MORIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER
Cincuenta y siete elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina han sido asesinados en los últimos cinco años en el cumplimento de sus deberes.
De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia y con folio 0109000046419, en los últimos 5 años y dos meses la SSP capitalina reportó el deceso de 50 policías en funciones. En tanto, la PGJ de la Ciudad de México lleva un conteo de siete uniformados fallecidos en la misma situación durante ese periodo de tiempo.
En 2014, la SSP tomó conocimiento de 10 policías ultimados; al año siguiente, 2015, el registro ascendió a 11; durante 2016, la incidencia bajó a 6; para 2017, la cifra repuntó a 11; en 2018, se mantuvo la cifra; mientras que para los primeros dos meses de este año sólo se presentó una baja.
Cada año son asesinados en la capital del país entre 9 y 10 policías mientras están en sus funciones operativas
Del total de víctimas, 17 defunciones (34 por ciento) ocurrieron en un acto heroico, es decir, durante una intervención directa de alto riesgo en un hecho criminal; mientras que los 33 casos restantes (66 por ciento) se suscitaron en el horario de servicio y sin que hubiera oportunidad de respuesta.
Los años donde se registraron más abatimientos de personal policiaco fueron 2015, 2016 y 2018, con 11 decesos respectivamente; sin embargo, las mayores bajas tuvieron lugar durante los meses de enero y mayo, con 3 y hasta 4 casos
Desde el análisis estadístico, la tendencia generada en el referido lapso apunta a que en la capital del país son asesinados anualmente entre 9 y 10 policías en el cumplimento de su deber.
Por otro lado, a través de la respuesta a la solicitud de información con folio 0113000107719, la PGJ local indicó que de los últimos 5 años y dos meses se tiene un registro de siete elementos abatidos en el cumplimento de sus quehaceres profesionales.
En 2014, la Procuraduría reportó tres fallecimientos de su personal; al siguiente año, 2015, la incidencia fue de dos; durante 2016 no se reportaron bajas; para 2017, se obtuvo un registro de sólo un fallecimiento; en 2018, se repitió la situación de una sola víctima; mientras que al mes de febrero de este año no se registraron decesos en la corporación.
Según reportes de la dependencia, los elementos abatidos en funciones eran hombres y todos se encontraban adscritos a la Policía de Investigación (PDI), de los cuales cinco se desempeñaban como “agentes” (71 por ciento) y los otros dos como “jefes de grupo” (28.57 por ciento).
En tanto, las adscripciones que resultaron afectadas por tales bajas fueron Tlalpan 3, Dirección Regional Sur, Fiscalía Central de Homicidio, Iztapalapa 3, Base Aquiles, Seguridad Técnica y Escoltas, así como la Fuerza Antisecuestros.
SITUACIÓN PREOCUPANTE
Los abatimientos de personal policial y de justicia capitalina están emparentados con todos los factores de violencia que llegan a presentarse en una urbe como la Ciudad de México y porque muchas veces el personal adscrito no cumple las medidas mínimas necesarias para contrarrestar tales efectos, explica en entrevista José Francisco de Villa, investigador de la organización civil Causa en Común.
“Se trata de un fenómeno que debe analizarse de forma multidisciplinaria, ya que puede derivarse de una falta de capacitación o adiestramiento para repeler cualquier tipo de agresiones e incluso hasta por el tipo de insumos que el personal podría portar, que puede ir desde las armas o hasta los chalecos antibalas”
Aunque todavía es impensable juzgar a las nuevas administraciones locales de seguridad y justicia por el poco tiempo que llevan en turno, señala el investigador, es preocupante que este fenómeno también afecte al resto del país, ya que ello habla de un reto nacional que consistirá en el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones policiales.
“En la Ciudad de México se tienen consideradas diversas prestaciones en el caso de fallecimientos, sin embrago, también se les debería garantizar un seguro de vida por la característica de alto riesgo de su ocupación e incluso no sólo en caso de muerte sino también de secuestro o ausencia”, dice Francisco de Villa.
Algunas otras consideraciones para mejorar el rendimiento de los uniformados, advierte el investigador, podrían radicar en una mejora de salarios, jornadas más justas, prestaciones para acceder a un mejor vivienda, jubilaciones dignas, e incluso un mecanismo que garantice mayores indemnizaciones para las familias.
UN RAYO DE ESPERANZA
Para apoyar a familiares inmediatos de los elementos caídos durante labores de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha a mediados del año pasado el Fondo de Apoyo a las Familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que pierden la vida en cumplimiento de su deber.
Con el referido fondo se busca contribuir a la estabilidad monetaria de las familias que perdieron a su ser querido y cuyo ingreso económico era el principal sustento de su hogar nuclear.
A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, dicho programa tiene como finalidad principal gestionar y otorgar los recursos para los deudos de las víctimas a través de programas sociales, apoyos directos, así como un seguimiento en materia jurídica y psicológica.
(Reporte Indigo/Erick Miranda)
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