Nuevo León avanza en modificaciones a la Ley Ambiental del Estado en cuanto al uso de popotes y bolsas de plástico; sin embargo, la eliminación de conciertos masivos en el Parque Fundidora sigue siendo un pendiente en el Congreso local

El debate en el Congreso local no es acerca los festivales de música como Pa’l Norte, sino sobre el lugar y las condiciones en las que se realizan.

Los diputados de Morena Claudia Tapia y Luis Armando Torres devolvieron los boletos de cortesía no solicitados a Fernando Villarreal Palomo, titular de la Dirección General del Parque Fundidora, para asistir al concierto masivo que se realizará hoy viernes y mañana sábado 23 de marzo.

“Apoyo estos eventos, pero no en el parque, sino en otro sitio adecuado para ello”, escribió el legislador de morenista través de su cuenta de Twitter.

Esta acción es contraria a la del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, quien publicó a través de su cuenta de Facebook una serie de pasos para regalar pases dobles para el festival Pa’l Norte a sus seguidores.

En la Sesión Ordinaria de este miércoles, los diputados aprobaron con 20 votos a favor el exhorto que Torres presentó a la administración del Parque Fundidora, al Ayuntamiento de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza, al secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, y al procurador en esta área, Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, para que prohíban la colocación de andamios o cualquier estructura metálica sobre el arbolado en Parque Fundidora.

Este exhorto también incluía un llamado para no utilizar pirotecnia en el festival musical. Sin embargo, el presidente del Patronato de Fundidora, Artemio Garza, se ofreció sólo a disminuir de 16 a tres minutos la duración de la quema de fuegos artificiales durante el concierto

Tapia insistió este mes con la iniciativa que había sido vetada por las bancadas del PAN, PRI y de Movimiento Ciudadano. Desde diciembre, propuso reforma al artículo 21 bis de la Ley del Parque Fundidora para que el gobierno destine fondos al mantenimiento. También contempló la cancelación de eventos que sirvan al lucro de terceras personas.

Ambos legisladores pretenden asistir el domingo a un recorrido después del festival de música Tecate Pa’l Norte para verificar que los escenarios no se hayan instalado en las áreas verdes y que los asistentes no hayan derramado líquidos sobre los árboles. Además, buscan supervisar que no se haya hecho uso de desechables que no sean biodegradables tales como platos, vasos y tenedores de plástico.

SIN BOLSAS NI POPOTES

Los conciertos masivos en Parque Fundidora pueden representar un retroceso para el avance que tiene Nuevo León sobre algunos estados en cuanto al cuidado del medio ambiente.

El 25 de enero, mediante decreto número 046 se reformó la Ley Ambiental del Estado, la cual establece que a partir del 25 de enero de 2020 estará prohibida la venta, dádiva y uso de popotes de plástico en restaurantes, bares, cafés y establecimientos similares.

La alternativa que sugieren las autoridades a los neoleoneses es optar por vasos y tazas que no requieran popote u ofrecerlos siempre y cuando sean elaborados con otros materiales amigables con el ambiente.

Quienes violen la disposición serán acreedores a multas que van de 126 mil 735 pesos hasta un millón 689 mil 800 pesos, aunque esta medida no aplica para los centros comerciales, donde los popotes de plástico se podrán seguir vendiendo. Los hospitales y centros de salud están exentos de esta medida, pues su uso puede orientarse a cuestiones clínicas.

Con esta reforma, Nuevo León se sumó a estados como Baja California Sur, San Luis Potosí y Veracruz, que ya tienen prohibido el uso de popotes de plástico desde su marco legal. Incluso, a través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón celebró esta medida.

A principios de año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable preparaba una nueva Norma Ambiental Estatal dirigida a los fabricantes de bolsas de plástico de acarreo, las cuales se utilizan en los supermercados. Y este 21 de marzo la iniciativa avanzó en el Congreso local, aunque aún está por votarse en el Pleno.

Las comisiones unidas de Legislación y Medio Ambiente aprobaron la propuesta del diputado panista Luis Susarrey para prohibir la dádiva de bolsas de plástico con fines de envoltura o traslado de productos en centros comerciales y así combatir la contaminación.

Entre las similitudes con la reforma a la Ley Ambiental del Estado acerca del uso de popotes, la iniciativa sobre las bolsas tampoco busca prohibir su venta en establecimientos comerciales porque es un producto de libre mercado. Asimismo, se aplicaría 365 días después de haberse publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que es necesaria la revisión del Poder Ejecutivo que encabeza “El Bronco”.

Otra de las medidas que el órgano legislativo neoleonés está tomando es la propuesta de Ivonne Bustos, diputada del Partido Verde Ecologista de México, para reformar la Ley Ambiental del Estado en el estado y que los comercios dejen de usar unicel

A nivel nacional, los regiomontanos también buscan modificaciones legislativas en beneficio del ambiente. El senador emecista por Nuevo León, Samuel García, pretende poner en marcha una iniciativa de Ley que fije el cobro de un impuesto de 10 centavos por cada bolsa de plástico que un establecimiento otorgue a los consumidores.

(Luz Rangel/Reporte Indigo)

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A 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, los mexicanos siguen indignados, pues piensan que la versión oficial carece de veracidad, sin embargo, tanto el hijo del excandidato presidencial como quienes han estudiado el magnicidio, esperan que la desclasificación de casos como éste sirva para evitar que acciones de este tipo se repitan

Por un camino estrecho y sin pavimentar, descienden tres camionetas Suburban escoltadas apenas por dos motocicletas hasta una hondonada de terracería, el escenario perfecto para una catástrofe que nadie supo prevenir, o que simplemente, fue mejor ignorar.

Mientras, las voces de los colonos cada vez arreciaban más al unísono, “¡Colosio, Colosio, Colosio!” para recibir al candidato presidencial del PRI, la tarde del 23 de marzo de 1994.

“No le tememos a la competencia política, lo que sí rechazamos es la incompetencia política”, pronunció Luis Donaldo Colosio Murrieta durante el mitin en el que logró la simpatía de los partidarios y se despidió al ritmo de “La culebra”, interpretada por Banda Machos.

En su caminar por la colonia popular tijuanense, en Baja California, entre la vorágine surge una mano al aire que encañona el cráneo del priista y aprieta el gatillo. El miedo y el caos inundan en segundos la tarde.

Lomas Taurinas y sus residentes fueron testigos de este crimen que hasta la fecha sigue generando escozor en México, porque aunque a 25 años de lo ocurrido se haya liberado el expediente del Caso Colosio, la sociedad está indignada y quiere saber la verdad.

¿Mario Aburto Martínez en verdad fue un asesino solitario o hubo una conspiración alrededor del candidato orquestada desde el Estado? ¿Quién fue el autor intelectual de este magnicidio? Cuestionamientos que hasta la fecha siguen vigentes en México.

“No sé si la verdad de este caso la vamos a poder encontrar algún día, porque obviamente las investigaciones estuvieron hechas desde el gobierno, pero creo que ahora a través de la documentación pública que se está abriendo (…) podemos empezar a enterarnos de los errores de la versión oficial”

- Laura Sánchez Ley

Investigadora del Caso Colosio

Además de Sánchez Ley, Reporte Indigo platicó con el reparto de Historia de un crimen: Colosio, serie que dramatiza los hechos de Lomas Taurinas y comienza de lleno con el momento de la ejecución del excandidato presidencial.

“Creo que lo que es importante es generar intuición histórica respecto a un proceso que ha marcado a nivel institucional la forma en que se estaba gobernando”, expresa Jorge Guerrero, quien interpreta a Mario Aburto Martínez en el serial creado por Netflix.

La novela gráfica Matar al candidato también hace un repaso a la memoria trágica con lo que se sabe de la versión oficial más las teorías conspiratorias, el dibujante Bernado Fernández “BEF” suma interés por remarcar en el cómic las inconsistencias que han circulado de la investigación iniciada en 1994.

“Como queda claro en el guión que hizo Paco Haghenbeck para el libro, no sabemos quién estuvo detrás del asesinato, creo que parte de las motivaciones para hacer esto es que no se olvide que hace 25 años –que en términos históricos es ayer–alguien mandó matar al candidato presidencial del partido oficial y esto sigue impune y no resuelto”, dice el ilustrador.

LIMONCITO Y LA CULEBRA: MELODÍAS MANCHADAS DE DUELO

El bullicio era silenciado al compás de la canción “Limoncito”, compuesta por Alfonso Esparza Oteo, en el restaurante La Bombilla en el barrio de San Ángel, era el 17 de julio de 1928 y mientras que el presidente reelecto Álvaro Obregón comía con sus allegados, sigilosamente se acercó José de León Toral, quien le descargó seis plomos de calibre 32.

Este capítulo negro en la historia de México es recordado en Matar al Candidato, además de ser equiparado con lo sucedido en Lomas Taurinas hace 65 años, pues ambos casos tienen a un homicida material pero se desconoce la certeza de los autores intelectuales.

Aunque a 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio se haya liberado el expediente del caso, la sociedad sigue indignada y quiere saber la verdad

“Lo único que hace es abrumarnos más, saber que en este país no se resuelven los casos, no tengo respuestas de Álvaro Obregón, del 68, del Halconazo en el 71, no sabemos quién mató a Manuel Buendía, a Colosio o que pasó en Aguas Blancas y en Ayotzinapa, eso es una función terrible del libro”, argumenta Bernado Fernández.

La canción que se escuchó la tarde del 23 de marzo de 1994 en el asentamiento irregular de Tijuana mientras Colosio abandonaba el lugar fue “La culebra”, la cual fue silenciada con dos tiros de revolver Taurus calibre .38 presuntamente ejecutados por Mario Aburto Martínez.

AVERIGUACIÓN PREVIA: EL ÚLTIMO ESLABÓN

Cuando las autoridades dieron carpetazo al Caso Colosio en el 2000, México se conformó con cuatro volúmenes de un informe expedido por la Procuraduría General de la República (PGR), el cual se convirtió en la versión oficial avalada por el subprocurador y último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, quien defendió a todas luces la versión del asesino solitario.

En el año 2007 el Archivo General de la Nación dio a conocer que el expediente del magnicidio se encontraba bajo reserva hasta el año 2035, esto fue corroborado por Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en la resolución 651/11 en el año 2011

Pero en noviembre pasado, a siete años de lo dictaminado por el IFAI, Laura Sánchez Ley y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lograron interponer solicitudes de acceso de información al Consejo de la Judicatura Federal y así obtener la desclasificación del proceso penal 41/94 condenatorio de Mario Aburto Martínez, el cual consta de 10 tomos y más de 9 mil hojas.

Sin embargo, estos documentos que ahora se conocen sólo son una parte del expediente completo, pues aún faltaba que las autoridades liberaran la averiguación previa, en la que se encuentra documentada la mayor parte de la indagatoria de lo sucedido antes y después del homicidio en Tijuana.

La averiguación previa SE/003/95 del Caso Colosio, consta de 174 tomos con 68,293 fojas, más 293 anexos de documentos de respaldo. En este expediente se encuentran las declaratorias de mil 460 personas, 533 de estas presentaron después ampliaciones a sus declaraciones.

El 11 de marzo pasado, a través de un recurso de revisión MCCI y Sánchez Ley lograron por unanimidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se les entregue una versión pública de la averiguación previa, la investigadora calcula que podrán disponer y revisar el documento en mayo próximo

¿QUIÉN MATÓ AL CANDIDATO?

Esta es la pregunta que todos los mexicanos nos hemos hecho alguna vez y nadie ha podido responder con certeza.

Los señalamientos y juicios por parte de la sociedad mexicana podrían apuntar hacia las cúpulas de poder, pero el monero Fernández, indica que es mucho más complicado que solo voltear a ver hacia Los Pinos de 1994.

“Ese día en Tijuana, se dinamitó el país, entonces no hubo beneficiados, es muy tentador señalar al presidente Salinas, pero él fue el que salió más perjudicado de todo esto, entonces no me queda claro, eso es lo enloquecedor de este caso”, comenta el ilustrador

En el libro ilustrado se observa una viñeta replicada cinco veces, en la que Colosio es encañonado, pero cambia el personaje ejecutor: Mario Aburto, Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís, un narcotraficante y Bill Clinton, ya que para BEF, todos tenían motivos para ejecutar al aspirante presidencial.

“Más allá de si fue un asesino solitario o un complot, yo creo que a él lo mató un sistema que ya no daba para más y que todavía tardó 24 años en acabar de irse o por lo menos dar espacio a otro tipo de visiones, otros modelos. Yo creo que lo mata un sistema que está saturado, un sistema construido sobre mucha violencia, sangre y corrupción”, subraya BEF.

Siguiendo esta opinión, Jorge A. Jiménez, quien encarna al candidato presidencial enHistoria de un crimen: Colosio, cree que es importante que cada mexicano emita su propio juicio del caso, ahora con motivo de la serie en la que se dramatiza lo que pudo haber ocurrido al interior de la camarilla salinista.

“No puedes decir fueron ellos o no fueron ellos, en la serie te plantean las situaciones y créeme que al verla uno va a sacar conclusiones”, platica Jiménez.

RECLAMO A LAS INSTITUCIONES

¿Qué nos dejan 25 años de un caso irresuelto para la sociedad? ¿Al fin cambiarán los mecanismos de justicia en la nación? ¿Qué precedente sienta el Caso Colosio a futuro en México?

Estas incógnitas pueden ser resueltas de una manera directa, al menos así lo cree Sanchez Ley, ya que los mexicanos ahora pueden demandar información a todas las instancias burocráticas del país que reciban recursos públicos.

“Es un buen momento para los mexicanos para empezar a exigirles, para recordarles que ya se desclasificó un hecho histórico, un magnicidio que marcó a los mexicanos, y que empiecen a involucrarse más, porque la gente también estaba desilusionada, imagínate, hacían un solicitud de transparencia, y ¿qué pasaba? Se las negaban”, recuerda Sánchez Ley.

Cada vez se abren más expedientes de interés público, la también reportera recuerda cómo es que a finales del año pasado se desclasificó el caso del 2 de octubre de 1968 y el de Ayotzinapa, el cual se mantuvo en resguardo durante el sexenio pasado

“Creo que el Caso Colosio en este momento, ya no recordándolo como un magnicidio, sino como un hecho que ya pasó, nos va a ayudar a desclasificar casos que son históricos para el país y que desgraciadamente las autoridades del gobierno anterior estaban acostumbradas a guardar ante todo”, enuncia la periodista.

MÉXICO INDIGNADO Y HERIDO

Recién ocurrido el magnicidio, Grupo Reforma realizó un sondeo en las ciudades de México y Monterrey, el 78 por ciento y el 81 por ciento de los habitantes respectivamente, opinó que el homicida material no actuó solo.

Cuando se cumplieron dos décadas del asesinato a Colosio, El Universal levantó una encuesta de opinión entre la ciudadanía respecto al candidato priista acribillado en Tijuana, el 58 por ciento de los participantes tuvo la firme convicción de que Aburto ejecutó al político sonorense por órdenes de alguien más.

Los números no mienten, la ciudadanía está fastidiada de la versión oficial del Caballero Águila, en la que se afirma que Aburto es el único detrás del crimen político, y esto persiste a 25 años de la muerte de Colosio

“Es algo que marcó y cambió la forma de hacer política en este país y no creo que debamos olvidarlo, incluso si algún día sabemos absolutamente todo respecto del caso, no creo que uno deba olvidarse de la historia”, aclara Alberto Guerra, quien actúa como el jefe de policía de Tijuana Federico Benítez en la serie sobre Colosio.

Aunque los jóvenes no hablen del caso, la sombra y pesadumbre de este episodio negro en la política nacional sigue vigente, BEF cree que la herida sigue abierta y el enfado continúa en los mexicanos.

“Creo que hay toda una generación que nunca escuchó esto, para la cual es una cosa mítica como para mí lo era el 68, o el halconazo, sospecho que no se desvanece esa indignación (…) es una herida muy profunda porque, es más, si apareciera la verdad, la auténtica verdad histórica, yo creo que después de tanto tiempo nadie la creería”, se sincera Fernández.

La falta de transparencia y legitimidad en las investigaciones hechas por parte del Estado respecto a algunos de los crímenes más emblemáticos que han ocurrido en el país, han provocado una gran indignación en la ciudadanía y una exigencia de justicia

EVIDENCIA EN EL OLVIDO

La periodista de 30 años de edad ha dedicado casi toda su carrera a estudiar a profundidad los hechos del 23 de marzo de 1994, incluso publicó el libro Aburto: Testimonios desde Almoloya, el infierno de hieloen 2017, aunque sigue indagando en los archivos del Caso Colosio, para ella sigue siendo un tema sensible de platicar a cuadro.

“Cuando yo desclasifiqué el proceso penal, leyendo el expediente encontré que había 12 cajas de evidencias del caso, es impresionante, apenas hace dos semanas tuvimos acceso en el juzgado primero del Estado de México a estas cajas, estaban arrumbadas, aventadas en un juzgado llenas de polvo, era espeluznante”, revela Sánchez Ley.

Reporte Índigo tuvo acceso a las imágenes que la investigadora tomó de la evidencia, en estas se muestra cómo es que se encontraban en completo abandono los casquillos que hirieron de muerte a Colosio y el libro de Actas de Aburto, entre otros materiales.

“¡Ahí estaba todo! En lugar de estar en un archivo histórico, ahí encontramos (arrumbadas) las evidencias de un caso que ha cimbrado a la sociedad mexicana, creo que es la prueba más real de cómo el gobierno mexicano ha desestimado un magnicidio como este”.

Cuando la investigadora del Caso Colosio, Laura Sánchez tuvo acceso por primera vez a las 12 cajas de evidencias en el juzgado primero del Estado de México éstas estaban arrumbadas, llenas de polvo y aventadas

“Se me salieron las lágrimas cuando llegaron las cajas y las empecé a abrir y lo primero que vi fue el libro de Actas de Mario Aburto y dije: no puedo creer que después de 25 años finalmente dos ciudadanas estamos viendo esto”, manifiesta indignada la periodista tijuanense.

¿HUBO PROTECCIÓN AL CISEN?

En el serial de Netflix se resalta la imagen de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaria de Gobernación (CISEN), ya que cuando viene el desorden después de los balazos en Lomas Taurinas, este presenta rastros de sangre de Colosio en su chamarra.

Los documentos oficiales muestran que Sánchez Ortega salió positivo en la prueba de Harrison Gilroy, con la que se determina si la persona disparó un arma; a pesar de esto la Fiscalía Especial del Caso Colosio descartó su participación en el homicidio

Además, Sánchez Ortega, según los investigadores del magnicidio, presentaba un parecido físico asombroso a Aburto, sin importar este tipo de señalamientos, el agente del CISEN volvió a sus funciones.

Sánchez Ortega reapareció en Coahuila en 2006, donde presuntamente espiaba al entonces gobernador Humberto Moreira, cuando se dio a conocer la noticia por el medio Vanguardia, el operador del CISEN desapareció de sus actividades públicas, el centro de investigación no aclaró las labores del hombre liberado del Caso Colosio.

El CISEN dejó de funcionar a partir de la nueva administración federal, aunque su personal se reestructuró en la Agencia Nacional de Inteligencia, la cual depende de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de Alfonso Durazo.

(Hidalgo Neira/Reporte Indigo)

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Violencia, discriminación laboral y desigualdad en la política son los problemas que tiñen hoy las celebraciones del Día Internacional de la Mujer

Es una realidad, en México las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los varones.

No es un discurso de victimización. Las cifras y los hechos son claros cuando se habla de la disparidad en la realidad de ambos géneros.

La realidad de las mujeres en México puede ser tan dura como la cara que dan los feminicidios; o tan retadora, como el escaso acceso a cargos de poder.

A nivel internacional, el país se ubica en un índice medio en cuanto a equidad de género.

De acuerdo con el Reporte Global de la Brecha de Género 2015, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México ocupa el lugar 71 de 145 países.

El país, empero, está por debajo de otras naciones de América Latina, como Nicaragua (lugar 12); Bolivia (22); Barbados (24); Cuba (29); Ecuador (23); Argentina (35); Costa Rica (38); Bahamas (40); Colombia (42), y Panamá (44).

Este índice califica el desempeño de los países en cuatro grandes áreas: participación y oportunidades económicas de las mujeres; acceso a educación –desde básica a superior-; empoderamiento político, y cuestiones de salud y supervivencia.

Feminicidios, el horror

El asesinato de cientos de mujeres en varias partes del país prendió los focos rojos sobre el peligro que representa ser mujer en ciertas zonas de México.

Primero fue Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde la desaparición y el asesinato de mujeres fueron un asunto con relevancia internacional, desde la década de los 90.

Hasta el año 2012 se tenían contabilizados aproximadamente 700 feminicidios en esa ciudad.

Por casos ocurridos en Juárez, México incluso ha sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión de las autoridades para esclarecer los hechos y por no proteger a las mujeres de hechos de violencia en su contra.

El caso específico que mereció una sanción contra el país fue el del asesinato de ocho mujeres en el Campo Algodonero.

Recientemente, el Estado de México se ha convertido en el nuevo foco de atención sobre el tema de los feminicidios.

En zonas como el municipio de Ecatepec, el asesinato de mujeres ha ido cobrando mayor relevancia y ha provocado protestas de varios grupos sociales.

Estadísticas imposibles

En el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no existe información desagregada sobre feminicidios. La Secretaría de Gobernación solo cuantifica los homicidios sin distinguir si se trata de hombres o mujeres.

La evidencia de tal vacío de información quedó al descubierto en agosto del 2015, cuando un ciudadano solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la estadística de los feminicidios registrados desde el 2014 hasta esa fecha.

El SNSP respondió que tal información no existe; sostuvo su afirmación incluso después de la presentación de un recurso de apelación.

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el Estado de México, del 2011 al 2013, se registraron 840 asesinatos de mujeres. De ellos, solo 145 fueron investigados como feminicidios.

El nivel de la violencia contra las mujeres es tal en el Estado de México, que la Secretaría de Gobernación ha declarado la alerta de género a mediados del 2015, lo que implica reforzar las medidas para prevenir los ataques y garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita.

Según las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres son atacadas con más saña que los varones, con mayor violencia o se utilizan medios que producen mayor dolor antes de fallecer.

Se calcula que entre el 2013 y el 2014, en promedio, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

A 38 de cada 100 las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a golpes con objetos, establecen las cifras del Inegi.

En cambio, esas modalidades solo fueron utilizadas para asesinar a 21 de cada 100 varones, ese año.

En el caso de los asesinatos de mujeres, señala el Inegi, tienen que ver más las cuestiones culturales que las condiciones de violencia que existen en el país.

“De acuerdo con la información de los últimos 15 años (…) los asesinatos de mujeres derivan de un patrón cultural y menos de los cambios de la violencia social por el crimen organizado”, señala el Instituto en una carpeta informativa sobre la violencia contra las mujeres.

¿Durmiendo con el enemigo?

Las mujeres enfrentan también una violencia que puede convivir con ellas bajo el mismo techo.

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Inegi, en datos del 2011 revelan que 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más padeció un incidente de violencia en general.

Los estados del país que superan estos índices de violencia son el Estado de México (73 por ciento); Ciudad de México (72 por ciento); Sonora (68 por ciento); y Baja California (66 por ciento).

Casi 50 de cada 100 mujeres han tenido al menos una relación de pareja donde han sido agredidas.

El rango de edad más vulnerable es de los 30 a los 39 años; de ellas, casi el 70 por ciento han enfrentado al menos un episodio de violencia.

La Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo, realizada en el 2007, reveló que el 76 por ciento de las mujeres entre 15 y 24 años sufrió episodios de violencia en su relación, por causas como celos (41 por ciento) o porque “tiene muchos amigos varones” (25 por ciento).

En el 2006, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se establecieron pautas para castigar a quienes las agreden.

Política: el techo de cristal

El acceso de las mujeres al poder político en México puede resumirse en una sola expresión: existe un techo de cristal; se ve la cima, pero no se puede llegar a ella.

Una sola gobernadora en 32 estados; dos de 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 47 de 128 senadores; 212 de 500 diputados federales; entidades que nunca han tenido una mujer en la alcaldía (como Baja California y Quintana Roo), hablan de un escaso acceso de las mujeres al poder.

En el gabinete presidencial, solo tres de 19 cargos de alto nivel son ocupados por mujeres. Se trata de Arely Gómez, procuradora general de la República; Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores; y Rosario Robles, al frente de la Sedatu.

En el Poder Judicial están en funciones dos ministras (de 11) en la SCJN –Margarita Luna y Norma Lucía Piña-.

El número de candidatas a la Presidencia de la República, el país solo ha tenido cinco candidatas presidenciales. Ninguna de ellas ha ganado la contienda.

Las aspirantes presidenciales han sido Josefina Vázquez Mota (2012); Patricia Mercado (2006); Marcela Lombardo (1994); Cecilia Soto (1994); y Rosario Ybarra de Piedra (en 1988 y 1982).

A nivel municipal, la representatividad de las mujeres ha ido en aumento, pero en índices mínimos.

En 1995, solo el 3.5 por ciento de las alcaldías del país estaba ocupada por una mujer. Ya para el 2014, la cifra alcanzó el 7 por ciento.

Para intentar subsanar el problema, a partir de las elecciones del 2015 los partidos políticos tuvieron la obligación de postular a mujeres al 50 por ciento de los cargos que se jugarían en la elección.

Sin embargo, como ya es práctica común, algunos se las ingeniaron para saltar la ley y, en lugar de fomentar la participación de las mujeres en la política, utilizaron a familiares de candidatos varones que, al pedir licencia, podría quedarse en el cargo.

Uno de los mayores escándalos ocurrió en Chiapas, donde la Red Chiapas por la Paridad Efectiva denunció ante el Tribunal Electoral que se había postulado a familiares varones de los candidatos.

Tres consejeros electorales de esa entidad fueron removidos por no “haber garantizado el principio de equidad” en las candidaturas.

A todo esto se suma la violencia política contra las mujeres, pues son varias candidatas o aspirantes a puestos de elección popular que han sufrido amenazas o ataques directos en su persona o a sus casas de campaña.

Presas por delitos ‘de amor’

De acuerdo con datos del Inegi, el 53 por ciento de las mujeres que son acusadas por delitos del fuero federal están en la cárcel por delitos relacionados con las drogas.

La mayor parte de las veces, ellas se convierten en narcotraficantes o en transportadoras de estupefacientes por necesidad.

La organización Equis Justicia para las Mujeres sostiene que las mujeres encarceladas por temas de drogas tienen características similares: son pobres, proceden de comunidades marginadas, tienen un bajo nivel educativo y no tienen antecedentes penales.

Antes de llegar a la venta de drogas, sostiene Equis, muchas mujeres han pasado por otras actividades económicas modestas que les daban muy pocos ingresos: limpiando casas, planchando ropa, preparando alimentos o vendiendo productos en los semáforos.

“Las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos (…) las mujeres suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que, por la cantidad y la ‘rapidez’ de las mismas, les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico.

“Por lo tanto, los delitos de drogas son también delitos ‘de amor’ o ‘de género’. Pero una vez que son encarceladas, las mujeres suelen ser abandonadas por las personas que las involucraron en el negocio”, expone Equis en su Propuesta de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México.

La mayoría de las mujeres presas en México se encuentra recluida en inmuebles sin la infraestructura requerida para sus necesidades; menos aún si se trata de mujeres que son madres.

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La desaparición de 19 menores de un albergue de Morelos evidencia la discrecionalidad bajo la que operan las casas hogar en el país, en las que no existen ni registros oficiales

La extraña desaparición de 19 niños del albergue “Amor Para Compartir” del municipio de Hutzilac, Morelos, ha puesto en relieve el desentendimiento oficial sobre el tema de los niños asilados, sobre el que no existe ningún tipo de registro oficial y todo se supedita a las instancias locales del sistema DIF.

Con este caso, nuevamente quedó al descubierto la discrecionalidad bajo la que operan los albergues y centros oficiales, que tienen bajo su tutela a menores huérfanos. 

Solo algunas organizaciones no gubernamentales son las que han alzado la voz. Y es que el caso de la desaparición de los niños de Hutzilac no es aislado. 

“Se trata de una política de Estado que se implementó desde la llegada del gobierno de Felipe Calderón; desde entonces, casi sistemáticamente, las autoridades están involucradas en la desaparición de niños huérfanos”, dijo la periodista y escritora Antonieta Flores Astorga, autora del libro “Carriolas Vacías, Tráfico de Niños en México” (Temacilli, 2012). 

Flores Astorga detalló que la estrategia es muy simple.

“Las autoridades arrancan a los niños del seno familiar, bajo la acusación de violencia intrafamiliar. Son llevados a albergues oficiales, de donde no se vuelve a saber de ellos, en muchos casos”, explicó. 

La mayoría de los niños desaparecidos, en el mejor de los casos, son vendidos para adopción, principalmente a parejas de extranjeros, documenta la periodista en su libro.

El mismo Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), dijo Flores Astorga, ha reconocido que en México hacen falta mecanismos de revisión a los albergues. Ha dicho que es necesario llevar a cabo la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar.

Sin marco jurídico

México carece de un marco jurídico que vigile la seguridad de los niños enviados a los albergues, expresó el doctor Luis Santoyo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

“Es necesario que se marque desde la norma jurídica la posibilidad de un padrón nacional de albergados, para evitar que se sigan dando casos como el del Hutzilac y otros albergues de donde han desaparecido de la noche a la mañana, en la mayor de la impunidad, grupos completos de menores”, indicó el catedrático.

No es el único

El caso de Hutzilac no es el primero en que se denuncia la desaparición de menores de un albergue. Antecedentes existen muchos. Los más recientes ocurrieron en el mes de diciembre pasado, cuando se denunció la desaparición de 13 niños de un albergue de Tijuana y otros 7 de otro centro de Mexicali, en Baja California.

De acuerdo al Sistema Nacional del DIF, a la fecha existen registrados ante la federación un total de 922 albergues, de los que 809 son privados y 119 operan bajo la supervisión de organismos públicos. 

Solo en el 2015 fueron canalizados a esos centros de asistencia social, para la tutela temporal o permanente, un total de 3 mil 382 infantes.

No hay estadísticas oficiales que hablen de los niños que se han desaparecido luego de estar bajo la custodia de un albergue. 

La Procuraduría General de la República tiene en curso, por denuncias interpuestas por familiares de niños albergados y no encontrados, un total de 14 indagatorias. 

La mayoría de esas indagatorias son contra albergues operados por particulares. 

(J. Jesús Lemus/Reporte Indigo)

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Como sus antecesores en el cargo, el gobernador Héctor Astudillo ha comenzado a defender la gobernabilidad en el estado guerrerense. Apenas con 100 días en el cargo, el priista enfrenta la violencia causada por ejecuciones y desapariciones

Guerrero está ingobernable, aunque el gobernador Héctor Astudillo diga lo contrario.

Había acabado la fiesta de 15 años en un poblado llamado Cundancito, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, y se desató la balacera. Entre los cadáveres estaban los de dos niños. El acceso a esa comunidad es tan difícil que cuando llegaron los policías locales fueron recibidos a tiros y no había claridad sobre el número de víctimas, que primero se dijo que eran 11 y después se corrigió a nueve.

“La información que tenemos es que en una fiesta de 15 años hubo un problema y que hubo 11 personas fallecidas. Ayer se intentó llegar al lugar por la noche y quienes iban en varias patrullas fueron recibidos a balazos”, confirmó Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero.

Los agentes locales no reportaron bajas ni lesionados.

Tras corregir la cifra, y una vez que al sitio llegó el Ejército, la Policía Federal, la de Guerrero e investigadores de la Fiscalía Estatal, Astudillo pidió al titular de la dependencia, Xavier Olea, que se encargara “de manera personal” de la investigación del caso.

Ese mismo 30 de enero en la entidad hubo al menos otras cinco ejecuciones en las que se presume la participación de la delincuencia organizada, y a unas horas de concluir el primer mes se contabilizaban casi 160 víctimas en el año.

Ante las críticas a su gobierno, como sus antecesores en el cargo, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, el gobernador Héctor Astudillo ha comenzado a defender la gobernabilidad en Guerrero. 

De la misma manera recurre a decir que el problema de la violencia es externo a su administración y está vinculado con el mercado de la droga en Estados Unidos, cuya demanda provoca un descontrol.

En entrevista radiofónica con Alejandro Cacho, el gobernador Astudillo reconoció que el problema de la violencia es el mayor desafío que ha enfrentado su gobierno.

“En el tramo de todos los acontecimientos que se han presentado en Guerrero, la violencia sustituyó al conflicto, ese sería un comentario muy preciso, la violencia sustituyó al conflicto en la historia reciente de Guerrero”, apuntó.

Defiende que a diferencia de las anteriores, en su administración hay gobernabilidad.

“No hay una situación de ingobernabilidad, como lo hubo, lo que era un asunto, sin que fuera problema, terminaba en conflicto. Ha habido diálogo, entendimiento, respeto, hoy no hay ningún ayuntamiento tomado, los 81 municipios laboran con normalidad, el Congreso del estado labora con normalidad, ha hecho su trabajo, los jueces, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la misma.

“Cuando recibimos el gobierno estaba paralizado, era un estado lleno de conflictos y creo que se ha avanzado bien en el tema de la gobernabilidad, sin duda, es lo que yo tendría que destacar en un sentido positivo. Como también tengo que reconocer que el tema que nos detiene, que los lastima, que nos exhibe, es el de la violencia. Sin duda”, reconoció.

De acuerdo con la visión del gobernador, el crimen organizado es lo único que detiene el avance del estado.

“Todas las personas que han fallecido lamentablemente de manera violenta, sería yo muy irresponsable en decir que todas tienen que ver o están relacionados o son integrantes de las bandas delictivas. 

“Yo creo que muchas han sido también gente inocente, pero el origen, el punto de partida del crimen se da porque piensan que es amigo, porque piensan que es compadre, porque piensan que está cerca, porque piensan que vive en un lugar cercano. En base en eso se dan precisamente las defunciones lamentablemente en Guerrero y que tienen que ver con homicidios dolosos, homicidios intencionados”, afirmó el funcionario.

En el puerto de Acapulco se han suscitado diferentes casos de violencia provocada por el crimen organizado, en el que se reportan muertes de personas en negocios a plena luz del día. Sólo en los últimos dos días, cinco fueron asesinadas por impactos de bala, dos hombres y una mujer en la costera Miguel Alemán, un hombre en la colonia Palomares, y el domingo otro hombre fue acribillado en la colonia Renacimiento.

Astudillo también ha recibido críticas desde la oposición estatal. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática, Celestino Cesáreo Guzmán, señaló que el hoy gobernador ha incumplido con su lema de campaña “orden y paz”.

De acuerdo con cifras del PRD, en 100 días de gobierno priista se cometieron 734 asesinatos.

“Ninguna estrategia consolidada existe para aminorar esta problemática. No se puede estar gobernando con estrategias caducas y obsoletas como si en Guerrero no hubiera pasado nada”, dijo el dirigente perredista Celestino Cesáreo Guzmán.

El mismo gobernador Héctor Astudillo ha reconocido que los primeros 100 días de gobierno han sido intensos en Guerrero “el orden ha avanzado, la paz es lo pendiente”.

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Por Roger García López

Los famosos testigos protegidos, nos han costado a los mexicanos más de $178 millones, y la trampa de protegidos, es que nadie quien es qué fue lo que realmente vieron, sino únicamente son testigos falsos inventados por el gobierno, pero que sirven a los gobiernos federales para esconder las marranadas que hacen.
Sin que ningún ser humano sea capaz de descubrir, que  son gentes que les sirven al gobierno incondicionalmente para perjudicar con mentiras que se inventa el gobierno para poder presentar “un chivo expiatorio” o sea alguien inocente que sin deberla ni temerla, son acusados de toda clase de crímenes sin que se pueda comprobar, “porqué están protegidos.
Esta artimaña fue muy socorrida en el gobierno panista de Fox y Calderón, quienes por más de 12 años mantuvieron engañados a los mexicanos, aunque siempre han contado con gentes como Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de haberle robado la presidencia de la república, primero por medio de resultados inventados y puestos en programas computarizados, ganó Calderón.
 Y después fue Enrique Peña Nieto, que con la ayuda del IFE, el Tribunaql Federal Electoral y sobre todo los priistas , panistas y perredistas, enemigos y vendidos al mejor postor, quienes junto con el PRI y PAN incondicionalmente traicionaron a sus seguidores y apoyar  y encubrir la compra de votos por Peña Nieto, por medio de tarjetas de Soriana y Monex y ya le dieron el carpetazo y se dedicaron a apoyar las reformas destructivas, propuestas por Peña Nieto a través de sus paleros los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD, quienes formaron el conocido pacto por México.
El gasto que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón destinaron al programa de testigos colaboradores o protegidos fue de 178 millones 261 mil 493 pesos, dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR) en respuesta a la solicitud de información de un particular.
Estos recursos presupuestales abarcan de 2000 a 2012 y se usaron para cubrir gastos relacionados con la protección de estos deponentes en acciones contra la delincuencia organizada.
Es terrible saber que nuestros países tienen las tasas más altas de corrupción en el mundo, muy cerca de Nigeria. Nuestros países no castigan como debe ser a los políticos corruptos, principalmente, a los del régimen de turno y por eso es que no hay altos burócratas arrestados por este flagelo, que diezma las arcas públicas.  Por lo tanto, está claro porqué esta plaga (la corrupción) es cada vez peor en nuestros países, ya que no se toman medidas para frenarla. Como dijo alguien muy acertadamente, en nuestros países no hay razones para no robar.
En China la corrupción probada es castigada con la pena de muerte o sea con la vida y, por supuesto, el retorno inmediato a las arcas públicas de los valores robados.  Si los fondos para la inversión no alcanzan y no se pagan las deudas por la malversación de fondos, algo está mal y necesita ser cambiado inmediatamente.  
Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo y esto sólo es posible si el estado invierte por lo menos cinco veces más de lo que se hace ahora en educación, de lo contrario el país se quedará estancado y no formará ese talento que tiene y que podrían ser grandes profesionales. Si no se capacita de verdad, a nuestro recurso humano, este perderá la competividad en el mercado de trabajo por falta de preparación. Con el tiempo será normal la importación de mano de obra calificada, cuando los países empiecen a crecer más aceleradamente.
Nuestros países tienen la política más cara del mundo, esto ocurre por la cultura del malandraje instalada recientemente y por la falta de políticas serias y claras en materia salarial. Es necesario que el político entienda que es un funcionario público, como cualquier otro, con una obligación de entregar su trabajo y sus conocimientos en beneficio de su país y no un “rey” como se ven actualmente.  La Constitución y las leyes tienen que establecer un tope salarial compatible con los otros funcionarios públicos y a partir de ahí, regirse por los aumentos en el sueldo mínimo del país. Un diputado en China cuesta menos de 10% de lo que un diputado cuesta en Brasil, por ejemplo. En los países escandinavos es común ver al primer ministro llegar a su trabajo conduciendo una bicicleta de las más sencillas y económicas del mercado, como lo hacen los estudiantes.  Este desastre que existe en nuestros países con el manejo del dinero público, con el abuso de los mega salarios, sin corresponderse con la productividad ni menos con las soluciones para el pueblo, causa todavía más prejuicios al estado, pues un pueblo que se siente robado por sus líderes políticos pierde la percepción de lo que es correcto, justo, honesto y honorable.
Definitivamente las cárceles que se llenaron de delincuentes, no sabemos en donde se encuentran, porque de acuerdo a los miles y miles de de de presos que dio a conocer el gobierno federal, no habrían cabido en las cárceles actuales y unas 20 mas, pero como fueron inventos, las cárceles siguen funcionando como escuelas para mejorar la delincuencia y desde ahí se planean y ejecutan las órdenes de secuestros.

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Por Gerardo Cortinas Murra

Las escasas personas que defienden la permanencia de los retenes viales afirman que es una medida necesaria cuyos resultados están a la vista de todos: menos accidentes viales ocasionados por la ingesta de alcohol.
Sin embargo, debe precisarse que la implementación de este tipo de correctivos es algo así, como tratar de ‘curar’ una enfermedad crónica con aspirinas y analgésicos.
Lo anterior, porque el fondo del asunto nada tiene que ver con la supuesta reducción de accidentes, ni con las miles de arbitrarias infracciones que se aplican a los conductores briagos; cuya consecuencia inmediata es una severa afectación a la economía familiar; sino más bien, a la excesiva tolerancia del Gobierno estatal a la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas.
Lo anterior es así, ya que aun cuando el Art. 117 constitucional consigna la obligación de las Legislaturas estatales para aprobar leyes “encaminadas a combatir el alcoholismo”, la realidad es que la Ley de Alcoholes es letra muerta. Tan cierto es, que resulta criticable la proliferación de negocios que venden bebidas alcohólicas ubicados contiguos unos a otros y a escasos metros de centros educativos y hospitales.
Por otra parte, la cotidiana criminalización de los conductores briagos es consecuencia de una grotesca deficiencia legislativa, en virtud de que el hecho de conducir en primer grado de ebriedad está catalogado como una infracción grave. Y dígame usted, amable lector, ¿en qué cabeza cabe que el consumo de dos o tres ‘cheves’, sea considerado como algo que amerite una multa económica de 60 salarios mínimos?
Sólo la avaricia recaudatoria justifica tan denigrante sanción administrativa. Y le pongo como ejemplo el caso del Distrito Federal: Allá, a los conductores ebrios se les detiene, sin ninguna multa económica, hasta por 36 horas en la cárcel “El Torito”. En cambio aquí, en Chihuahua, no sólo se les arresta y se les impone una gravosa multa; sino además, se les retiene el vehículo. Y si esto fuera poco, se les obliga a acudir a centros de desintoxicación.
Por desgracia, los Jueces de Distrito (2º y 10º) han convalidado estas humillantes sanciones administrativas alegando, burdamente, que el Congreso local está facultado para aprobar leyes para combatir el alcoholismo y garantizar la salud pública. Porque si así fuera, lo conducente sería clausurar la mayoría de los expendios de vinos y licores, como una medida efectiva y racional para disminuir el alcoholismo social.
Al respecto, la Ley de Vialidad establece como atribución de las autoridades de tránsito la de “inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas”. Yo le preguntaría al director de Tránsito: ¿Acaso ingerir dos o tres ‘cheves’ constituye un abuso de ingesta alcohólica?
Y si en verdad el Gobierno del Estado quisiera darle una solución digna a este entuerto, mi sugerencia sería la siguiente: enviar una iniciativa de ley a la ‘Oficialía Legislativa’ para consignar la diversa gravedad de las infracciones en la Ley de Vialidad, en los términos siguientes: “ART. 91.- Son infracciones leves: Conducir un vehículo en primer o segundo grado de ebriedad, siempre y cuando no se cometa otra infracción considerada como grave.
Son infracciones graves: a) El conducir un vehículo en tercer grado de ebriedad o en estado de intoxicación por el consumo de drogas u otras sustancias igualmente tóxicas; b)……”
Adicionalmente, debería proscribirse la humillante práctica de condicionar la entrega del vehículo al pago de la infracción de tránsito, toda vez que ésta constituye un crédito fiscal que puede hacerse efectivo mediante el procedimiento coactivo fiscal correspondiente.
INCONGRUENCIA PRESUPUESTAL:
Con motivo del ‘Plan de Austeridad’, el Gobierno del Estado autorizó el despido de cientos de empleados eventuales, así como la reducción del sueldo de los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel. Lo anterior, para estar en condiciones de cumplir con la reforma constitucional que obliga a “ajustar o disminuir” las remuneraciones de todos los burócratas estatales y municipales.
Sin embargo, existe una generalizada inconformidad entre la burocracia afectada, ya que las drásticas medidas de austeridad no aplican en el exorbitante gasto de las ‘caravanas’ de funcionarios que acuden a los eventos faraónicos que organiza el Ejecutivo Estatal. De igual manera, sigue pendiente la promesa del Gobernador de otorgar certeza laboral a miles de trabajadores eventuales al servicio de la Administración Pública Estatal.

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