El poder judicial sin recursos para operar; Pero con creatividad para cumplir compromisos
Ernesto Avilés Mercado
Con la creación y puesta en marcha del Instituto de Justicia Alternativa, el Poder judicial avanza a pasos agigantados en la búsqueda de solucionar el grave problema de saturación de asuntos en los juzgados civiles y familiares.
Ante la negativa permanente por parte del Gobierno del Estado, para apoyar con recursos los nuevos proyectos que la ley establece para el Poder Judicial en materia de mediación, y cristalizar el proyecto de ley que se promulgó en la época que Patricio Martínez gobernara Chihuahua, el magistrado Presidente José Miguel Salcido acordó con el Instituto Estatal Electoral, mediante la figura de comodato, utilizar el edificio propiedad del ya desaparecido Instituto Estatal Electoral, para albergar estas oficinas y poner en marcha este proyecto que vendrá a despresurizar las funciones jurisdiccionales en tres ramas del derecho que diariamente saturan los juzgados, como son las materias civiles, familiares y mercantiles.
La mediación, está demostrando efectividad en otras entidades como Durango, donde se tienen varios años de implementación y ha generado que cientos de personas que presentan conflictos por cuestiones que no sean de alto impacto, puedan alcanzar mediante la presencia de un mediador, capacitado y profesional, una solución compartida y aceptada por las partes, que podrá ser protocolizada ante un notario o funcionario judicial, y que podrá tener efectos jurídicos importantes en un eventual juicio.
En materia civil, problemas de disputa de herencias, pago de rentas vencidas, en materia Familiar, las disputas entre parejas por cuestiones de irresponsabilidad en alguno de los cónyuges, reconocimiento de hijos, pensiones alimenticias, mientras que en materia mercantil, los famosos prestamos entre particulares, son parte del universo que podrá conocer este instituto, donde se excluyen solamente los delitos de alto impacto y los que se ventilen por la rama penal, donde también existe ya y funciona excelente la unidad de justicia alternativa.
La reducción de 200 MDP al presupuesto del Poder Judicial para el 2014, se ha traducido en una incapacidad manifiesta para llevar a cabo nuevos proyectos y abrir nuevas plazas en los juzgados penales, civiles y familiares para abatir los altos índices de rezago que se presentan, aunque en el rubro de capacitación, el extraordinario papel que ha desempeñado el doctor Octavio Carrete al frente del CEFORAJ, ha permitido que los funcionarios y agentes externos, puedan abrevar el conocimiento jurídico con las academias que cada fin de semana se programan.
En unos días iniciará actividades el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, como una respuesta del Poder Judicial para atender a los miles de personas que presentan problemas con el consumo de alcohol y drogas, que se encuentren sujetos a proceso.
Este proyecto que se inicia en Chihuahua, pero que entidades como Nuevo León, México y Morelos ya lo han venido trabajando desde hace tiempo, consiste en brindarle la oportunidad a quien se le conceda una suspensión del proceso a prueba, apoyado por el Tribunal de Garantías que coordina el Lic. Ricardo Márquez Torres, quien –por cierto- se cansó de ser feliz, al anunciar su matrimonio el próximo año, con la también profesional del derecho Viridiana Piñón.
De lo que se trata es que exista un real seguimiento al imputado, realizando visitas inesperadas a sus hogares para conocer de primera mano que se mantiene sobrio y alejado de drogas, para que pueda alcanzar su propósito de suspender su proceso.
Este proyecto que se estrena en Chihuahua, ya cuenta con 25 años vigente en los Estados Unidos, iniciándose en Miami, con resultados en verdad importantes.
LOS ESFUERZOS DE LA DEFENSORIA POR ALCANZAR SU AUTONOMÍA
Durante la pasada asamblea del Colegio de Abogados que presidente la Lic. Alba Flores Domínguez, se contó con la presencia del titular de la defensoría pública, el controvertido abogado Jorge Neaves Chacón.
De entrada dio a conocer que a su llegada redujo considerablemente la planta laboral, la cual incluía a personas sin título de abogados, ejerciendo actividades de defensor, otros más que jamás se habían parado por la oficina, pero que recibían puntualmente su salario depositado en sus cuentas y otros que solamente aterrizaban en quincena.
El punto principal que fijó Neaves, tuvo que ver con lo que contempla el proyecto de la nueva Ley Interna del Poder Judicial, donde se le menciona incorporado y como instituto.
En la misma asamblea se conoció que durante la presidencia del magistrado en retiro Ramírez Benítez, en una ocasión pretendió dar línea de conducta en la defensoría pública, lo que generó una reacción viril por su titular, y aunque los pormenores no se ventilaron, el resultado arrojado es que no se le permitió ningún tipo de injerencia.
Sobre la corrupción que se puede presentar con los 100 abogados que integran la defensoría pública, Neaves fue reiterativo en afirmar que es imposible hablar que no existe, aunque en los filtros que se tienen de manera permanente, se han detectado varios casos en los que hay señales de sospecha, como cuando el usuario se queja por un gasto que tuvo que hacer exigido por el defensor y después de investigar se comprueba que fue par la reparación del daño causado.
Sin embargo, también existen casos, como el coordinador de Defensores del Municipio de Parral, quien fue denunciado, y después de llevar a cabo una investigación, se puedo establecer con claridad que había incurrido en una conducta ilegal y que por lo tanto se le dio de baja y actualmente se encuentra sometido a un proceso penal.
Por otra parte, como ciudadano me gustaría presenciar que nuestros gobernantes asumieran una actitud de empatía con la ciudadanía, para que podamos ver los dos, desde la misma óptica, hechos que suceden en nuestro entorno, con un criterio ciertamente diferente, pero de realidad absoluta.
La reducción de los índices de violencia son reales, la paz ha vuelto a sentirse en tierras Chihuahuenses, sin embargo la violencia continúa presentándose diariamente y no como hechos aislados, sino como una cadena interminable de delitos de alto impacto que preocupa a los ciudadanos, y que desgraciadamente a nuestras autoridades las mantiene en una postura de negación permanente.
Algún día me gustaría escuchar que se solicita la cooperación de la ciudadanía para que juntos sociedad y gobierno podamos enfrentar este flagelo; que este último pueda reconocer que solo no ha podido erradicarlo; que solamente lo está controlando, pero que para reducirlo a su mínima expresión, necesita del apoyo de todos. Situación del todo difícil dado que una enorme soberbia gobierna hoy nuestro Estado.
Con la creación y puesta en marcha del Instituto de Justicia Alternativa, el Poder judicial avanza a pasos agigantados en la búsqueda de solucionar el grave problema de saturación de asuntos en los juzgados civiles y familiares.
Ante la negativa permanente por parte del Gobierno del Estado, para apoyar con recursos los nuevos proyectos que la ley establece para el Poder Judicial en materia de mediación, y cristalizar el proyecto de ley que se promulgó en la época que Patricio Martínez gobernara Chihuahua, el magistrado Presidente José Miguel Salcido acordó con el Instituto Estatal Electoral, mediante la figura de comodato, utilizar el edificio propiedad del ya desaparecido Instituto Estatal Electoral, para albergar estas oficinas y poner en marcha este proyecto que vendrá a despresurizar las funciones jurisdiccionales en tres ramas del derecho que diariamente saturan los juzgados, como son las materias civiles, familiares y mercantiles.
La mediación, está demostrando efectividad en otras entidades como Durango, donde se tienen varios años de implementación y ha generado que cientos de personas que presentan conflictos por cuestiones que no sean de alto impacto, puedan alcanzar mediante la presencia de un mediador, capacitado y profesional, una solución compartida y aceptada por las partes, que podrá ser protocolizada ante un notario o funcionario judicial, y que podrá tener efectos jurídicos importantes en un eventual juicio.
En materia civil, problemas de disputa de herencias, pago de rentas vencidas, en materia Familiar, las disputas entre parejas por cuestiones de irresponsabilidad en alguno de los cónyuges, reconocimiento de hijos, pensiones alimenticias, mientras que en materia mercantil, los famosos prestamos entre particulares, son parte del universo que podrá conocer este instituto, donde se excluyen solamente los delitos de alto impacto y los que se ventilen por la rama penal, donde también existe ya y funciona excelente la unidad de justicia alternativa.
La reducción de 200 MDP al presupuesto del Poder Judicial para el 2014, se ha traducido en una incapacidad manifiesta para llevar a cabo nuevos proyectos y abrir nuevas plazas en los juzgados penales, civiles y familiares para abatir los altos índices de rezago que se presentan, aunque en el rubro de capacitación, el extraordinario papel que ha desempeñado el doctor Octavio Carrete al frente del CEFORAJ, ha permitido que los funcionarios y agentes externos, puedan abrevar el conocimiento jurídico con las academias que cada fin de semana se programan.
En unos días iniciará actividades el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, como una respuesta del Poder Judicial para atender a los miles de personas que presentan problemas con el consumo de alcohol y drogas, que se encuentren sujetos a proceso.
Este proyecto que se inicia en Chihuahua, pero que entidades como Nuevo León, México y Morelos ya lo han venido trabajando desde hace tiempo, consiste en brindarle la oportunidad a quien se le conceda una suspensión del proceso a prueba, apoyado por el Tribunal de Garantías que coordina el Lic. Ricardo Márquez Torres, quien –por cierto- se cansó de ser feliz, al anunciar su matrimonio el próximo año, con la también profesional del derecho Viridiana Piñón.
De lo que se trata es que exista un real seguimiento al imputado, realizando visitas inesperadas a sus hogares para conocer de primera mano que se mantiene sobrio y alejado de drogas, para que pueda alcanzar su propósito de suspender su proceso.
Este proyecto que se estrena en Chihuahua, ya cuenta con 25 años vigente en los Estados Unidos, iniciándose en Miami, con resultados en verdad importantes.
LOS ESFUERZOS DE LA DEFENSORIA POR ALCANZAR SU AUTONOMÍA
Durante la pasada asamblea del Colegio de Abogados que presidente la Lic. Alba Flores Domínguez, se contó con la presencia del titular de la defensoría pública, el controvertido abogado Jorge Neaves Chacón.
De entrada dio a conocer que a su llegada redujo considerablemente la planta laboral, la cual incluía a personas sin título de abogados, ejerciendo actividades de defensor, otros más que jamás se habían parado por la oficina, pero que recibían puntualmente su salario depositado en sus cuentas y otros que solamente aterrizaban en quincena.
El punto principal que fijó Neaves, tuvo que ver con lo que contempla el proyecto de la nueva Ley Interna del Poder Judicial, donde se le menciona incorporado y como instituto.
En la misma asamblea se conoció que durante la presidencia del magistrado en retiro Ramírez Benítez, en una ocasión pretendió dar línea de conducta en la defensoría pública, lo que generó una reacción viril por su titular, y aunque los pormenores no se ventilaron, el resultado arrojado es que no se le permitió ningún tipo de injerencia.
Sobre la corrupción que se puede presentar con los 100 abogados que integran la defensoría pública, Neaves fue reiterativo en afirmar que es imposible hablar que no existe, aunque en los filtros que se tienen de manera permanente, se han detectado varios casos en los que hay señales de sospecha, como cuando el usuario se queja por un gasto que tuvo que hacer exigido por el defensor y después de investigar se comprueba que fue par la reparación del daño causado.
Sin embargo, también existen casos, como el coordinador de Defensores del Municipio de Parral, quien fue denunciado, y después de llevar a cabo una investigación, se puedo establecer con claridad que había incurrido en una conducta ilegal y que por lo tanto se le dio de baja y actualmente se encuentra sometido a un proceso penal.
Por otra parte, como ciudadano me gustaría presenciar que nuestros gobernantes asumieran una actitud de empatía con la ciudadanía, para que podamos ver los dos, desde la misma óptica, hechos que suceden en nuestro entorno, con un criterio ciertamente diferente, pero de realidad absoluta.
La reducción de los índices de violencia son reales, la paz ha vuelto a sentirse en tierras Chihuahuenses, sin embargo la violencia continúa presentándose diariamente y no como hechos aislados, sino como una cadena interminable de delitos de alto impacto que preocupa a los ciudadanos, y que desgraciadamente a nuestras autoridades las mantiene en una postura de negación permanente.
Algún día me gustaría escuchar que se solicita la cooperación de la ciudadanía para que juntos sociedad y gobierno podamos enfrentar este flagelo; que este último pueda reconocer que solo no ha podido erradicarlo; que solamente lo está controlando, pero que para reducirlo a su mínima expresión, necesita del apoyo de todos. Situación del todo difícil dado que una enorme soberbia gobierna hoy nuestro Estado.
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