Retenes ‘anti-ebrios’: rapiña recaudatoria
Por Gerardo Cortinas Murra
Las escasas personas que defienden la permanencia de los retenes viales afirman que es una medida necesaria cuyos resultados están a la vista de todos: menos accidentes viales ocasionados por la ingesta de alcohol.
Sin embargo, debe precisarse que la implementación de este tipo de correctivos es algo así, como tratar de ‘curar’ una enfermedad crónica con aspirinas y analgésicos.
Lo anterior, porque el fondo del asunto nada tiene que ver con la supuesta reducción de accidentes, ni con las miles de arbitrarias infracciones que se aplican a los conductores briagos; cuya consecuencia inmediata es una severa afectación a la economía familiar; sino más bien, a la excesiva tolerancia del Gobierno estatal a la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas.
Lo anterior es así, ya que aun cuando el Art. 117 constitucional consigna la obligación de las Legislaturas estatales para aprobar leyes “encaminadas a combatir el alcoholismo”, la realidad es que la Ley de Alcoholes es letra muerta. Tan cierto es, que resulta criticable la proliferación de negocios que venden bebidas alcohólicas ubicados contiguos unos a otros y a escasos metros de centros educativos y hospitales.
Por otra parte, la cotidiana criminalización de los conductores briagos es consecuencia de una grotesca deficiencia legislativa, en virtud de que el hecho de conducir en primer grado de ebriedad está catalogado como una infracción grave. Y dígame usted, amable lector, ¿en qué cabeza cabe que el consumo de dos o tres ‘cheves’, sea considerado como algo que amerite una multa económica de 60 salarios mínimos?
Sólo la avaricia recaudatoria justifica tan denigrante sanción administrativa. Y le pongo como ejemplo el caso del Distrito Federal: Allá, a los conductores ebrios se les detiene, sin ninguna multa económica, hasta por 36 horas en la cárcel “El Torito”. En cambio aquí, en Chihuahua, no sólo se les arresta y se les impone una gravosa multa; sino además, se les retiene el vehículo. Y si esto fuera poco, se les obliga a acudir a centros de desintoxicación.
Por desgracia, los Jueces de Distrito (2º y 10º) han convalidado estas humillantes sanciones administrativas alegando, burdamente, que el Congreso local está facultado para aprobar leyes para combatir el alcoholismo y garantizar la salud pública. Porque si así fuera, lo conducente sería clausurar la mayoría de los expendios de vinos y licores, como una medida efectiva y racional para disminuir el alcoholismo social.
Al respecto, la Ley de Vialidad establece como atribución de las autoridades de tránsito la de “inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas”. Yo le preguntaría al director de Tránsito: ¿Acaso ingerir dos o tres ‘cheves’ constituye un abuso de ingesta alcohólica?
Y si en verdad el Gobierno del Estado quisiera darle una solución digna a este entuerto, mi sugerencia sería la siguiente: enviar una iniciativa de ley a la ‘Oficialía Legislativa’ para consignar la diversa gravedad de las infracciones en la Ley de Vialidad, en los términos siguientes: “ART. 91.- Son infracciones leves: Conducir un vehículo en primer o segundo grado de ebriedad, siempre y cuando no se cometa otra infracción considerada como grave.
Son infracciones graves: a) El conducir un vehículo en tercer grado de ebriedad o en estado de intoxicación por el consumo de drogas u otras sustancias igualmente tóxicas; b)……”
Adicionalmente, debería proscribirse la humillante práctica de condicionar la entrega del vehículo al pago de la infracción de tránsito, toda vez que ésta constituye un crédito fiscal que puede hacerse efectivo mediante el procedimiento coactivo fiscal correspondiente.
INCONGRUENCIA PRESUPUESTAL:
Con motivo del ‘Plan de Austeridad’, el Gobierno del Estado autorizó el despido de cientos de empleados eventuales, así como la reducción del sueldo de los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel. Lo anterior, para estar en condiciones de cumplir con la reforma constitucional que obliga a “ajustar o disminuir” las remuneraciones de todos los burócratas estatales y municipales.
Sin embargo, existe una generalizada inconformidad entre la burocracia afectada, ya que las drásticas medidas de austeridad no aplican en el exorbitante gasto de las ‘caravanas’ de funcionarios que acuden a los eventos faraónicos que organiza el Ejecutivo Estatal. De igual manera, sigue pendiente la promesa del Gobernador de otorgar certeza laboral a miles de trabajadores eventuales al servicio de la Administración Pública Estatal.
Sin embargo, debe precisarse que la implementación de este tipo de correctivos es algo así, como tratar de ‘curar’ una enfermedad crónica con aspirinas y analgésicos.
Lo anterior, porque el fondo del asunto nada tiene que ver con la supuesta reducción de accidentes, ni con las miles de arbitrarias infracciones que se aplican a los conductores briagos; cuya consecuencia inmediata es una severa afectación a la economía familiar; sino más bien, a la excesiva tolerancia del Gobierno estatal a la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas.
Lo anterior es así, ya que aun cuando el Art. 117 constitucional consigna la obligación de las Legislaturas estatales para aprobar leyes “encaminadas a combatir el alcoholismo”, la realidad es que la Ley de Alcoholes es letra muerta. Tan cierto es, que resulta criticable la proliferación de negocios que venden bebidas alcohólicas ubicados contiguos unos a otros y a escasos metros de centros educativos y hospitales.
Por otra parte, la cotidiana criminalización de los conductores briagos es consecuencia de una grotesca deficiencia legislativa, en virtud de que el hecho de conducir en primer grado de ebriedad está catalogado como una infracción grave. Y dígame usted, amable lector, ¿en qué cabeza cabe que el consumo de dos o tres ‘cheves’, sea considerado como algo que amerite una multa económica de 60 salarios mínimos?
Sólo la avaricia recaudatoria justifica tan denigrante sanción administrativa. Y le pongo como ejemplo el caso del Distrito Federal: Allá, a los conductores ebrios se les detiene, sin ninguna multa económica, hasta por 36 horas en la cárcel “El Torito”. En cambio aquí, en Chihuahua, no sólo se les arresta y se les impone una gravosa multa; sino además, se les retiene el vehículo. Y si esto fuera poco, se les obliga a acudir a centros de desintoxicación.
Por desgracia, los Jueces de Distrito (2º y 10º) han convalidado estas humillantes sanciones administrativas alegando, burdamente, que el Congreso local está facultado para aprobar leyes para combatir el alcoholismo y garantizar la salud pública. Porque si así fuera, lo conducente sería clausurar la mayoría de los expendios de vinos y licores, como una medida efectiva y racional para disminuir el alcoholismo social.
Al respecto, la Ley de Vialidad establece como atribución de las autoridades de tránsito la de “inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas”. Yo le preguntaría al director de Tránsito: ¿Acaso ingerir dos o tres ‘cheves’ constituye un abuso de ingesta alcohólica?
Y si en verdad el Gobierno del Estado quisiera darle una solución digna a este entuerto, mi sugerencia sería la siguiente: enviar una iniciativa de ley a la ‘Oficialía Legislativa’ para consignar la diversa gravedad de las infracciones en la Ley de Vialidad, en los términos siguientes: “ART. 91.- Son infracciones leves: Conducir un vehículo en primer o segundo grado de ebriedad, siempre y cuando no se cometa otra infracción considerada como grave.
Son infracciones graves: a) El conducir un vehículo en tercer grado de ebriedad o en estado de intoxicación por el consumo de drogas u otras sustancias igualmente tóxicas; b)……”
Adicionalmente, debería proscribirse la humillante práctica de condicionar la entrega del vehículo al pago de la infracción de tránsito, toda vez que ésta constituye un crédito fiscal que puede hacerse efectivo mediante el procedimiento coactivo fiscal correspondiente.
INCONGRUENCIA PRESUPUESTAL:
Con motivo del ‘Plan de Austeridad’, el Gobierno del Estado autorizó el despido de cientos de empleados eventuales, así como la reducción del sueldo de los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel. Lo anterior, para estar en condiciones de cumplir con la reforma constitucional que obliga a “ajustar o disminuir” las remuneraciones de todos los burócratas estatales y municipales.
Sin embargo, existe una generalizada inconformidad entre la burocracia afectada, ya que las drásticas medidas de austeridad no aplican en el exorbitante gasto de las ‘caravanas’ de funcionarios que acuden a los eventos faraónicos que organiza el Ejecutivo Estatal. De igual manera, sigue pendiente la promesa del Gobernador de otorgar certeza laboral a miles de trabajadores eventuales al servicio de la Administración Pública Estatal.
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