El Vive Bus con cáncer y Marco Adán en lucha

Ernesto Avilés Mercado

El problema causado a los usuarios del transporte urbano, por el paro de los choferes y demás integrantes de la Coordinadora de Transporte Colectivo, por incumplimiento en el pago de obligaciones ante el INFONAVIT, es solamente un episodio más de la crisis en la que se encuentra la organización del transporte desde su propio nacimiento.
La paralización que se vivió a principios de semana, en miles de negocios y centros de trabajo, por la inasistencia de centenares de empleados, que perdieron sus bonos de puntualidad y asistencia y que se traduce en menos ingresos a sus familias, es una afectación directa que nadie se va a hacer cargo, y como siempre pasa, los usuarios son los que pagan las consecuencias.
Desde temprana hora, la solidaridad de decenas de personas que aprovechaban espacios vacíos en sus automóviles particulares, para auxiliar a las personas que inútilmente esperaban la llegada del transporte para dirigirse a sus labores, es una demostración del compromiso social que existe de la gente para con la gente.
La solución al problema del Transporte Colectivo, es un tema que la ciudadanía espera que el Gobierno resuelva de manera definitiva, con acciones radicales y no solamente con soluciones temporales, porque es un problema que estalla cuando se les ocurre a los choferes, cuando la CTC deja de pagar los compromisos laborales o se presentan conflictos sindicales, de los cuales, los usuarios no tienen culpa alguna.
La conducta irresponsable de los funcionarios estatales que en un principio se hicieron cargo de la organización del transporte, han generado hoy los conflictos que se presentan, por el desconocimiento que se tenía de la forma en que opera el transporte colectivo y la razón es muy sencilla: ellos jamás se han subido, ni se subirán a un camión de transporte urbano y este desconocimiento fue la razón principal de su actuar, porque no se puede organizar aquello que no se conoce, no se puede reglamentar lo que se ignora, pero sobre todo, cuando esta conducta la realiza un funcionario público y como consecuencia se afecta de manera directa la economía de las familias, se debe sancionar a estos funcionarios, tanto por la incapacidad para realizar sus funciones, como por la corrupción que implica el desconocer los alcances de su actuar. Maurilio Ochoa, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, es a quien le toca ahora enfrentar el monstruo del transporte, mientras que los responsables iniciales, se les premia con otros cargos.
El Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno,  deben rescatar las concesiones del transporte y otorgárselas a quienes garanticen la efectividad del servicio; a los miles de usuarios y a la ciudadanía en general, no les interesa a cual sindicato u organización se afecte o beneficie, con tal de que este servicio no vuelva a suspenderse; es fácil hacer declaraciones públicas de los hechos ocurridos, cuando se tiene garantizado un salario quincenal que no se afecta cuando se incumple con su responsabilidad; pero es una acción corrupta e irresponsable, el afectar a los miles de personas que diariamente requieren del servicio del transporte para dirigirse a sus centros de trabajo y que por la culpa de estos funcionarios, recibirán recortados sus ingresos, afectando a su familia y de esto, como siempre pasa, nadie del Gobierno resulta afectado, mientras que también como siempre, los usuarios son quienes al final tenemos que pagar los errores de los funcionarios.
Marco Adán Quezada y su lucha por la candidatura
Las acciones que iniciaron Marco Adán y los miles de personas que simpatizan con su posible candidatura al Gobierno del Estado, están generando ya un serio conflicto al interior de las organizaciones políticas, no solo en Chihuahua, sino también a nivel nacional.
Una recomendación de la CNDH, puede aceptarse o no; pero la negativa tendrá que ser explicada ante el Senador de la República o ante la legislatura local, según corresponda.
La recomendación que se hace al Ejecutivo Estatal, establece que:
ÚNICA. Gire las instrucciones que correspondan para que el fiscal que conoce de la causa penal 1, pueda tomar en cuenta las observaciones señaladas en la presente recomendación y considere la pertinencia de vincular a proceso a la totalidad de servidores públicos que participaron en los hechos y que incurrieron en omisiones e irregularidades probablemente constitutivas de delito, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.
Por su parte, el congreso del Estado recibió también su recomendación, donde se menciona que:
ÚNICA. Se colabore ampliamente con este organismo nacional, para que en atención a las observaciones de la presente recomendación de las cuales se desprenden irregularidades tanto en lo referente a las medidas de protección civil y seguridad, como al manejo de recursos públicos, se lleve a cabo la investigación correspondiente en términos de su competencia legal, a efecto de instaurar los procedimientos correspondientes a los servidores públicos que participaron en los hechos, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.
El comportamiento que ha presentado la Auditoria Superior del Congreso, a decir por las expresiones de varios de los legisladores integrantes de la presente legislatura, han sido determinantes para que los alcances que pudiera haber tenido la recomendación respecto de coartar las pretensiones de Marco Adán Quezada, se haya visto limitadas, de tal forma que prácticamente su personas deberá salir tan bien librado, que le alcanzaría para participar en la contienda electoral interna de su partido teniendo que competir con el alcalde de Juárez Enrique Serrano Escobar y la Senadora Graciela Ortiz