La delincuencia organizada en Chínipas y el vínculo al crimen de Miroslava Breach

Los presuntos asesinos de la periodista Miroslava Breach Velducea llegaron de Chínipas para cometer el atraco, de acuerdo con la principal línea de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado.

En ese municipio, la actividad delictiva la controla el grupo de Los Salazar, del cártel de Sinaloa, con la complicidad histórica de las autoridades.

En la escena del crimen, el o los agresores dejaron una cartulina con un mensaje dirigido al gobernador Javier Corral Jurado y firmada por el líder del grupo delictivo La Línea en parte de la zona noroeste, Carlos Arturo Quintana “El 80”, quien supuestamente se atribuye el homicidio.

Siete días después, apareció otra manta en la colonia Campesina de la ciudad de Chihuahua, también firmada por el mismo personaje, en la que amenazaban a Corral y a los periodistas: “Esto es para que estés enterado ‘Corral si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos, querías guerra pues ya la tienes’ estoy agarrado de alguien más poderoso y también a esos osicones periodistas no se metan en lo que no les importa y en una guerra que no van a ganar porque los voy a matar a todos a la verga, Atte El 80”.

El martes pasado, asesinaron a Gabriel Federico Ochoa Cárdenas, de 56 años, en una vivienda de la colonia Junta de los Ríos. Su muerte causó mayor relevancia porque también dejaron una cartulina: “Este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha. Esto es la prueba que no queremos marranos haciendo injusticia”.

Pablo Ernesto Rocha Acosta fue director de la Policía Estatal Única en el sexenio del exgobernador prófugo de la justicia, César Horacio Duarte Jáquez. Carlos Arturo Quintana es señalado como el líder de La Línea en los municipios de Bachíniva, Namiquipa, Gómez Farías y Buenaventura y en el proceso electoral pasado, su suegra, Silvia Mariscal Estrada, fue impuesta como precandidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Bachíniva.

Finalmente el PRI suplió a Mariscal Estrada junto con su planilla por otra candidata y lo mismo pasó con el precandidato de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de Adán Salazar Zamorano “Don Adán”, quien presuntamente lideraba la célula criminal Los Salazar y quien se encuentra preso en un penal de máxima seguridad desde el 2011 porque era uno de los objetivos más buscados de la DEA y de la PGR.

Los nombres de los precandidatos priistas que contendían para alcaldías de municipios gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), fueron evidenciados por reportajes de medios nacionales, incluida La Jornada, bajo la autoría de Miroslava Breach.

Una vez que salió la luz pública esa información en marzo del año pasado, las amenazas desde Chínipas llegaron a través de la periodista, ante el enojo de Los Salazar. El tono subió en diferentes ocasiones en las que Miroslava Breach recibió llamadas amenazantes.

De manera paralela, hubo intentos de funcionarios del Comité Directivo Estatal del PAN para obtener información sobre sus fuentes y de otra compañera que delataran al candidato de Los Salazar para deslindar al exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shulz Alcaraz.

Miroslava Breach también era colaboradora del periódico Norte, en donde escribía la columna política Don Mirone. El 25 de noviembre pasado, la periodista chihuahuense denunció que el exalcalde de Chínipas intentó obtener una posición en la Secretaría de Educación y Deporte del gobierno de Corral, para hacerla compatible con su plaza de profesor, pero le fue negada.

Denunció: “El exalcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la Presidencia Municipal. Solo cuando los medios de comunicación nacionales hicieron público tal despropósito, la dirigencia estatal priista sustituyó esa candidatura junto con la de Namiquipa. Esa información fue uno de los temas de campaña electoral de Corral, pero los datos nunca le llegaron de su supuesto correligionario de partido”.

“El 80”, distractor

A partir de los primeros días de marzo pasado, aparecieron por lo menos tres mantas en diferentes puntos de la ciudad de Chihuahua, en las que supuestos ciudadanos de los municipios de Namiquipa y Guachochi exigían a Corral que actuara contra “El 80”, porque de otra manera, ellos tomarían justicia por su cuenta.

Una de esas mantas decía:

“Señor gobernador, nosotros la comunidad de Guachochi esperamos su respuesta con las sierras vecinas, también nos unimos a nuestros amigos pues con estas palabras hacemos sentir todo el dolor y la impotencia que vivimos siendo robados, extorsionados, y mucha de nuestra gente también a sido asesinada y desaparecida por no pagar sus cuotas a un grupo criminal y liderado por Malquiades Diaz Meza aqui lo apodan el 13, hermano de carlos Díaz Meza el 5, los apodan Los Chapos Calin, ellos están acabando con nuestra comunidad y comunidades vecinas, necesitamos de su ayuda señor gobernador por piedad mande a los marinos en el Ejercito no confiamos sabemos que a ellos los apoya el Coronel Javier Ojeda se la ha visto con ellos y se apoyan de Ruperto Salgueiro Nevarez de San Francisco de los Salgueiros, ayudenos nosotros somos nativos de aqui de trabajo bien y nos quitan todo no sea esto en vano, porque hasta por denunciar así corremos peligro pero ya no podemos, mas de cien muertos y desaparecidos en tan poco tiempo es demasiado señor gobernador no olvide creemos en la marina puede hacer algo, todo esta en usted y esperamos y haga lo correcto confiamos en usted gracias”.

Las mantas estaban escritas con letra legible, tanto la que apareció en el cuerpo de Miroslava, como en el cuerpo de Gabriel Federico Ochoa y en la que amenazaban con terminar con todos los periodistas de Chihuahua.

Llamó la atención que supuestamente “El 80” se adjudicó el asesinato de la corresponsal de La Jornada y de Gabriel Ochoa, quien tenía 56 años, era instructor de policía y originario de Nuevo Casas Grande, de acuerdo con su hermano Mario Ochoa, quien exigió que se aclare también ese homicidio para deslindarlo del crimen contra la periodista.

Mario Ochoa detalló que su hermano tenía lesionada una de las piernas, era introvertido y una persona que se dedicaba a apoyar a los demás por lo que dice que es imposible que hubiera cometido ese crimen.

En ese contexto, compañeros de Ochoa especulan que quienes lo asesinaron pretenden hacerlo un chivo expiatorio y el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer este viernes que investigan la procedencia del arma con la que fue asesinado, ya que presuntamente es con la misma que asesinaron a Miroslava Breach.

Según fuentes internas de la dependencia estatal, sí se trata de la misma arma, por lo que consideran que el asesinato de Gabriel Ochoa es una escena montada para distraer el caso.

Peniche Espejel advirtió que no permitirán distractores en la investigación, puesto que ésta se encuentra muy avanzada y están a punto de solicitar las órdenes de aprehensión.

“Junto a su cuerpo, se localizaron un arma de fuego y una cartulina, con un mensaje en donde se refiere que este sujeto es quien asesinó a la periodista (…) esta representación social trabaja para asegurar la verdad de los hechos en los dos acontecimientos, por lo que se revisa ello y otras evidencias para garantizar que no habrá conclusiones anticipadas”, informó la FGE.

El fiscal enfatizó que en el avance de las investigaciones y cualquier evidencia que surja, deberá tener coincidencia y congruencia con la integración de lo que llevan avanzado.

“Seremos escrupulosos en este tipo de sucesos para evitar distractores que pudieran pretender desviar las investigaciones respecto de los culpables”, agregó Peniche.

Gabriel Ochoa fue asesinado un día después de que el gobernador anunció en rueda de prensa en Ciudad Juárez, que tienen identificados a los autores materiales e intelectuales, así como a los copartícipes.

Las evidencias

En el video captado por las cámaras instaladas en la escena del crimen contra Miroslava Breach, se observa a un hombre caminando con una sudadera verde y gorra azul, que se aproxima al lugar del homicidio. El agresor lleva una cartulina en la que posteriormente se conocería el mensaje firmado supuestamente por el líder del grupo delictivo La Línea, en parte de la región noroeste, Carlos Arturo Quintana “El 80”, en la que amenaza al gobernador Javier Corral Jurado y se atribuye el homicidio.

Desde otra cámara, se observa el vehículo Malibú color plata, modelo 2008 y en un fragmento el reflejo del sol permite ver claramente el rostro del individuo. En ese vehículo huyó el pistolero que se observa con la cartulina.

Con el rastreo del automóvil dieron con la vivienda de uno de los perpetradores, la cual fue cateada por agentes especializados estatales y federales, quienes aseguraron audios guardados en una computadora de la vivienda de la colonia Revolución.

El cateo fue encabezado por el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, y el gobernador, Javier Corral Jurado.

Una de las personas que habitaba esa vivienda, a quien aún no detienen, está identificada como el hombre que conducía el vehículo y presuntamente es de la familia Salazar de Chínipas.

Los actores identificados con el crimen, son originarios de Chínipas, presuntamente pertenecen a un grupo contrario de “El 80” y en ese sentido, se presume que este personaje ha sido utilizado como un distractor en la investigación de este y otros crímenes.

Los peritos que participaron en el cateo, tomaron muestras de las huellas dactilares para corroborar que se trata de la misma persona, y las evidencias fueron trasladadas a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Con base en esas pruebas, las autoridades solicitaron órdenes de aprehensión que fueron libradas por un juez de Control.

También se conoce que las llamadas telefónicas en las que amenazaban a quienes revelaron el tema de los narcocandidatos iniciaron hace un año y, de acuerdo con la investigación, continuaron de manera esporádica, hasta unos días antes de que asesinaran a Breach Velducea.

Javier Corral dio a conocer desde el primer día, que la investigación del homicidio de la periodista apunta hacia sus trabajos periodísticos en los que denunció nexos del narcotráfico con políticos.

El gobernador asentó que Breach era una periodista muy profesional, quien documentaba e investigaba muy bien sus trabajos y que se especializó en uno de los “filones” más riesgosos y peligrosos para el ejercicio periodístico: los vínculos del narcotráfico con la política.

Destacó que investigar la corrupción política es un riesgo para los periodistas y otro riesgo es investigar al narcotráfico, pero cuando se conjugan ambos temas en las indagatorias de un periodista, el riesgo es exponencial, por lo que esa línea y las evidencias recabadas son la principal línea en la investigación del homicidio.

Corral refirió que Miroslava Breach comenzó a publicar ese tema durante el proceso electoral pasado, cuando ella y otros compañeros investigaron a los precandidatos a alcaldías y terminaron derrumbando algunas candidaturas del PRI en algunos municipios del estado.

“Tuvieron que cambiar no solamente al candidato a la presidencia municipal, que hubiera sido lo de menos para el partido, tuvieron que recomponer las planillas e incluso el aparato de gobierno”.

Denuncias ante el Mecanismo federal

El pasado 12 de octubre, ante integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miroslava Breach mencionó las amenazas que habían recibido ella y otra compañera, por trabajos relacionados con narcocandidatos durante el proceso electoral pasado.

La periodista no participaba en foros de periodistas, su estilo era otro. Sin embargo, ese día decidió acudir y comentó el caso de amenazas, derivadas de la investigación publicada en marzo.

La minuta de la mesa de periodistas dice, entre otras situaciones:

“Se reitera y aparecen nuevas amenazas directas contra el ejercicio, vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas que realizaban principalmente la cobertura sobre el crimen organizado, corrupción y noticias de investigaciones asociadas a derechos humanos (…) También persisten las prácticas de estigmatización y señalamientos de periodistas y la vulnerabilidad de su ejercicio frente a la ausencia de un marco legal de protección”.

Sobre la cobertura del crimen organizado y de derechos humanos, agrega:

“Se reciben amenazas directas, por terceros, de manera oral y por vía telefónica, debido a la cobertura de noticias e investigaciones sobre el crimen organizado y la corrupción. El crimen organizado reacciona a una nota periodística de manera inmediata (…) (la cobertura de derechos humanos) afecta a un grupo de periodistas visibles y reconocidos por cubrir estos temas que no están frecuentemente en la agenda de los medios de comunicación. Generalmente se trata de corresponsales que lo manejan como tema de cobertura”.

Asimismo, advirtieron en esa mesa sobre el riesgo por el cambio del Poder Ejecutivo:

“Aunque este riesgo es coyuntural y transitorio puede ocasionar graves afectaciones dirigidas principalmente por grupos de ultraderecha en el estado, contra periodistas que han hecho visibles las prácticas ilegales que involucran al gobierno saliente. Se trata de denuncia de redes de corrupción entre empresarios, funcionarios y el crimen organizado. Que no haya continuidad en el gobierno no significa que desista de seguir produciendo amenazas e intimidaciones, incluso cabe la posibilidad de que estas se incrementen mientras se realiza el reacomodo de poderes e intereses”.

Esa minuta derivó en un documento llamado “Propuesta de Acciones para el Plan de Contingencia de Chihuahua”, para en el que trabajan defensores y periodistas para aplicar la alerta temprana para ambos gremios. Chihuahua es el segundo estado que obtiene una alerta temprana para periodistas, que hasta ahora no se ha instalado.

En febrero se realizó una reunión con autoridades locales y federales, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en donde analizaron las propuestas y el mismo funcionario, así como autoridades estatales, tuvieron en sus manos dicho documento.

Entre los puntos a tratar para aplicar en la entidad, se encuentra la creación de una Ley de Regulación de Publicidad Oficial, así como la creación de protocolos de seguridad integral y trabajar para abatir la impunidad en delitos contra periodistas en la entidad.