La justicia... según Peña Nieto

Gerardo Cortinas Murra

Con el anuncio de los diez puntos de acción que comprende el ‘Plan de Legalidad y Justicia’, el Presidente Peña Nieto pretende, al menos mediáticamente, superar el descrédito generalizado que, a nivel mundial, aqueja a su gobierno en los últimos meses; pero, lamentablemente, su decálogo de ‘Justicia Cotidiana’ sólo refleja la miope visión del actual Presidente de la República en materia de inseguridad pública y de procuración e impartición de justicia.

En efecto, de la simple lectura de las medidas anunciadas resalta lo coyuntural del nuevo plan presidencial, así como su inminente fracaso a corto plazo; lo anterior, toda vez que, de nueva cuenta, trata de resolver la grave problemática social con apresuradas reformas constitucionales y legales; es decir, mediante otra ‘reformitis’ a la fast-track.

La primera acción se concreta a la expedición de una legislación ‘general’ para combatir “la infiltración del crimen organizado”. A través de esta nueva Ley, el Gobierno federal podrá asumir el control de los servicios municipales, o bien, para disolver un ayuntamiento “cuando existan indicios de que están involucrados con la delincuencia organizada”.

¿Acaso la expedición de un ordenamiento legal será suficiente para desterrar la infiltración criminal en la administración pública de los tres niveles de gobierno? ¿Acaso los partidos políticos y sus candidatos estarán dispuestos a renunciar al dinero ilícito que reciben, a pesar del riesgo de perder sus cotos de poder y sus triunfos electorales, respectivamente?

De aprobarse esta infame legislación, en lo que resta del sexenio de Peña Nieto, habremos de ser testigos de un sinnúmero de casos en que se decrete la disolución de ayuntamientos municipales a lo largo y ancho del país. No es posible pretender eliminar la autonomía gubernamental de los municipios, so pretexto de recuperar la deteriorada imagen presidencial.

La segunda acción, me resulta por demás incomprensible: ¿Es viable ‘redefinir’ la competencia de los órganos de los tres niveles de gobierno, de “cara al delito”? ¿Cuál sería la definición jurídico-procesal de la frase “cara al delito”?

En mi opinión, lo más preocupante del decálogo de Peña Nieto es el anuncio de remitir al Congreso de la Unión, una amplia agenda de reformas para mejorar la “justicia cotidiana”. Y de nueva cuenta, surgen las interrogantes: ¿Es factible hablar de una “justicia cotidiana”? ¿Cuál sería el significado y alcance de esta expresión coloquial? ¿Lo cotidiano es aplicable al delito y la corrupción oficial?

Por otra parte, debe reconocerse que, de manera pública, Peña Nieto hubiese admitido los reclamos internacionales en contra de la práctica cotidiana de la tortura por los cuerpos de seguridad en México. Porque, si algo es cotidiano en nuestro país, son precisamente, los excesos policiacos.

De esta manera, el reconocimiento oficial de la deficiente legislación mexicana en cuestión de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial; así como su correspondiente castigo, provocó la forzada promesa presidencial de fortalecer los instrumentos, protocolos y procedimientos relativos a tales arbitrariedades para que las investigaciones conducentes sean “oportunas, exhaustivas e imparciales”.

Sin embargo, el decálogo presidencial ya ha recibido un caudal de críticas, entre ellas las de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), quienes consideran que las medidas anunciadas por Peña Nieto representan ‘cambios cosméticos’ insuficientes para evitar las violaciones a derechos humanos en México.

“Las medidas anunciadas por el Presidente Peña Nieto son como tratar de aliviar una pierna rota con cinta adhesiva. Son superficiales y representan la misma retórica gubernamental de los últimos años".

"Pareciera ser que el gobierno no hace más que reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio. La efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer -que en teoría debía ya haber hecho”.
Por su parte, en el editorial sabatino del periódico español ‘El País’, se afirma que “las medidas contra la violencia anunciadas por el Presidente Peña Nieto no han conseguido calmar a los mexicanos indignados por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero... Lejos de satisfacer a los ciudadanos, las palabras del mandatario se han recibido con una mezcla de frustración y escepticismo".

"El plan de Peña Nieto, aunque novedoso, no ha sonado como tal, porque la sociedad mexicana ha dicho basta y necesita algo más que nuevos decálogos de promesas… (y) la modernización de México no avanzará si se intenta construir sobre la impunidad, la corrupción y la violencia”.

Los anteriores comentarios nos conducen a la novena medida: la promesa de “promover la pronta aprobación de las diversas leyes y reformas para combatir la corrupción”. A mi parecer, esta promesa es parte de lo ‘cotidiano’ de la partidocracia mexicana: la hipocresía que caracteriza al discurso oficial.

Citemos la opinión de Luis Rubio: “Las semanas pasadas muestran que el enojo acumulado puede convertirse en una gran bola de nieve, similar a la que Díaz no supo contener. El Presidente Peña podría revertir la crisis convocando a toda la sociedad a apegarse al Estado de derecho, comenzando por él mismo”.