Conflicto de interés

Valentín Ramírez Llanes

Un conflicto, sin necesidad de recurrir a la Real Academia de la Lengua Española, sino al significado cotidiano que le da el común de las personas, no es otra cosa que incurrir en una dificultad y complicación que se da entre lo que a propósito es el cumplimiento de una función pública, y el abuso de una posición de poder político, que por su naturaleza pone en peligro la honestidad y credibilidad de una de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones en favor de la sociedad en su conjunto.

Un conflicto, si hablamos de la función pública, es un complicado apuro que puede ocasionar tropiezo y contrariedad al momento de ejercer la tarea de administrar los recursos públicos, luego de ejercer el poder desmedido, ambicioso, que puede desembocar en un delito que debe ser castigado severamente al caer en la oscuridad de la profunda noria de la corrupción.

Si hablamos de interés, no podemos dejar de considerar que este término conlleva en su significante niveles de utilidad, un rendimiento de las posibilidades de negociar desde su posición de poder que permita sacar provecho y beneficio personal, familiar o de grupo, que deje finalmente su cuota atractiva de ganancia, derivada de una actitud codiciosa y avara, en abuso de los privilegios de administrar el poder político.

El conflicto de intereses, así en plural, porque es mas de uno los involucrados en este asunto de sobra conocido, obedece a una condición donde la posición de un individuo, en relación con su interés primario como servidor público y la integridad de las acciones que debe realizar para servir a la sociedad que lo eligió, sucumben ante acciones que reflejan un interés secundario, provocado por influencia indebida, producto de la ambición y la codicia de tipo generalmente económico y/o personal, que lleva a negociar con el tráfico de influencias.

Existe conflicto de interés, cuando en el ejercicio de las labores dentro de una institución o gobierno, sobreviene una contraposición entre el interés propio y el institucional que desemboca en acciones inadecuadas que se pueden calificar como un conflicto de interés, que llevan indefectiblemente a la rúa de la corrupción en el servicio público.

Con estos antecedentes, y luego de haber sido testigos del mamotreto de exposición que hizo el “monigote” de la Secretaría de la Función Pública, Virgilo Andrade, subalterno de Peña Nieto -además nombrado por él mismo- y amigo personal desde el colegio de Luis Videgaray, en actitud de perdona vidas, exagerada y ridículamente investido de juez de sus patrones, daba a conocer un resultado increíble, que simple y llanamente señalaba que no había delito que perseguir.

Lo anterior, contradice lo expresado en la ley de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala que: un servidor público debe “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Y claro, ni Peña Nieto, ni Luis Videgaray, ni la Gaviota, esposa del presidente, luego de comprobarse la compra de la Casa Blanca y Malinalco, producto de negociación y tráfico de influencias al amparo de su función como servidores públicos, caen en responsabilidades administrativas, luego de que una periodistas instigadora se encargó de dar a conocer el conflicto descubierto a través de sus comentarios y su critica apegada a una investigación formal, que finalmente le costó su trabajo en empresa de comunicación de triste memoria.

Todo mundo duda y reprueba al secretario Virgilio Andrade, el principito del señor de los anillos y el poder, quien después de seis meses de sigiloso y acucioso e intenso trabajo de investigación, pero sin tomar en cuenta un supuesto "panel de expertos" que le diera autonomía a la investigación, realizó una indagatoria amistosa, según esto exhaustiva, que dio a conocer en púbicamente, flanqueado por sesudos acompañantes, -no los del panel aludido- con indicios de que se había revisado minuciosamente, para finalmente concluir que tanto EPN como Videgaray, estaban exonerados de los casos de las Casa Blanca y Malinalco, al grado de que después del informe de la Función Pública, el presidente de la república pudo descansar su conciencia y se armó de valor para pedir disculpas a los cuatro vientos, en clara connotación de que a confesión de parte, relevo de prueba. No soy culpable, dice EPN, pero de todos modos pido disculpas. ¿De qué?

Andrade tardó casi dos horas en rendir un informe aburrido del que daban muestra sus impacientes acompañantes que fruncían el ceño en momentos de la ridícula exposición de su juvenil jefe, que así preparaba el terreno para limpiar el tema de las casas y tener listo el escenario para el tercer informe presidencial.

En fin, como se dice comúnmente: nada es verdad, nada es mentira, todo es del color con el cristal con que se mira, y en este caso el cristal dejaba ver un color ámbar perverso que impedía la transparencia, adosado con una grisáceo oscuro, por el desbarre cínico de los protagonistas de este conflicto de intereses y sus investigadores.

No ha duda, carecemos de instrumentos para que la aplicación de la justicia llegue a todos los niveles de gobierno, menos a los mas altos.

Así somos, así estamos.