Tribuna ciudadana: Servicios previos al juicio en Chihuahua

Ernesto Avilés Mercado / A raíz del incremento en la vigilancia de la frontera sur de los Estados Unidos, como medida para evitar más actos terroristas como la caída de las torres gemelas en Nueva York, los cárteles de la droga comenzaron a resentir el decomiso permanente de sus envíos, así como la terminación de la complicidad que por décadas habían sostenido entre los guardias aduanales y algunos jefes de la policía estadounidense.

Grandes cantidades de enervantes se fueron quedando en Ciudad Juárez; droga que había que vender para continuar alimentando el gran pulpo del crimen organizado. Sin embargo, el mercado estaba cerrado y solamente en pequeños envíos se continuó la venta al mejor mercado de drogas en el mundo, con el consiguiente deterioro en las finanzas de los capos nacionales.

La diversificación de las actividades delictivas, se presentó como una alternativa para el crimen, que veía en los secuestros, extorsiones, asaltos y robos, otra fuente de ingresos para compensar las pérdidas por no poder pasar los cargamentos de antes.

En el 2007, con la entrada en vigor de las reformas al nuevo sistema de justicia penal, hubo que adecuar el proceso garantista a la dura realidad que se tenía, donde la fronteriza ciudad, alcanzó por méritos propios el primer lugar en violencia a nivel mundial.

Con el triunfo en las elecciones y con la bandera de que el Poder servía para Poder, Cesar Duarte ocupó la Gubernatura del Estado y con ello, también la titularidad de los Poderes, bajo el argumento de que se tenían que tomar medidas urgentes, enviando iniciativas para tratar de adecuar la reforma penal a una realidad que distaba mucho de ser lo que se pretendía con el NSJP.

En esta escenografía, se presentó la llamada “puerta giratoria”, que consistía en que personas que delinquían de forma reiterada y que aprovechando la magnanimidad de la ley, solicitaban salidas alternas como suspensiones del proceso a prueba o acuerdos reparatorios, aprovechando la nula coordinación que debería de existir entre la fiscalía y los jueces de garantía, para presentarse como primo delincuentes, cuando eran considerados ya como los de recicle.

Inicialmente, se trataba que las cárceles no se saturaran con personas que no representaran peligro para la ciudadanía, que tampoco buscaran la destrucción de pruebas de su proceso, o que no representaran peligro para las victimas….Sin embargo, estas personas que delinquían de manera reiterada, solicitaban medidas alternas de solución del conflicto, aún y cuando no tenían derecho, por tener pendientes otras más y ante el desconocimiento de la fiscalía y del propio juzgador, los delincuentes entraban y salían del sistema, llegando a tener hasta 10 y 15 causas pendientes.

Los medios comenzaran a denunciar esta gran porosidad del sistema, obligando al gran legislador Cesar Duarte, a nuevamente enviar iniciativas de Ley para endurecer las medidas, comenzando a presentarse el aumento de personas detenidas en las cárceles y el incremento en la lista de espera para juicios orales.

Con la llegada del Código Nacional Único de Procedimientos Penales, la puerta giratoria nuevamente se volverá a abrir de par en par, aunque de diferente forma, dado que en el mismo Código se establece la creación del Instituto de Servicios Previos al Juicio.

Esta nueva institución, está funcionando en diversas entidades de la República y en otros países, de diversas formas.

Dentro de sus muchas funciones, destacan los que llevar un registro exacto de quienes se encuentran sujetos a un proceso penal, y solicitan alguna de las salidas alternas, que podrán ser, por ejemplo una suspensión del proceso a prueba.

En este caso, el juez tendrá la información sobre si el imputado cuenta con otros ingresos por la misma o diferente causa, si está sujeto a una medida cautelar, por ejemplo de asistir a sesiones de perspectiva de género, dar cuenta si asiste con la regularidad a que se comprometió, si la está tomando en serio, consultando a quienes la imparten, que opinión tienen de esta persona sus vecinos, sus relaciones en el trabajo, si asiste al culto, etcétera. Con esta Instituto, se considera que se está aplicando la vacuna, que servirá para evitar, se presenten nuevamente casos como la puerta giratoria

Cuando se planteó la necesidad de crear este instituto en Chihuahua, se tomaron en cuenta la forma en la que venían operando en las entidades, y cuál sería la mejor manera de establecerlo en la Entidad.

La primera opción fue que dependiera del poder judicial, con independencia y autonomía de operación; una más que surgiera a partir de la sociedad civil, incorporado en organizaciones como FICOSEC y el Observatorio Ciudadano, que reciben recursos frescos provenientes de la sobretasa al impuesto sobre nómina, y está desarrollando programas como el RENACE, que ayude a los internos que están a punto de alcanzar su libertad a reinsertarse en la sociedad.

 Lo que se plano se había descartado, era la opción que planteaba que se integrara en la Fiscalía, pero eso se descartó, porque no podría ser juez y parte; y la policía dentro del proceso es parte, de tal forma que no es viable.

El Fiscal Nicolás, contrario al que despacha en la Fiscalía –zona Centro-, es todo un caballero, una persona atenta y educada, que se le cree cuando asegura que ha dado lo mejor de su capacidad para combatir el crimen; sin embargo, en el tema que nos ocupa, no se considera que sea correcto el que los servicios previos al juicio sean incorporados a la Fiscalía, tanto porque es un tema que implica una gran seriedad y el Poder Judicial esta preparado para ello, mientras que la fiscalía se encuentra de lleno en un proceso de éxodo de los ministerios públicos; unos porque simplemente renunciaron a continuar soportando malos tratos del titular Almaraz, otros porque fueron despedidos por el mismo personaje y muchos otros, porque les quitaron por órdenes del fiscal, los apoyos económicos que recibían, mientras que al resto, los reclasificaron, quitándoles la compensación y dejándolos únicamente con el salario