Reformitis o la moda de los parches legislativos y el chantaje político


Gerardo Cortinas Murra

Con la suscripción del ‘Pacto por México’ se pretende implementar una política legislativa a largo plazo, sustentada en el consenso de las tres principales fuerzas políticas del país.
Su principal promotor ha reiterado que “las reformas que el país necesita no pueden salir adelante sin un acuerdo ampliamente mayoritario... Necesitamos concentrar nuestras acciones en culminar la transición democrática y orientarla hacia las metas de bienestar social, libertad personal y seguridad a las que siempre hemos aspirado”.
En lo que respecta al sistema electoral, la acción legislativa sería en el sentido de “crear un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto… y para que los procesos electorales sean más baratos y más transparentes”. Para tal efecto, se promueven las siguientes acciones legislativas: a) Aprobar una Ley General de Partidos; b) Impulsar una amplia reforma electoral; y c) La creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.
 A simple vista, amable lector, el proyecto legislativo pareciera ser vasto y profundo. Por desgracia, un riguroso análisis del Pacto deja entrever que se está en presencia de una estrategia legislativa netamente electorera, miope y coyuntural. Lo anterior es así, toda vez que los asuntos a legislar no resuelven, en nada, la inercia e irresponsabilidad política que ha caracterizado a nuestro país, en los últimos sexenios del Gobierno federal.
 Así, por ejemplo, en el Pacto se omite incorporar diversos aspectos que permitan hablar de una verdadera reforma política: a) Una significativa reducción de los integrantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión; b) La ampliación del porcentaje de votación mínimo para que los partidos políticos accedan al financiamiento público; y c) Una real reestructuración del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, en la que se otorgue plena participación a los ciudadanos durante todo el procedimiento sancionatorio.
 Por lo tanto, la propuesta de reforma electoral planteada por el PAN -utilizada como estrategia de chantaje político- deja mucho qué desear con respecto al “paquete integral de Reforma Política” presentado en enero del 2010 por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón. Y en la cual se incluían los siguientes tópicos:
 a) Establecer la elección consecutiva de los Alcaldes, miembros de los Ayuntamientos y legisladores federales, en periodos de hasta de 12 años; b) Reducir el número de integrantes en el Congreso de la Unión; en el Senado, eliminando los 32 escaños que son electos de una lista nacional, para un total de 96; y la Cámara de Diputados, reducirla de 500 a 400 diputados: 240 de mayoría relativa y 160 de representación proporcional.
 c) Aumentar el mínimo de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y acceda al financiamiento público: Se pasaría del 2% a un 4% de la votación; y d) Ampliar los derechos de los ciudadanos, incorporando -a nivel constitucional- la figura de las candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular.
 Por desgracia, en nuestro país el chantaje político es una práctica añeja. Recordemos que en aquella ocasión la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, sintetizó la postura de su partido con la siguiente frase: “Las candidaturas independientes no pasarán, debido a la influencia acrecentada de los poderes fácticos y al inusitado hiperactivismo de los grupos de ultraderecha”.
Tres años y medio después de la iniciativa de Felipe Calderón, el PAN presenta ante la Cámara de Senadores una nueva versión de ‘Reforma Electoral’, y que “conforme a los compromisos del 'Adéndum del Pacto por México’, deberá ser discutida y aprobada antes de la Reforma Energética”. Es decir, se condiciona la aprobación de una reforma para otorgar el aval a otra. Chantaje vil.
 En lo que respecta al PRD, el otro actor en la toma de decisiones dentro del ‘Pacto por México’, su papel dista mucho de ser un tercero en discordia que atempere la mísera actuación del resto de los partidos políticos. Hoy en día, gracias a la perversidad y actitud servil de su actual dirigente nacional, se ha convertido en el nuevo ‘judas electoral’, que se vende al mejor postor con tal de preservar sus prerrogativas electorales.

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