Seudo-democracia

Gerardo Cortinas Murra

La polémica sobre uno de los tópicos de la reforma política que habrá de ser aprobada en las próximas semanas, la creación de un órgano ‘nacional’ encargado de organizar todos los procesos electorales federales, estatales y municipales, se ha polarizado con la intervención de varios actores políticos que “defienden” a ultranza el principio de la soberanía de las entidades federativas.
Esta propuesta surge en el seno de las negociaciones preliminares del ‘Pacto por México’, con la finalidad de “imprimir a los comicios locales el mismo grado de legalidad y certeza que le da el IFE a las elecciones federales”; es decir, los dirigentes partidistas nacionales asumen, a priori, que los organismos electorales locales son incapaces para garantizar elecciones libres y equitativas.
Recordemos que entre las principales propuestas del proyecto de reforma panista, está la conformación de un nuevo sistema electoral para el país, con un Instituto Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral y la legislación única en esta materia, con el propósito de “quitar la injerencia de los gobernadores en los institutos locales, sobre todo en aquellos estados donde no ha habido alternancia y supone el ahorro de recursos en aquellas funciones que hoy se duplican por el IFE y por esos organismos electorales”.
Al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el líder nacional del PAN emplazó a Enrique Peña Nieto para que aceptara la creación del INE para poder apoyar su reforma energética. Poco después, a principios de octubre, el gobierno federal y las dirigencias nacionales del PAN, PRD y PRI concretaron un acuerdo en el seno del Consejo Rector del ‘Pacto por México’: crear el INE, desaparecer los institutos y tribunales locales, elaborar una legislación electoral única y diseñar una Ley General de Partidos.
Sin embargo, el debate en torno al INE ha generado una corriente de opinión adversa que se ha sumado a la autodefensa de los presidentes de los Institutos y Tribunales electorales locales: reconocidos académicos, exconsejeros y exmagistrados electorales, legisladores, algunos gobernadores (entre los que destacan los del Estado de México e Hidalgo, Eruviel Ávila y Francisco Olvera, respectivamente) no están de acuerdo con esta reforma electoral.
Adicionalmente ha surgido una postura ecléctica: crear el INE para cumplir con el Pacto, pero mantener los institutos locales. La propuesta de coexistencia de órganos electorales federales y locales, “prevé convertir al IFE en INE pero descarta la elaboración de una legislación única y sólo prevé atribuirle a la nueva autoridad electoral la facultad de nombrar a los consejeros locales a través del Servicio Profesional Electoral”.
Lamentablemente, la confrontación de estas dos posturas antagónicas ignoran que los procesos electorales tan sólo acatan el principio republicano de gobierno: lograr la renovación periódica y pacífica de nuestros gobernantes. Por lo cual, a mi parecer, resulta intrascendente la cuestión de si el órgano electoral es federal o local.
En efecto, y con total independencia de la supuesta “autonomía constitucional” de los órganos electorales, aún subyace y sobrevive el cáncer político que les dio origen: la desconfianza entre los actores políticos. Luego, si no hemos sido capaces de superar la añeja desconfianza nacional, ¿qué importa si el órgano electoral es federal o local?
Esta cuestión es de suma importancia, toda vez que la corriente ‘garantista’ ha venido a subvertir el orden jurídico en México. Por lo tanto, una legislación única en materia electoral ya no sería una cosa del otro mundo, ya que en los próximos meses nuestro país tendrá diversas legislaciones “unificadoras” en otras ramas del derecho, como lo son la codificación penal nacional y la homologación de las dependencias registrales locales.
En consecuencia, resulta evidente que la discusión de cuestión de fondo brilla por su ausencia. La tendencia reformatoria debería ser en el sentido de profesionalizar los órganos electorales locales y no desaparecerlos, sino más bien, de integrar a los institutos electorales a la administración pública, y a los tribunales electorales a la administración de justicia.
Ya que resulta incomprensible que los actores políticos confundan la labor de los órganos electorales, con las catastróficas consecuencias del sistema electoral mexicano: ¿Qué diablos tienen que ver los resultados electorales con la asunción de presidentes, gobernadores y legisladores corruptos?