Una iniciativa de ley desde y para la ciudadanía

La transición a la democracia se atoró en México y en Chihuahua. Luego de haber agarrado un gran vuelo durante los años noventa y hasta el dos mil, se ha atascado.
El litigio de las elecciones presidenciales de 2006 y de 2012 es la mejor prueba de ello. En Chihuahua, durante las dos últimas legislaturas la mayoría priísta ha bloqueado todas las iniciativas que promueven avances democráticos y rendición de cuentas y los ejecutivos han gobernado prácticamente sin contrapesos.

Ahora se presenta una nueva  oportunidad para que en Chihuahua la democracia se desatore. La ocasión es la  iniciativa de Ley de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas que ha elaborado un grupo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de Ciudad Juárez y Chihuahua aglutinadas bajo el nombre de “Participa Chihuahua”.
Es un proyecto largamente trabajado, con seriedad, erudición jurídica y politológica, y sobre todo, con mucha participación de ciudadanas y ciudadanos, mediante varios foros en los que la propuesta de ley se ha expuesto y discutido.
Es necesario recordar que en 1995, a iniciativa del Ejecutivo, encabezado entonces por Francisco Barrio se reformó la Constitución del Estado para incorporar en ella las figuras de democracia participativa referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Dos años después, el Congreso del Estado, con mayoría del PRI y apoyo del PRD agregó a dichas figuras la de revocación del mandato. En ese entonces con estas reformas, Chihuahua se puso a la cabeza a nivel nacional en cuanto a la institución de las figuras de la democracia participativa.

Eso fue en el papel. En los hechos, las cosas han resultado muy adversas para las y los ciudadanos que se animan a recorrer todo el laberinto que la ley requiere para poner en marcha dichas figuras. Hasta ahora todos los esfuerzos ciudadanos en este sentido han culminado en una negativa de las autoridades electorales o del Congreso del Estado: el referéndum promovido por el PAN, el PT, el PVEM y varias organizaciones de la sociedad civil contra las reformas a la constitución y a la ley electoral hechas por PRI y el PRD arriba citadas. La iniciativa popular de ley para instituir el Tribunal Estatal de Cuentas promovida por el  Lic. Jaime García Chávez fue desdeñada por un congreso sometido al entonces gobernador Patricio Martínez. El intento vano de la ciudadanía de Aquiles Serdán para pedir una consulta revocatoria del mandato de su alcalde, por sus manifiestas corrupción e ineptitud.

El más reciente portazo en las narices fue el que el Instituto Estatal de Elecciones dio a la ciudadanía de Juárez. Mediante decisión autoritaria del alcalde Héctor Murguía Lardizábal y sus regidores incondicionales, el ayuntamiento de esta ciudad dedicó muchos millones de pesos a la dotación de infraestructura al puerto fronterizo de Jerónimo, llamado desde entonces por la población “Ciudad Vallina”. Indignados los juarenses por este desvío de fondos a favor de los más ricos, habiendo tantas carencias en las colonias populares, promovieron un referéndum para derogar la decisión del cabildo. Su solicitud fue rechazada por el Instituto Estatal de Elecciones en un fallo tan superficial y ajeno a la democracia como el que acaba de emitir el TEPJF al no invalidar la elección presidencial.

La actual Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas contiene cambios que harán más difícil que la ciudadanía se tope con pared en sus afanes participativos. Plantea cambios sustantivos a tres niveles: a la Constitución Política del Estado de Chihuahua y a nueve leyes secundarias y propone la citada ley que consta de 99 artículos. Busca generar un marco jurídico armónico en sus partes  y de fácil aplicación.

La propuesta tiene seis ejes rectores entre los que destacan: la participación ciudadana como un derecho humano,  de acuerdo a como lo señalan los organismos internacionales; un concepto claro e inequívoco de participación ciudadana, la vinculación entre participación ciudadana y rendición de cuentas, el control del ejercicio del poder como objetivo de ésta.
Entre los principales cambios que se introducen están el  de establecer el principio de participación ciudadana como una característica de la forma democrática de gobierno y como un derecho ciudadano en el estado de Chihuahua; establecer la obligación general del estado de promover la participación ciudadana;  el bajar el porcentaje de ciudadanos requerido para demandar la puesta en marcha de las figuras de referéndum, plebiscito, revocación del mandato e iniciativa ciudadana y facilitar el trámite.
También se establece  el referéndum o el plebiscito obligatorio para el Ejecutivo estatal, el Congreso del Estado y los Cabildos cuando se trate de leyes, obras o decisiones de trascendencia para la población. Garantiza, además, la ciudadanización de los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Estatal de Elecciones y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora conformados con cuotas partidarias. Maneja  principios muy importantes: el principio de máxima transparencia y máxima participación para la aplicación de los mecanismos previstos en la ley,  y de que todo ejercicio de autoridad debe estar sujeto a la evaluación ciudadana y a la rendición de cuentas.

No sólo sus principios son un aporte, también el catálogo de formas de participación que plantea deben poner en práctica los diversos niveles y órdenes de gobierno:  mecanismos de participación directa, sesiones de gobierno participativo, colaboración ciudadana, consulta ciudadana, comités de vecinos, cabildos abiertos, difusión pública, planeación participativa, contraloría ciudadana, quejas y denuncias, presupuesto participativo. Innova, además, al contemplar la participación vía medios electrónicos.
Esta excelente iniciativa que nace desde la ciudadanía no puede ser rechazada otra vez. Para esto es necesario que un número creciente de chihuahuenses la conozca, la discuta, la apoye. Es necesario que se difunda ampliamente, que se construya un amplio movimiento ciudadano de adhesión a ella. Que, tanto desde nuestras organizaciones como en lo individual vayamos conformando una masa crítica de ciudadanas y ciudadanos que acompañemos la presentación de esta iniciativa al Congreso de tal forma que si éste vuelve a negarse a impulsar la participación ciudadana, sea con un altísimo costo político y una gran ilegitimidad.