TRIBUNA CIUDADANA / CASO AEROSHOW A JUICIO PENAL

ERNESTO AVILÉS MERCADO

La vinculación a proceso de Javier Torres Cardona, no quiere decir, ni con mucho, que sea responsable de los delitos que lo acusan, ni tampoco que haya consigna en su contra por pertenecer al grupo político de Marco Adán Quezada; es la consecuencia jurídica de una serie concatenada de acciones y omisiones que generaron la pérdida de 9 vidas humanas, lesiones de por vida a otras, y puso al descubierto un entramado de irregularidades que le toca investigar a la autoridad penal.
El tema se presta a diversas interpretaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la cercanía de los procesos electorales y además con las diferencias de criterio de deuda, que han protagonizado, por un lado del responsable de las finanzas Estatales Jaime Herrera y el ex gobernador José Reyes Baeza Terrazas.
Sin embargo, el desarrollo de la audiencia ha sido de lo más interesante, desde el punto de vista jurídico, porque permitió en un plano de total igualdad, las participaciones tanto de la fiscalía como de la defensa, quienes presentaron sus argumentos tratando de desestimar los de la parte contraria.
El Ministerio Público solicito se vinculara a proceso penal a Javier Torres Cardona, por el probable delito de  ejercicio ilegal de la función pública, porque de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, se estableció que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
La vinculación a proceso que fue decretada por el juez Ricardo Márquez, se basó en la responsabilidad que ostentaba el ex subdirector de Gobernación Municipal, de velar por la seguridad de los asistentes a los eventos masivos, y la obligación que tenía de seguir las reglas administrativas de cobertura de requisitos, aunque en su defensa, se alegó que las reglas de operación había cambiado y la subdirección se encargada de otras cosas y no precisamente de la seguridad.
La teoría de la defensa parece consistente, aunque en el desarrollo de la etapa de investigación que se fijó en 8 meses, se tendrá oportunidad de adecuar las pruebas.
Entramos de lleno a una nueva etapa del Aero show, donde el Estado ejerciendo su autoridad, a través del Ministerio Público, presenta acusación formal a los responsables de la vigilancia y cobertura de formalidades preventivas que evidentemente no se cubrieron y fueron determinantes para la desgracia.
La dependencia de la Fiscalía hacia Poder Ejecutivo, puede considerarse como una señal inequívoca de que la orientación de la estructura del representante social, puede ser influenciada para que se dicte sentencia condenatoria, en caso de llegar hasta juicio oral.
Este criterio, no es equivocado, porque precisamente es la función del Ministerio Público, el realizar las investigaciones necesarias de un hecho que fue causante de decesos, lesiones y daños materiales cuantiosos, para presentarlo ante las autoridades judiciales demandando una sanción penal.
Sin embargo, sobre la influencia que se asegura es ejercida por el Gobernador del Estado para perjudicar a quien represente los intereses del único candidato que no es de su equipo, no tiene sustento, en virtud de que ése es el trabajo del MP y por lo tanto, el investigar y buscar culpables, proponiendo sanciones es precisamente su función principal.












Por otro lado, el juez de garantías Ricardo Márquez que conoce la causa, es el coordinador de todos ellos y cuenta con una capacidad demostrada de imparcialidad y buen juicio, por lo que no hay duda de que actuará en base a la actividad que desarrollen tanto la fiscalía por conducto del Ministerio Público, como la propia  defensa.
Se asegura que en breve se darán a conocer más personajes que eventualmente pueden ser llamados a comparecer en audiencias de imputación de delitos, que no quiere decir que sean culpables, sino que su participación  en acción u omisión, pudo haber tenido relevancia directa en la tragedia.
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL GENERA MUERTES
A raíz de las recientes trombas y abundantes lluvias, donde lamentablemente se han presentado dos fallecimientos que bien pudieron haberse evitado, se ha puesto en evidencia la gran corrupción que se tuvo en la presidencia Municipal de Chihuahua en pasadas administraciones, cuando se otorgaban permisos para construir viviendas en los márgenes de los arroyos, que tarde que temprano, el agua reclama como suyos, llevándose todo a su paso, poniendo al descubierto que prevaleció el interés personal y de grupo, por el de la ciudadanía en general.
Caso semejante se presentó en el asunto de Aero show, donde por funcionarios de nivel medio, -en una revisión somera y pragmática-, por no cumplir con sus responsabilidades, dieron margen a que se presentara la tragedia que enlutó a 9 familias, tienen ahora en grave riesgo a quien encabezara la alcaldía y depositara su confianza plenamente en esta estructura humana, pueda ser vinculado a proceso penal y con ello, ver alejadas sus pretensiones legítimas de encabezar una candidatura al gobierno del Estado, una vez que Cesar Duarte termine su administración.
INAMOVILIDAD Y RECONTRATACION DE EX FUNCIONARIOS
TEMAS PARA ANALIZARSE EN EL PODER JUDICIAL
Uno de los reclamos más sentidos del grueso del Poder Judicial, integrado por secretarios, proyectistas, actuarios y demás personal de tropa, es el relacionado con la ocupación de personajes que alcanzando su retiro, por medio de pensión, edad o años de servicio, son recontratados como asesores u ocupando otros cargos de gran responsabilidad, obteniendo dos sueldos del mismo poder, pero sobre todo, quitándole el espacio a quien viene detrás, esperando se abra un espacio para ocuparlo, en base a capacidad, lealtad, capacidad y honradez.
Aunque en el proyecto de la nueva ley orgánica del Poder Judicial no se contempla nada al respecto, el magistrado presidente, sabe y entiende este clamor, porque además de haber sido litigante, conoce las entrañas del Poder y está comprometido a modernizarlo, para que responda a las demandas legítimas de justicia para los justiciables y para el propio personal judicial