Fiscalización Electoral

Lic. Gerardo Cortinas Murra

La semana pasada, por mayoría de votos, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes relativos a las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y gastos de campañas de los candidatos partidistas e independientes que contendieron en los comicios locales en 14 entidades del país.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, informó que el monto de las sanciones derivadas de la revisión de los ingresos y gastos durante la pasada contienda electoral es superior a los 420 millones de pesos, y que el 27 por ciento de esas multas se deben al ocultamiento de recursos destinados a proselitismo electoral.

Adicionalmente, precisó que el principal obstáculo con el que se encontró la fiscalización fue la entrega tardía de información por parte de los partidos políticos y candidatos, lo cual ameritó sanciones superiores a los 110 millones de pesos: “Es un castigo que pretende inhibir la rendición de cuentas tardía, esta conducta generalizada de partidos y candidatos no puede repetirse en 2018 cuando se juega la presidencia, el Congreso de la Unión y 29 elecciones locales”.

El consejero Murayama destacó que es la primera ocasión que se sanciona la contratación no reportada en la red social Facebook; y que ello fue posible,  gracias a la entrega de información detallada de 24 millones de pesos pagados por una centena de candidatos a esta empresa digital, para potenciar los mensajes de sus muros; los cuales fueron sancionados hasta con el 150 por ciento del monto contratado.

Por su parte, la postura de la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles, la única que votó en contra de lo dictámenes, fue en el sentido de devolver los 14 proyectos para “corroborar que los gastos reportados durante la jornada electoral, correspondan con el registro de representantes generales y de casilla de partidos y candidatos con que cuenta el Instituto... para que los partidos aclaren y rectifiquen sobre lo ya presentado, pero este tiempo no debe entenderse como un nuevo momento para reportar todo lo que no se había reportado con anterioridad”.

En cuanto al monto de las multas en contra de los candidatos que participaron en los comicios locales –contenidas en el dictamen del consejero Murayama– es superior a los 56 millones de pesos; lo cual significa que Chihuahua sea la entidad federativa que ocupa el segundo lugar en penalización a nivel nacional, superado sólo por Oaxaca cuyo monto de sanciones es mayor por casi medio millón de pesos.

Por partido político nacional, los montos de las multas en millones de pesos, son los siguientes: el PRI ocupa el primer lugar con casi 80 millones; en segundo lugar, el PRD con 66 millones; en tercer lugar, el PAN con multas que superan los 50 millones; en cuarto lugar, el PT, con multas hasta por 43 millones; y en quinto lugar, Morena con multas superiores a los 42 millones.

En el ámbito local, la declaración del líder estatal de Morena, Martín Chaparro, no solo resulta divertida, sino también, exhibe las graves deficiencias del sistema actual de fiscalización de las campañas electorales. Para Martín, el acuerdo del INE es algo “estúpido… No lo puedo calificar de otra manera, es una estupidez…”. El alegato del líder moreno es simple: resulta absurda la sanción de 11 millones de pesos, cuando el financiamiento para gastos de campaña de Morena apenas rebasa el millón de pesos; motivo por el cual ningún candidato instaló casa de campaña alguna. “Cómo vamos a reportar este gasto, si no existieron…”

Sin embargo, queda pendiente la determinación del Consejo Estatal del IEE con respecto a la sanción establecida en la Ley Electoral, relativa a la posibilidad de que el TEE declare la nulidad de alguna elección, cuando el candidato triunfador hubiese excedido sus gastos de campaña “en un 5 por ciento del monto total autorizado” por el órgano electoral local. Yo me pregunto: ¿Cuántas elecciones serán anuladas por el IEE? ¿Acaso, esta sanción electoral no es excesiva e irracional?