenamente en esta estructura humana, pueda ser vinculado a proceso penal y con ello, ver alejadas sus pretensiones legítimas de encabezar una candidatura al gobierno del Estado, una vez que Cesar Duarte termine su administración.
INAMOVILIDAD Y RECONTRATACION DE EX FUNCIONARIOS
TEMAS PARA ANALIZARSE EN EL PODER JUDICIAL
Uno de los reclamos más sentidos del grueso del Poder Judicial, integrado por secretarios, proyectistas, actuarios y demás personal de tropa, es el relacionado con la ocupación de personajes que alcanzando su retiro, por medio de pensión, edad o años de servicio, son recontratados como asesores u ocupando otros cargos de gran responsabilidad, obteniendo dos sueldos del mismo poder, pero sobre todo, quitándole el espacio a quien viene detrás, esperando se abra un espacio para ocuparlo, en base a capacidad, lealtad, capacidad y honradez.
Aunque en el proyecto de la nueva ley orgánica del Poder Judicial no se contempla nada al respecto, el magistrado presidente, sabe y entiende este clamor, porque además de haber sido litigante, conoce las entrañas del Poder y está comprometido a modernizarlo, para que responda a las demandas legítimas de justicia para los justiciables y para el propio personal judicial

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La Dirección de Seguridad Pública Municipal está violando los derechos humanos de los detenidos, al obligarlos a desnudarse como parte de un supuesto protocolo; existen al menos dos denuncias de un hombre y una mujer ante la CEDH, pero esta práctica continúa sólo con quienes se escogen

La actividad jurídica en Chihuahua se ha incrementado de manera importante, gracias a que los actores de la administración y aplicación de la justicia, se han incorporado en una dinámica de trabajo productivo, que refleja parte del gran potencial a que se puede llevar a la actividad jurisprudencial en este Estado que desde 2007, ha tomado la vanguardia de la modernidad en los procesos penales, civiles, laborales, y próximamente familiares.

Después de enfrentar problemas internos serios, caracterizados por la polarización de los magistrados que integran el Poder Judicial, la prudencia parece llegar al recinto judicial para quedarse, y a partir de un entendimiento basado en el respeto y trabajo, ahora se puede afirmar que los mejores tiempos para el Poder Judicial están por venir.

La confianza que el Ejecutivo Estatal ha depositado en el magistrado presidente, no ha sido de los dientes hacia fuera; los reveses legales increíbles que se presentaron con la no ratificación de un magistrado, además de jueces que pretendieron expulsarlos de sus trabajos, enrarecieron el ambiente laboral del Poder Judicial, sin contar con las cantidades millonarias que se tuvieron que pagar además de las reinstalaciones, dieron como resultado que se ejecutaran acciones para evitar que la crisis interna se desbordara.

La capacidad de los magistrados no estuvo jamás en duda para poder representar al Poder Judicial; pero muchos estaban identificados en varios grupos, de tal forma que el peligro de polarizar las relaciones se mantenía, por lo que la llegada del magistrado Salcido a la Sala Constitucional, vino a dar una alternativa viable y sobre todo bien aceptada por todos.

José Miguel Salcido Romero cuenta con una buena currícula y excelentes relaciones tanto a nivel local como en el Federal; su estilo conciliador y ejecutivo le ha permitido integrar un equipo de trabajo leal y muy capaz, como se puede advertir en la persona del magistrado del Tribunal Estatal Electoral Erick Alejandro Muñoz Lozano, quien a pesar de su juventud, refleja una gran madurez y sensibilidad política, que deberá seguir aprovechándose.

Los magistrados del Poder Judicial le han dado también un gran voto de confianza a su presidente y se han dado muestras de que no han sido traicionados; por el contrario, todos han sido tomados en cuenta para las decisiones más trascendentes y además les ha hecho sentir de que sus opiniones en verdad enriquecen la vida interna del Poder Judicial.

El enriquecimiento de la capacidad de los juzgadores, no se presenta solamente con el estudio; es necesario escuchar lo que está pasando en el país y en otras latitudes, para mejorar la calidad de las sentencias que se dictan, pero sobre todo, para enriquecer la formación de cada uno de los integrantes del Poder Judicial.

La organización de eventos jurídicos de gran trascendencia, es una de las características de José Miguel Salcido desde que estaba en el Tribunal Electoral y ahora lo ha retomado como titular del Poder Judicial, aunque sin duda, lo más importante en cuanto a las reformas de los códigos civil y familiar, es haber logrado la incorporación de magistrados especializados en materias civil y familiar, dentro de las mesas de trabajo conjuntas entre los tres po0deres del Estado.

El único error que se advirtió, fue la no inclusión de los representantes de los abogados asociados y aunque se han tendido puentes de comunicación con Salcido Romero, éstos no se han fortalecido del todo, aunque se espera que así como se ha apoyado  de manera integral al Poder Judicial, así se apoyen las acciones de fortalecimiento gremial, en materias de capacitación.

Durante la presentación del libro “Modalidades del Juicio Civil en el Estado de Chihuahua”, por parte del magistrado Samuel René López Parra, se dieron cita compañeros del Poder Judicial, alumnos de la Facultad de Derecho, así como familiares y amigos del magistrado a quien en público y en privado, lo consideran el magistrado mayormente capacitado en materia civil; esta obra se considera lectura obligada para los estudiosos de la materia, además de que servirá de apoyo para quienes  imparte justicia.

CESAR DUARTE EN LA GESTION; LO QUE MEJOR SABE HACER

Para el mandatario Cesar Duarte, el salir del Estado y del país en busca de inversiones para fortalecer la planta laboral de Chihuahua, es una práctica que se le da muy bien.
Se recuerda su viaje al Oriente donde regresó con grandes anuncios sobre la construcción de nuevas plantas, extraordinarias inversiones y una apertura increíble de nuevos empleos.
En los últimos días se han hecho anuncios importantes sobre la gira, pero faltará que el propio Cesar Duarte los de a conocer personalmente.

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Ernesto Avilés Mercado/Tribuna Ciudadana

Con los acontecimientos de violencia que se han registrado en las últimas semanas, donde por igual han sido presas de violencia personas de nuestra comunidad, entre ellos un seminarista, una niña de apenas 16 años de edad, otra persona secuestrada que se asegura fue rescatada por personal de la Fiscalía, aunque otras fuentes refieren que fue él mismo el que se liberó; el hecho es que nuevamente la inseguridad se incrementa de manera alarmante en todos los rincones del Estado.
El Arzobispo Constancio Miranda, a raíz del homicidio del seminarista Samuel Gustavo Gómez, dijo que nos encontramos en un total estado de indefensión, donde no hay paz, que en Chihuahua vivimos en una permanente zozobra y que de plano no sabemos ya, de dónde agarrarnos.
Estas expresiones, no deben considerarse como ataques al Gobierno, ni mucho menos a César Duarte; debemos tomarlas como una llamada de atención para todos que tenemos una familia y que todo acto de violencia que se presente en contra de cualquiera, es también un atentado hacia nosotros.
Los programas de seguridad instituidos por las autoridades de cualquier nivel de Gobierno, si no contemplan la participación de la ciudadanía, están destinados al fracaso.
De los errores que permanentemente se presentan, destaca el que considera que por medio de la fuerza y supuestos actos de inteligencia criminal, es como se podrán abatir los altos índices de violencia e inseguridad.
En Chihuahua está más que claro que existe el deseo, compromiso y responsabilidad por parte del Gobernador César Duarte para enfrentar los grandes problemas que tenemos como sociedad.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente, aunque es innegable que han existido avances, la percepción ciudadana todavía sigue considerando que la violencia es el principal problema que las autoridades deben resolver.
Estamos más cerca de terminar la administración y dos de las grandes acciones que se proyectaron para la entidad, como es el abatimiento de los niveles de inseguridad y la modernización del transporte público, continúan sin resolverse del todo.
El llamado Vivebus, donde se invirtieron sumas altísimas del presupuesto estatal, cuenta con una infraestructura importante y realmente es un sistema eficiente y moderno, sin embargo, el factor humano, con el choque de intereses de los sindicatos, los concesionarios, los choferes y del propio Gobierno del Estado, ha empantanado toda negociación tendiente a erradicar viejos vicios que durante décadas han establecido la completa anarquía dentro del transporte urbano.
Está claro que quien gobierna Chihuahua, debe contar con un equipo de colaboradores eficientes, capaces y responsables, pero con los resultados que se han observado en la mayoría de las acciones que se llevan a cabo, no tenemos más que concluir que también conviven funcionarios inútiles, incapaces e irresponsables, que solamente van por el cheque y que por amistad, compromiso o complicidad, quedarán pegados a la gran ubre del gobierno, por lo que resta de la administración.
La decepción social que han generado los integrantes del PAN  en el Congreso del Estado, no tiene para cuando cambiar; los esfuerzos por pretender hacer creer que están a favor del Pueblo en sus debates, no convencen a nadie, porque sus intereses están enfocados en apoyar a quien les permita continuar con sus privilegios, a partir del proceso electoral interno.
La total hegemonía, el control absoluto y el poder omnímodo del Gobernador no es lo mejor para la democracia; ni mucho menos para una sociedad que cada vez más se manifiesta demandante y exigente de obras de beneficio común y no solo declaraciones periodísticas; de hechos de gobierno que tengan que ver con un mejor vivir para todos y no solo de estrategias mediáticas que elevan al mandatario Estatal como Farol de la República y obscuridad en Chihuahua.
Uno de los escenarios que se están planteando ya para la sucesión de César Duarte, dependerá mucho del triunfo de Gustavo Madero en el PAN, ya que ha sido un excelente alfil en los propósitos del Gobierno de Peña Nieto y se maneja que puede entrar en una negociación para que el PRI presente un candidato a modo para que Madero le pueda ganar en las urnas.
Se habla de muchos perfiles políticos, que pueden ser buenos o adecuados, sólo que en Chihuahua el único que brilla es el Gobernador, y atendiendo a su máxima de que el Poder sirve para Poder, es seguro que cuando se dé cuenta de que va de salida y que debe de proyectar a quien lo sucederá, pueda ser demasiado tarde.
César Duarte ha cambiado mucho la percepción ciudadana en Chihuahua; la simpatía que generó en el principio de su administración se ha opacado considerablemente, al grado de que las rechiflas y exclamaciones de descontento lo persiguen en cada parte del Estado donde se presenta, incluso en el mismo Parral.
Maquiavelo recomendaba que la gente le tuviera respeto y miedo al Gobernante, pero en el caso de Chihuahua, lo que se presenta es totalmente inédito, porque viene de más a menos, primero en forma gradual, pero conforme pasa el tiempo, es ya de caída libre.
Personalmente considero que César Duarte es un hombre bien intencionado, que ama profundamente sus raíces y que busca lo mejor para Chihuahua, pero desgraciadamente el entorno que construyó, donde su voz en la única que se escucha, lo ha divorciado totalmente de la ciudadanía que representa; también estoy convencido de que puede llegar a ser el mejor Gobernante de Chihuahua, sólo que para eso, debería de hacer mucha obra; mínimamente las presas que anunció hace más de tres años, carreteras y otras muchas más que se desconocen, o que si existen, pues que comience a darlas a conocer, no a nivel nacional,  sino aquí en su Estado, donde todavía es Gobernador.
Para toda obra se requieren recursos, desgraciadamente, en menos de tres años se acabó el presupuesto de seis y pensar en otro préstamo, sería superar lo hecho por Moreira en Coahuila, aunque gobernar Chihuahua, sólo se hace una vez…

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Ernesto Avilés Mercado

Los recursos que se requieren para la construcción de la obra pública en el Municipio, provienen de varias fuentes plenamente definidas; las participaciones federales, los apoyos extraordinarios que se reciben por parte del Estado, así como por medio de las recaudaciones que se hacen, principalmente del impuesto predial.

Para nadie es desconocido que los ingresos son insuficientes para cubrir todas las demandas que diariamente se agolpan en el escritorio del alcalde en turno; sin embargo, la prioridad que se hace de las obras y el mejoramiento de los servicios que ofrece el Municipio, permiten conocer cuál es el verdadero propósito del ayuntamiento, además del interés que tiene el alcalde de trascender políticamente más allá de su administración.

Recientemente se cumplieron los primeros 100 días de la actual administración y a decir de quienes fueron al evento que se organizó con este motivo, resultó totalmente un fiasco; primero porque se trabajó más en tratar de borrar lo que construyó en la pasada administración, que el adecuar las circunstancias para enviar el mensaje de que lo que se quedó en proceso se terminará, antes de empezar lo nuevo.

Javier Garfio es una persona sencilla y prudente, que entiende perfectamente que el ser alcalde en Chihuahua, -sede también del poder Ejecutivo Estatal-, es una ventaja que se debe aprovechar, porque es el gobernador quien le puede canalizar más recursos para obras, a cambio simplemente de no contradecirlo y dejarle toda la cancha para que el mandatario estatal pueda sentir la alcaldía como una extensión de su propio gobierno; el poder le genera una fascinación adictiva y dependiente.

Los funcionarios Municipales han caído en declaraciones nada favorables respecto del suceso con el que terminó la administración de Marco Adán Quezada; Se entiende que cada nuevo gobierno debe posicionar su imagen, pero de ahí a pretender hacer leña del árbol caído, es mucha la diferencia, porque si bien existe responsabilidad, no es exclusiva del Municipio, sino también de la compañía organizadora, y del propio Gobierno Estatal, por lo que habrá que tener presente aquello de que los carniceros de hoy, serán las reses del mañana.

 Las quejas de la ciudadanía que se han presentado como en cascada, respecto del exagerado incremento en el pago del impuesto predial, donde el funcionario responsable, carece de la más mínima educación para dar una explicación del aumento exagerado y no es hasta que se le comprueba que las fotografías que le muestran de las propiedades que pagaban 1200 pesos anuales hasta el año pasado y que ahora se les incrementaron a 6 mil, son atribuibles a los errores de apreciación, porque no se han levantado más paredes, ni construido nuevas edificaciones, tan solo se han techado algunas cocheras pero con láminas o simplemente con lonas.

La retroactividad de la ley, cuando se aplica en perjuicio de una persona, es una acción que se establece como inconstitucional, pero en el caso de la Presidencia Municipal, con el cobro de la diferencia del año anterior en el caso del impuesto predial,  es un abuso claro e ilegal.

Lo mismo pasa con los adultos mayores, quienes tienen un descuento especial, porque ahora no les basta con presentarse con identificación, sino que además les exigen acta de nacimiento, certificado de estudios, cartilla de vacunación, del INSEN, pero además cuando dan cumplimiento a todos estos requisitos, los hacen esperar largas horas de pie, esperando que se cansen y se devuelvan a sus casas, antes de que los funcionarios los reciban.

 Sería muy recomendable que los responsables tomaran un curso intensivo de relaciones humanas, y que por un instante, tan solo por un instante, se pudiera generar una empatía con los contribuyentes, “SALARIO MÍNIMO AL PRESIDENTE, PARA QUE VEA LO QUE SE SIENTE”.

Yo estoy seguro que el alcalde y el titular de finanzas del Municipio, habrán de girar instrucciones para que las cosas se puedan componer, aunque siempre quedará la duda de ver si les hacen caso.

LIDERAZGO COMPROMETIDO EN EL CDE DEL PRI

De la anterior Legislatura, que contó con excelentes diputados, Alejandro Domínguez es el mejor colocado, liderando el CDE de su partido, simplemente porque esta donde quiere estar y desde donde está destacando de gran manera.

Fernando Mendoza el Secretario, está haciendo maestría como apagafuegos desde la Secretaría del Ayuntamiento, con una muy escasa proyección, porque la secretaría no es para destacar, salvo el caso extraordinario del actual legislador Eloy García Tarín.

A quien le deben un buen espacio político es a Francisco Salcido, quien cuenta con un capital social de gran importancia, además de que ha demostrado contar ya con un perfil adecuado para cualquier responsabilidad.

De los tres mencionados, los factores que los identifican son la lealtad, la institucionalidad y su buen manejo político.

De Alejandro Domínguez, su valor agregado es que cuenta con una gran solidez ideológica y maneja bien los beneficios de la reforma; esta consiente que este momento depende de su capacidad para conciliar intereses, pero sin contradecir en lo más mínimo al gobernador; la total mansedumbre que esperaban sus detractores para acatar la línea política que me marcarían desde Palacio, la ha estado enriqueciendo como ser pensante que es, pero lo mejor de Alejandro, sin duda lo veremos en los procesos electorales, donde seguramente demostrará sus reflejos políticos, pero por ahora su compromiso es generar más confianza para que le permitan proponer, sugerir y hasta recomendar para la próxima elección, aunque todos sabemos que la orden es personal, única e indivisible.

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Ernesto Avilés Mercado

La contaminación del agua destinada para consumo humano en las comunidades serranas, donde se asientan las empresas mineras, ha pasado de ser un problema para la comunidad, a convertirse en un verdadero foco de infección para todos, y aun a pesar de que las autoridades Municipales y Estatales tienen conocimiento, no se actúa en consecuencia, mientras que las consecuencias en la población y el medio ambiente, están atrayendo interés para organismos internacionales como Green Peace.

La comunidad de Basaseachi, situado a 290 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, ícono de la belleza natural del Estado, además de otras comunidades cercanas, han recibido en los últimos años, el arribo permanente de cerca de 20 mil personas, la totalidad de las cuáles, trabajan en los centros mineros de la región y ante esta explosión demográfica, que superó y por mucho, la infraestructura hidráulica y de drenaje instalada, aunado a la utilización de miles de litros de cianuro en tanques, donde se han presentado derrames, han creado un ambiente peligroso para los habitantes de la región y un permanente ecocidio para las especies nativas, tanto de plantas como de animales.
Ante la falta de aplicación de la normatividad en materia de desarrollo social para nuevos centros de población, el cauce del arroyo que abastece la cascada, es también utilizado aguas arriba por los pobladores como fuente de agua potable, pero al pasar por las comunidades aguas abajo, se comienzan a presentar los problemas, porque se utiliza para descargas de drenaje de los 20 mil nuevos vecinos, llegando a contaminar los pequeños pozos que tradicionalmente utilizan en las comunidades para abastecerse de agua de uso doméstico.
Numerosos son los casos que se han presentado de cuadros de tifoidea y otras enfermedades generadas por la presencian de heces fecales en el agua que se utiliza para beber, sobre todo en infantes, como puede ser constatado en el modesto centro de salud de esta comunidad, o directamente en Cuauhtémoc, hasta donde han tenido que llevar a las personas que presentan cuadros graves de enfermedades causadas, precisamente por tomar agua contaminada.
El desorden, la anarquía y el valemadrismo en materia de construcción de viviendas existentes en la región, contrasta con la postura de las empresas mineras, las cuáles se ubican en espacios cercanos a los cauces de los arroyos, y aprovechan en su totalidad el agua para su consumo, sumándose a la postura del resto de los vecinos de verter sus drenajes a cielo abierto sobre el mismo cauce, dado también que la única laguna de oxidación existentes en la comunidad, hace varios lustros que se encuentra saturada.

Recientemente un grupo de ecologistas de Green Peace, llevaron a cabo un recorrido por las comunidades cercanas al lecho de los arroyos, que abastecen la cascada, tomaron nota de las versiones de los comuneros, sobre las muertes inexplicable de varias personas, que sin razón aparente ha fallecido, destacándose de un trabajador minero que caminando por la noche, resbalara y cayera sobre un charco cercano al depósito de cianuro de la compañía, para después trasladarse a su casa y por la mañana haber sido declarado muerto.
Las “tronadas” que se realizan en la zona, generan movimientos telúricos que se sienten en toda la región y si en cientos de hogares generan grietas y cuarteaduras, se tiene el temor fundado de que se puedan presentar accidentes en los enormes tanques de cianuro, con consecuencias que pueden tener alcances insospechados, además de la repercusión con la fauna nativa.

MAL COMENZARA EL AÑO PARA MUCHOS BUROCRATAS

Desde el inicio de su administración, el gobernador Cesar Duarte ha sido candidateable para ocupar un lugar dentro del gabinete de Peña Nieto; se hablaba que desde el principio solicitaría retirarse del cargo, y después que no, que hasta que cumpliera dos años para evitar las elecciones extraordinarias, que ahora sí, que al alcalde Garfio está listo y Serrano también, pero que hay problemas con el suplente de Serrano, mientras que Eugenio Baeza el de garfio se frota las manos.
De cualquier forma, este 2014 las cosas no empezarán del todo bien para los burócratas que perderán sus trabajos; los contratos no se renovarán para el personal que cuenta con 12 y 18 años de servicio; en contraste, la dirección de Pensiones aumentará su recaudación con los que queden.

El año que termina, ha sido bueno en muchos aspectos para Cesar Duarte; ha logrado hacer lo que ha querido en materia política, utilizando su poder para comprar conciencias, sacar candidatos con sentencias favorables, además de establecer una democracia dirigida que le permite “coordinarse” muy adecuadamente con los Poderes Legislativo y Judicial.
En este último con la elección del nuevo magistrado presidente José Alberto Vázquez Quintero, se le presentó un revés, dado que no era el candidato que había sugerido, porque los grupos de Chihuahua y Juárez, se pusieron de acuerdo y lograron cambiar la decisión que había sido “sugerida” en favor de otro magistrado; los errores que había cometido Ramírez Benítez, tuvo un costo extraordinario a las finanzas públicas, además de una baja en la reputación del máximo órgano de justicia en la entidad; de inmediato la reacción del mandatario de presentó a través de Jaime Herrera, quien le resto cerca de 100 MDP al presupuesto, con lo cual no se afecta al Poder judicial, porque las sentencias se continuarán dictando, pero por la cantidad de asuntos ante la falta de personal, el único responsable de las posibles fallas que se puedan tener en los juzgados, será el propio Cesar Duarte, quien nuevamente será farol de la República y oscuridad en Chihuahua

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Aquí y Ahora/Ernesto Avilés Mercado

Uno de los puntos que contempla la reforma hacendaria, es el relacionado con la bofetada que se propina en contra de la clase media del país, que cada vez se hace más pequeña; particularmente, la que cuenta con un crédito hipotecario o que paga renta por un inmueble.
Se propone que se grave con IVA las hipotecas y la renta de inmuebles, con lo cual, en caso de aprobarse, las viviendas serán de la noche a la mañana, un 16% más caras.
Las mensualidades de los créditos hipotecarios aumentarán de igual manera en un 16%, ya que también se propone que los intereses que se generen, estén sujetos al IVA.
Los créditos hipotecarios mayores a 1´200 mil pesos, no podrán ser deducidos en las declaraciones fiscales.
El límite de los gastos deducibles que se pretende, será de 47 mil pesos, con lo cual se eliminan los estímulos fiscales al ahorro para el retiro, así como la posibilidad de deducir las primas de los gastos médicos mayores.
Se pretende también cobrar el IVA en las colegiaturas y aunque el gobierno insiste en que no se eliminará su deducibilidad, esto no está contemplado en la nueva ley del ISR, además con el tope establecido, el beneficio simplemente se elimina.
Es de esperarse también que se eleven los costos de los servicios financieros, debido a que se gravan varias reservas de previsión que los bancos están obligados por ley a constituir, costo que sin duda será trasladado hacia el usuario final
En México, desde hace muchos años, la clase media se ha estado reduciendo y hoy en día, es el sector más pequeño de la población, pero es también el que mayormente sostiene a todos los demás; hacia arriba y para abajo.
En naciones de primer mundo, como Estado Unidos y muchos de los países de Europa, se cuenta con una distribución del ingreso mucho más uniforme, porque la clase media representa más del 80% de la población.
En Brasil, durante la presidencia de Lula Da Silva, se logró sacar a 25 millones de personas de la pobreza para incorporarlos a la clase media; ¿que como le hizo?, pues con políticas diseñadas especialmente para este propósito.
Se habla mucho de incrementar la base de contribuyentes para elevar el pago de impuestos, sin embargo, la única medida eficaz para hacerlo, es además de formalizar a los informales, elevar el número de personas que se encuentran en estado de pobreza a la clase media.
Desafortunadamente, con estas medidas, el gobierno de la República pareciera que pretende todo lo contario; es decir bajar a la clase media a niveles de pobreza y mantener con los mismos privilegios a la clase más pudiente.
Ojalá que los legisladores federales de Chihuahua, puedan exponer con claridad en tribuna el sentir de la ciudadanía y del sector empresarial, al margen de lo que se pueda aprobar en mayoría, pero en lo personal, deben demostrar que entienden de congruencia y de compromiso con sus representados.















Dentro de la llamada Reforma Hacendaria presentada por el presidente Peña Nieto, se pretende incorporar a las maquiladoras al pago del IVA, con lo cual, el gobierno Federal, recibiría 25 mil millones de dólares en el 2014.
Esta discusión se encuentra en el Congreso de la Unión y busca que se grave con el 16% las importaciones de insumos, que actualmente se encuentran exentas; dichas mercancías continuarán así, exentas del IVA, si son retornadas al extranjero, ya sea en el mismo estado, o después de haber sufrido un proceso de transformación.
Con la supuesta finalidad de tener un control fiscal y evitar las prácticas de evasión de impuestos, se propone en la iniciativa, que primero se pague el IVA y después se realicen los trámites de devolución, en los casos en los que se demuestre que se regresan al extranjero.
Los críticos de esta reforma, señalan que las maquiladoras perderán competitividad frente a sus pares de Estados Unidos y Japón porque se manejan en entornos globalizados y no se deben de medir con la misma vara, respecto del resto de las empresas del país.
Las maquiladoras más importantes en México, se encuentran a lo largo de la franja fronteriza con Estados Unidos, desde Baja California hasta Tamaulipas, representando poco más del 50% del total que operan en el país.
Otro de los aspectos importantes de la reforma financiera, es el relacionado con las repercusiones directas que se plantean en contra de los deudores de la banca.
Se propone que las instituciones bancarias, presten más dinero a tasas más baratas, pero también los bancos reclaman un reordenamiento para poder hacer efectivos sus créditos, cuando quien debe, simplemente no quiera pagarlos.
Existen dos puntos de la reforma que cualquier deudor debe conocer como son el arraigo de personas y retención de bienes, que ya fueron aprobados por la cámara de diputados y actualmente se encuentran en el Senado de la República para su aprobación.
El arraigo de personas se aplicará cuando hubiese temor fundado de que se oculte o ausente el deudor en contra de quien deba promoverse o se promovió una demanda.
En caso de que el juez solicite el arraigo de una persona, -por ejemplo-, ésta no podrá salir de la ciudad y si lo hace se podrá solicitar una orden de aprehensión, no por la deuda, sino por el desacato a un ordenamiento judicial.
Sobre la retención de bienes, se aplicará cuando exista el temor fundado de que los muebles o inmuebles que se consignaron como garantías o en contra de los que se vaya a ejercer una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes para cubrir la deuda.
Se llegará al extremo, de que cuando el deudor no quiera pagarle al banco teniendo recursos en otras cuentas, incluyendo de otros estados, podrán ser embargados precautoriamente por el banco acreedor, cuando se tenga la presunción de que se vayan a dilapidar, los vayan a gastar o a ocultar.
El Gobierno Federal no propuso el IVA en medicinas y alimentos, pero en su lugar, gravó las colegiaturas, rentas e hipotecas, que es donde más nos duele a la clase media, porque es hablar de la construcción del patrimonio y la educación de nuestros hijos…….
Después de dos meses de pasadas las contingencias pluviales que provocaron caos en varios Municipios, no se han radicado los recursos del FONDEM…….
Chihuahua es anfitrión de los contralores del país, y la forma en la que se han manejado tanto la deuda, como el plan de austeridad y reducción de gastos, refleja el compromiso que tiene este gobierno Estatal, por mantener un orden y una completa disciplina en sus finanzas

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