Poder Judicial de Chihuahua: todo sigue igual

Jaime García Chávez / Un viejo mal corroe a México desde el inicio de su vida independiente a principios del siglo XIX. Se trata de una herencia colonial que el liberal José María Luis Mora llamó “empleomanía” y que El Tlacuache Garizurieta sintetizó con la magistral sentencia:
“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Más filosófico, José Revueltas desarrolló la tesis de que en México la amistad es una poderosa ideología. Todo esto viene a modo de marco para escudriñar el por qué el más elevado órgano del Poder Judicial del Estado de Chihuahua permanece en un sitio siempre a modo para cuestionar con sobrados argumentos o bien mediante conjeturas que muy pronto se convierten en certezas. Acaba de irse Javier Ramírez Benítez, heredando enorme caudal de desprestigio, cuando ya tenemos encima noticias de que no hay la pretensión de hacer del Poder Judicial algo diferente, con un nuevo estilo, renovados contenidos que generen confianza en la sociedad, los que tocan la puerta de la justicia, especialmente, y los miembros del foro congruente con una profesión desprestigiada como es la abogacía, pero además imprescindible, sobre todo cuando está a la altura del Derecho (con mayúscula), sabedor de que esto existe sólo por excepción.
A lo largo de los últimos lustros y por la visibilidad que han alcanzado los aparatos de justicia, jueces, magistrados y órganos colegiados del Poder Judicial, han estado bajo permanente sospecha. Muy pocos creen en su independencia, muchos dudan de su capacidad y profesionalismo y los que tienen poder económico-político saben que pueden torcer una mano aquí o engrasar con dinero una mano allá para conseguir sus aviezos propósitos. La circunstancia actual, si la proyectamos en perspectiva del tiempo inmediato que sobrevendrá, nos hace pensar que desde el poder gubernamental actual se alimenta todos los días la pretensión de configurar su órgano superior con amigos del cacique del estado, que le permitirían trascender a su sexenio con una red de relaciones sumisas en el poder encargado de la justicia. Se hace el balance de las vacantes que se dejarán luego de las jubilaciones que están en puerta y se aprovecharía, también, la creación de la Sala Constitucional como un andamiaje para el empoderamiento de un nuevo elenco para mantener control y relaciones en un poder fundamental y sin el cual difícilmente podríamos hablar ni de la división de poderes y mucho menos de un Estado democrático. A estas alturas también se advierte el escepticsmo con relación a reformas que contrapesen todo esto. Se sabe que Chihuahua es un estado en el que no hay Consejo de la Judicatura y algunos la ven como indispensable para su establecimiento, a contrapelo de la visión de otros que se preguntan para qué, ¿para que lleguen más compadres del gobernador en turno? La teoría al respecto es brillante pero la realidad sería tan gris que sólo le diría a la sociedad que se ha incrementado la burocracia si las cosas siguen donde mismo. Hoy tenemos plenos del Supremo Tribunal de Justicia a los que todo mundo puede acceder, pero a los que nadie atiende por insulsos y porque no hay nada que ver y además la siempre recurrente conducta de los medios a no atender debidamente el funcionamiento de este poder tan importante.
Ahora tenemos un hecho que demuestra de manera absoluta el injerencismo de un poder, el más fuerte, sobre otro vulnerable y débil. Se trata del nombramiento de Gabriel Sepúlveda como nuevo secretario general del Supremo Tribunal de Justicia. Sepúlveda es un político priísta que acaba de terminar como diputado local, posición desde la que alimentó la posibilidad de convertirse en presidente municipal de Parral. En los medios, y no se diga en la región, todo mundo daba por hecho que obtendría la candidatura para ascender a la alcaldía. Tirios y troyanos lo veían en el redil que desembocaba en su nominación en una plaza fuerte del Partido Acción Nacional y que a su vez ha visto con normalidad la alternancia política entre los dos partidos más influyentes de Chihuahua. Pero se le atravesó una pedestre razón de Estado y los priístas parralenses, incluido el pretendiente, tuvieron que tragar camote porque al gran elector se le ocurrió experimentar con un candidato de unidad con fuertes raíces en el PAN, pues antes había sido alcalde de esa ciudad y además su diputado. Luego, a la hora de hacer el balance, quedó un amigo sin empleo, fuera del presupuesto e ideológicamente defenestrado. Había necesidad de cicatrizar la herida, ponerle el bálsamo de un cargo de buen nivel para poder decir, creíblemente: todos felices, todos contentos.Como suele suceder en estos casos: lo que parece, es. Y digo esto porque hay quienes sostienen que no fue César Duarte el que decidió el nombramiento, y si así fuera, no mejoraría mucho para cambiar el deplorable lugar que la sociedad le tiene reservado al Poder Judicial pues significaría que quien lo puso ahí se encarga de curar las heridas que se han generado en el reborujo político en que tiene Duarte metido al estado. Yo tengo con Gabriel Sepúlveda Reyes la enorme distancia que me separa de todo político que participa de un engranaje autoritario, que se condujo como diputado siervo de un cacique. En otras palabras, de él conozco su vida pública, personalmente desconozco la más íntima pasta de la que está hecho y particularmente no pongo en duda que tenga la capacidad para ser secretario general, carezco de esa información. Pero lo que he dicho con antelación me parece que está fuera de la duda y en la convicción de quienes observamos la historia, sobre todo la reciente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y en particular lo que acontece en el STJ.
En atención a esa premisa, pienso que en muy poco tiempo el actual presidente, José Alberto Vázquez Quintero, mal empieza porque da muestras de que continuará más de lo mismo, el mismo declive, la misma sumisión y la carencia de independencia como poder. Preocupante sería que se hubiese dado el nombramiento en pago del desdén anterior que se le infligió a Sepúlveda. Pero todavía más preocupante sería el seguir siendo objeto y víctima a la vez de una anquilosada cultura política que produce los mismos resultados y sin necesidad de que el caciquismo impere previa recomendación, que ahora ya no llega en sobre lacrado sino por Facebook o Tweeter. Quiero decir que no hay sumisión más grave que la que se trae introyectada en la cabeza, en los huesos, en los nervios, en la sangre y en los músculos. Toda una tragedia, si la hay, y que, dicho sea de paso, tiene un capítulo adicional y recientísimo en la declaración de Vázquez Quintero de que lo hecho hasta ahora en torno al proceso judicial penal de la tragedia del Aero Show está bien hecho. Se pone al margen de la máxima de que los juzgadores pueden tener opiniones -y de hecho las tienen- pero que su función no es externarlas a ton ni son, sino algo sencillo y elemental: dictar acuerdos y pronunciar sentencias para que las partes hagan valer sus recursos y al final pasen a ser cosa juzgada, que cuando va acompañada de justicia, como bien se ha dicho, mitiga agravios, evita rijosidad colectiva, abate resentimientos y prodiga paz social. Qué lástima que todo esto ni se comprenda, ni se potencie, ni se haga acto.