Abogacía una profesión de riesgo

Ernesto Avilés Mercado/ El trabajo profesional del abogado litigante, se ha convertido desde hace tiempo, en una actividad de alto riesgo en Chihuahua, ya que en los últimos 10 años, 74 profesionales del derecho han perdido la vida en forma violenta, y tan solo 8 de estos homicidios, han sido resueltos por las autoridades.

El penúltimo de estos asesinatos, ocurrió el pasado 6 de Octubre, en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, alrededor de las 19:00 horas, perdiendo la vida Luis Ramón Hernández Garrido, un abogado litigante dedicado a su profesión, con quien diariamente nos encontrábamos en los juzgados civiles y penales, y jamás lo habíamos visto envuelto en situaciones de riesgo.

El pasado martes también, un importante grupo de abogados se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, para solicitar el esclarecimiento de este y los demás homicidios de los abogados que han sido asesinados y los responsables continúan de manera impune, caminando libremente por la ciudad.

Esta protesta, que es compartida por todo el gremio de abogados, y que aunque numerosas personas han criticado por el reducido número de participantes, -aseguraban que no se juntaron ni el número de fallecidos-, es importante señalar que por el horario de la marcha, el grueso de los litigantes se encontraba trabajando, además, la invitación fue cerrada, contrario a lo que se esperaba, porque es un propósito que nos es común a todos los abogados postulantes y burócratas; nadie está exento de un atentado, además, las autoridades deben darse cuenta de que a pesar de las diferencias que existen en el gremio, cuando existe comunidad de propósitos e identidad de metas, la unidad surge, y eso es precisamente lo que se alcanzó con la marcha, al margen de que cientos de abogados no estuvieron presentes como era su propósito.

El pertenecer a diversas organizaciones de abogados, no excluye la simpatía por las manifestaciones de protesta, ni debe verse como una acción aislada, pero sobre todo, no debe quedarse únicamente en estas expresiones; es importante que no se cierren los canales de comunicación con las organizaciones y las autoridades, porque las posturas radicales que se pudieran presentar, sólo retrasarían la correcta aplicación de la justicia.

Los abogados como parte del problema, también debemos buscar ser parte de la solución y no quedarnos solamente en la protesta airada y manifestación de un solo día.

La Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, organización gremial que a aglutina a 15 colegios y barras de diferentes partes del Estado, está planteando la integración de una mesa de trabajo con el resto de las organizaciones de abogados, para integrar conjuntamente con las autoridades correspondientes, un protocolo de seguridad para los operadores judiciales, donde por supuesto estén incluidos los abogados.

Se trata de apoyar de forma inmediata al abogado litigante que haya recibido algún atentado o amenaza, tanto en su persona como su familia, ofreciéndole rapida protección, pero además facilidades para que presente al mismo tiempo su denuncia, asegurando que prontamente las autoridades puedan iniciar con las investigaciones.

Existe desde el año 2011, una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para el Estado Mexicano, en el sentido de que se incorpore en su legislación federal, una ley que proteja a los operadores judiciales, que contempla desde los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio y muy especialmente a los abogados litigantes; esta recomendación se amplía a las legislaciones estatales, para ofrecer independencia y seguridad para todos los operadores judiciales.

 La recomendación para las autoridades judiciales de Chihuahua, es que no cierren las puertas al diálogo, que entiendan que las expresiones de protesta están debidamente fundadas ante la ausencia total de justicia y la enorme impunidad que se ha generado.

No se vale que ante la incapacidad para dar respuesta, por parte de las autoridades, cuando se presentan crímenes en contra de los abogados, se busque la salida fácil con expresiones difamatorias en contra del fallecido, al asegurar que traía la defensa de personas integrantes de bandas delincuenciales y que eso podría ser la causa.

La constitución Federal de la República y ahora los tratados Internacionales, establecen que toda persona tiene el derecho a ser representado por un abogado que además de contar con su cedula profesional, sea un técnico en la materia que representa, pero nada dice acerca de que por ese solo hecho, se puedan generar asociaciones, que eventualmente impliquen que el abogado sea cómplice de los actos u omisiones, presuntamente consideradas como delitos, que haya realizado su representado.

El abogado presta un servicio profesional, como los médicos, ingenieros u arquitectos y los mismos contadores y no por el solo hecho de que sus clientes sean personas de dudosa reputación, se puede calificar de cómplices a los profesionistas que se contratan.

Ojalá y estas manifestaciones de hartazgo y demanda de justicia, puedan servir de base para que a partir de éstas, las autoridades y las organizaciones de abogados en el Estado, puedan alcanzar acuerdos que permitan ofrecer espacios de apoyo para los abogados que enfrenten en el ejercicio de sus funciones, amenazas y atentados, que pongan en riesgo su vida y la de sus familias.