Ayotzinapa y la tortura

Jaime García Chávez

Como suele suceder, la evidencia nos llegó de fuera. Se puso al descubierto la tortura practicada, entre otros, por Carlos Gómez Arrieta contra Carlos Canto Salgado. En realidad los agentes oficiales representan en esta tragedia al gobierno, al Estado. 

Siglos y siglos de condena a la tortura y no se va de México, al contrario, se le practica, solapa, protege como un mecanismo de construir una justicia de ficción, aterradora. No me cabe duda, la tortura está en todas partes. 

Carlos Gómez Arrieta, después de que la evidencia lo marcó de manera inobjetable, tuvo que dejar su cargo público en el gobierno perredista de Michoacán. Matan en un lado, torturan en otro y luego les dan abrigo en las estructuras mismas de gobiernos de opereta, que sólo de los dientes para afuera están comprometidos con los derechos humanos. 

Al torturador, además, lo mancha el doloroso y aún no esclarecido caso Ayotzinapa, que estremeció al país. Ahora se abre una polémica de las múltiples responsabilidades que afectarán a las instituciones, en particular las que se destacan por preconizar y proteger los derechos humanos. 

En este marco conviene tener en cuenta lo que ha fijado como posición la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México a través de su representante Jan Jarab, de cuyo comunicado oficial tomo estos párrafos: 

“El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso. Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra del Sr. Canto y, a pesar de ello, no actuaron debidamente. Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”.

“Ante esta nueva evidencia, la ONU-DH reitera su llamado al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del informe “Doble Injusticia”. De igual forma, la ONU-DH insta al Estado a implementar medidas de protección para el Sr. Canto, sus familiares y su abogado defensor”.

“La ONU-DH destaca que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción. A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos”.

“En cuanto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la ONU-DH hace un llamado a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar en definitiva la denominada “verdad histórica”, misma que fue sostenida indebidamente por la anterior administración y ha sido desacreditada por investigaciones serias e independientes, y a excluir las pruebas obtenidas mediante tortura u otras formas ilícitas, así como aquella información generada por otras instituciones públicas que no abonan a la verdad y la justicia. Para lo anterior, es fundamental que se designe a un Fiscal Especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables”.

“Finalmente, la ONU-DH reitera que seguirá proveyendo asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base del acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet”.