POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*

Como un nuevo fracaso para el gobierno de Javier Corral, se puede considerar la resolución de la sección instructora de la cámara alta del Congreso de la Unión, respecto del senador de la República con licencia y hoy candidato de MORENA a la presidencia municipal de Juárez, Crúz Pérez Cuellar, al no continuar con la declaración de procedencia, por considerar que no había pruebas suficientes para desaforarlo, pero además de que el delito por el cual había sido acusado, ha quedado prescrito.

Como en la mayoría de las acciones intentadas en su gobierno en materia jurídica, en contra de personajes que supuestamente incurrieron en acciones de corrupción, nuevamente Javier Corral queda exhibido como el mandatario incapaz de sostener una acusación; que ni siquiera puede concretar una venganza política, ni mucho menos atender lo relacionado con la prescripción del delito, ya que por el simple transcurrir del tiempo, no pudo advertir que había que judicializar el asunto, para evitar que su derecho quedara sin efecto; hoy, se reafirma ante la ciudadanía, como el gobernador que habla mucho, que declara siempre, que acusa y señala, pero que ahí se queda, que de ahí no pasa, quedándose solamente en la intención, porque no puede concretar ninguna pretensión; es decir, se ladra, pero no se muerde, porque no hay colmillos.

Otra acción desafortunada que llevó a cabo Javier Corral en la semana que termina, fue su declaración en contra de la familia le Barón, concretamente refiriéndose a Julián y Adrián, afirmando que también son victimarios y usan el tema de su tragedia familiar, para distraer u ocultar señalamientos de varias comunidades, que han sido objeto de abusos y despojos de estos pseudo-líderes, -dijo-.

Como se recordará, la marcha convocada por la familia Lebaron, se organizó para demandar la renuncia de Javier Corral, ante el fracaso e incapacidad para atender el grave problema de inseguridad, además de que no ha sido capáz de ordenar se investige, desde noviembe del 2019, el terrible asesinato, de 3 mujeres adultas y 6 niños en la comunidad Bavispe, limites con Sonora, además de incinerar sus cadáveres.

La acusación de crímenes de Lesa Humanidad en contra de Javier Corral se va presentar tanto en las instancias federales como a nivel Internacional, porque a pesar de contar con las facultades legales, la infraestructura material y humana para de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, hacer frente a los responsables de la violencia, ha preferido mantener en el cargo a funcionarios que han sido acusados de proteger a las bandas del crimen, que operan en todo el territorio estatal.

La falta de empatía con la familia Lebaron, que continuamente ha sido revictimizada por las permanentes ofensas de que han sido objeto por parte del mandatario, la nula intervención de la estructura de la fiscalía, el no haber atendido personalmente a las víctimas, a pesar que desde la tragedia, han estado solicitando audiencia sin ningún resultado, son apenas algunas omisiones en las que se ha mantenido el gobierno de Chihuahua.

En respuesta a las acusaciones de Javier Corral, Julian Lebarón, llamó al Gobernador como PSICÓPATA, al considerar que reúne todas las características de la enfermedad, como es la ausencia de empatía, narcisista en extremo, una soberbia inconmensurable, no admite ni reconoce errores, además de que no aprende de sus yerros y faltas, pero sobre todo que miente con facilidad y pretende manipular de manera permanente.

Difícilmente se puede entender el enorme caudal de estupidez, con el cual se puede vivir, pero además, que pueda caber  en una sola persona.

Javier Corral no puede entender primero, la felicidad que representa el ser padre de familia, el tener sus propios hijos, cuidarlos, educarlos, formarlos, estar al pendiente de ellos, sentirse orgulloso de su personalidad, castigarlos también a veces y dialogar permanente con ellos, forma parte de lo que la vida te ofrece.

El sobrevivir a sus hijos, es el peor castigo de Dios; No existe dolor tan grande para un padre que el perder a un hijo, sobre todo cuando su vida es arrancada con violencia y dolo.

De esto, tampoco puede hablar Javier Corral, porque no sabe, nunca ha tenido hijos, ni tampoco sabe que el tenerlos cuesta y que constituye la mejor inversión que un padre puede hacer.

De tal forma que se explica su falta de empatía con la familia Lebarón, no los entiende, porque nunca le ha importado nadie más que su propia vida, su carrera política, sus metas y eventualmente, también sus mascotas.

El único despojo de humanidad y moral que le pudo haber quedado en estos casi 5 años de Gobierno, se le escurrio en las manos como agua entre los dedos, cuando buscando ser congruente con su compromiso con el barzón y sus líderes que lo apoyaron en la campaña, dejó a un lado su compromiso de gobernar con sentido humano, gobernar para todos y no para el mismo y sus intereses.

GRACIELA ORTIZ, LA CANDIDATA MÁS PREPARADA,

PERO QUE NUNCA HA GANADO UNA ELECCIÓN

El escuchar a la candidata del PRI, y comparar sus conocimientos de Chihuahua, de sus instituciones y al hacer la comparación obligada con el resto de los aspirantes al Gobierno del Estado, es un ejercicio importante, porque te permite entender que la entidad aún tiene solución para sus problemas, a pesar de que recibe 74 MMDP y debe 60 MMDP, lo importante es que quien gobierne, atienda y entienda que lo importante es nunca perder la empatía con la gente, ni mucho menos rodearse de personajes que no aportan nada y si cobran mucho, como el caso del actual secretario de Gobierno del Estado, que exige escoltas, en número necesarios por 5 años, para cuidarlo y a toda su familia, cuando se la pasa declarando lo que no sabe y opinando lo que no entiende.

En Chihuahua, como en muchas partes del país, particularmente en el norte de la República, se espera que la participación de la ciudadanía se mantenga en niveles de incremento, y que quienes resulten triunfadores en este proceso, verdaderamente representen los intereses de toda la comunidad, porque al margen de los partidos que los apoyan, el grueso de la ciudadanía votará a favor de las personas y no de los colores que los postulan.

*INTEGRANTE DE LA AECHIH

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POR ERNESTO AVILÉS MERCADO

A diferencia de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que prácticamente no ha podido ganar uno solo de los amparos en los que ha participado, aunque públicamente siga festinando todas sus actuaciones, el Poder Judicial ha logrado revertir jurídicamente los amparos concedidos, generados por la inconformidad de la selección de jueces-, inicialmente por un juzgado de Distrito, llegando hasta la segunda sala de la Suprema Corte, quedando solamente esperar la resolución de los rezagados; 3 en los juzgados colegiados y 2 más en los de distrito.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 7 amparos en revisión, el primero interpuesto por Jesús Iván Medina Arellano, Blanca Leticia Rojas Vargas, Samuel Pérez González, Alessio Arrayales Duarte, Elmer Lerma Fontes (2) y Enrique Villarreal Díaz, resolviendo que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos; es decir, fueron sobreseídos.

El tema del amparo fue que tenían el tiempo y la responsabilidad del cargo de juez, pero no el nombramiento, pero aún así, participaron en el concurso y al no conseguirlo, buscaron ampararse, reclamando la omisión de ratificarse; ante esto, la corte resolvió que consintieron expresamente y por eso se sobreseyeron.

Más adelante, los integrantes de la segunda sala, resolvieron los amparos presentados por Laura Velia Mendoza Luján y Cesar Miguel Rodríguez Martínez (2), los cuáles también fueron sobreseídos; dos fueron por las mismas causas; es decir, por consentimiento expreso y los otros dos, relativos al concurso de oposición para la selección de jueces, también fueron sobreseídos.

Tiempo después, se resolvió el amparo presentado por Laura Velia Mendoza Luján, para determinar la procedencia contra los lineamientos y el concurso de oposición de jueces de primera instancia, también fue sobreseído, revocando la sentencia recurrida.

Además del consentimiento expreso, la corte señaló la tesis jurisprudencial con rubro “Consentimiento expreso como causal de improcedencia del amparo, se actualiza cuando el quejoso se acoge a un beneficio establecido a su favor, cuyo nacimiento está condicionado, por la obligación o perjuicio que le ocasiona el acto reclamado”

En la misma resolución, la corte señala que el origen de la actualización de la causal, es la carta firmada por las personas quejosas, donde externaron su intención de competir en el concurso referido.

La ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa, estableció en su sentencia que “esos actos contienen un beneficio en favor de la impetrante del amparo, concretamente, la posibilidad de participar en el concurso combatido, que a su vez está condicionado a la aceptación de un perjuicio; es decir, una vez que se acogió al concurso, esa conducta supone también la aceptación de sus resultados”.

Dentro de los asuntos pendientes de resolver por los tribunales colegiados, está el presentado por Zulema García Aude y Claudia Marcela Carrillo Palacio, los cuáles se encuentran turnados a ponencia, por lo que tomando en consideración los antecedentes establecidos por la segunda Sala de la SCJN, es viable la presunción de que sean sobreseídos, por las mismas causales.

El sr. José Luis Contreras Cruz, que no es juez, sino un ciudadano interesado en el tema, presentó también un amparo, que se encuentra en el tribunal colegiado de circuito, se pasó a ponencia y se espera que de un momento a otro se resuelva.

Finalmente, los amparos presentados por Daniela Aralí Torres Porras y Leonila Chávez Duarte, que también se encuentran pendientes de resolver por parte de los juzgados de distrito, el primero se ha señalado para el 23 de Abril la audiencia constitucional, mientras que el segundo se encuentra suspendido por una queja y no continuará hasta que sea resuelta.

Del recuento de daños, se tiene que 12 jueces provisionales interpusieron amparo; en total fueron 16 amparos de jueces provisionales, porque 4 jueces promovieron 2 amparos y 1 de particular, que hacen una suma de 17 en total.

11 amparos fueron resueltos por la segunda sala de la SCJN; 1 amparo se resolvió por el Tribunal Colegiado de Circuito; 3 amparos pendientes de resolver por tribunales colegiados y 2 más, pendientes de resolver por juzgados de Distrito.

En ninguno de los Amparos reseñados se abordó tema relativo a corrupción, se enfocaron, básicamente, en la falta de fundamentación y motivación de las calificaciones de la etapa 3 (examen Psicológico) y que no hubo evaluadores de manera colegiada en la etapa 5 que se refería a la redacción de una sentencia y que resultaba indebido concursar plazas de los jueces provisionales, ya que estos sostenían que había operado a su favor la ratificación tácita.

De tal forma entonces, que el Poder Judicial del Estado no está bajo sospecha de corrupción por los amparos presentados en contra del proceso de selección de jueces, ni tampoco se ha concedido la ratificación del cargo de juez por un amparo presentado, como tampoco se encuentra en trámite de resolución amparo alguno que tenga que ver con alguna persona, funcionario o ex funcionario a quien se le atribuyen actos de corrupción.

Inicialmente, cuando se promovieron los amparos, una de las mayores quejas que se comentaban por parte de los jueces que no fueron ratificados, fueron en contra de la postura del magistrado presidente Pablo Héctor Gonzalez, ya que sabía perfectamente la situación de cada uno y esperaban que se tuviera una atención con ellos, porque ellos también traían puesta la camiseta del Tribunal y el hecho de promover amparo, no era en descontento con la institución, sino en contra de Lucha Castro, a quien consideraban como Lutero dirigiendo la Iglesia, atendiendo sus propios intereses.

Sin embargo, a la fecha, -hasta donde se sabe-, el Tribunal ha tenido atenciones con todos los quejosos y se han reubicado a quien ha querido, dejando a salvo los derechos de quien así lo ha manifestado.

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