Del abismo a la gran seguridad
Lic. Víctor Quintana Silveyra
El prestigiado economista José Luis Calva encabeza una importante aventura académico-política. Convocó a la formación de un Consejo de Universitarios de toda la República para elaborar una Nueva Estrategia de Desarrollo nacional. El primer resultado es la publicación de 18 volúmenes que contienen los diagnósticos y las estrategias alternativas en áreas tan diversas como política económico-financiera, política social, medio ambiente, alimentación y desarrollo rural, etc.
El volumen 17 de la colección tiene como tema: “Seguridad, derechos humanos y cohesión social”. Participan en él autores como José Luis Piñeyro (+), Edgardo Buscaglia, Luis Astorga, así como Pedro Peñaloza, Alberto Montoya, Jorge Hernández Tinajero, Isabel Reyes Lagunes, Oswaldo Chacón R., Oscar Báez Soto, Catalina Pérez Correa, Ana Magaloni, Alejandro Jiménez, Marisol Gómez, María de Jesús Vizcaíno, Úrsula Oswald y el que escribe esto escribe. Hay además un espléndido prólogo del propio Calva.
El volumen constituye un excelente diagnóstico crítico de la Guerra contra el Narcotráfico, de Felipe Calderón y de sus antecedentes. Y una serie de valiosas propuestas para construir una política democrática de Estado en seguridad.
De la guerra calderoniana se señalan como causas inmediatas: la necesidad de Calderón de legitimarse, los avances del narcotráfico en nuestro territorio, con la amenaza consiguiente para el Estado y la oligarquía trasnacionalizada y los propios Estados Unidos. Se insiste en la improvisación y la falta de comprensión de la multidimensionalidad del fenómeno, por parte de Calderón y su gabinete.
Para Luis Astorga la crisis de seguridad y la estrategia militarista de Calderón son el desemboque del proceso por el que “Los narcotraficantes fueron simultáneamente contenidos, extorsionados y protegidos por el aparato político y de seguridad del Estado y a la vez marginados del poder político”. El desmantelamiento de la gobernabilidad autoritaria desde los años ochenta y la reconfiguración del poder político en el país, junto con la diversificación y crecimiento del mercado ilegal de drogas ilegales en el mundo, provocaron un cambio en las condiciones de subordinación y los traficantes empezaron a adquirir mayor autonomía con respecto al poder político.
El gobierno de Calderón no quiso entender la cadena múltiple de factores atrás de la crisis de inseguridad en México, sobre todo, como señala Piñeyro: “El desastroso entorno socioeconómico…la imposición del modelo económico neoliberal que genera los fenómenos de exclusión económica y social, que se han extendido cualitativa y cuantitativamente las últimas décadas”. Otros autores apuntan también: el desmantelamiento de la producción campesina, el desgarramiento del tejido social producido por el modelo maquilador. La exclusión de los jóvenes de la economía y la educación. También, la interpenetración de las fuerzas de seguridad y los grupos criminales, la deserción masiva de militares y el gran poder corruptor del crimen organizado, dadas sus ganancias exponenciales.
Los saldos de esta guerra son documentados por varios de los autores: incremento del número de homicidios y delitos en general, violaciones masivas a los derechos humanos, militarización de la sociedad, aumento del “ejército delincuencial de reserva” de jóvenes excluidos, criminalización de la protesta social, incremento de de los delitos que más impactan a la población, crecimiento de mercados negros controlados por el crimen organizado, corrupción, consumo de nuevas sustancias ante la falta de otras, estigmatización y exclusión de los consumidores. Ansiedad, deterioro en la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades.
Así, la guerra contra las drogas es un sonoro fracaso, tanto en su versión mexicana, como en su versión internacional, coinciden casi todos los analistas.
Ante esta debacle, Piñeyro insiste en la urgencia de elaborar una política de Estado democrática en seguridad pública. Las precondiciones para ponerla en marcha son: Instituciones estatales eficaces, transparentes, reguladas socialmente; un Legislativo, ágil, profesional; un Presidente de la República que actúe como jefe de Estado, no de partido; un Poder Judicial autónomo, sin privilegios. Firma de un acuerdo nacional contra toda forma de impunidad por parte de todas las fuerzas políticas, económica y sociales. Replanteamiento de la cooperación y coordinación entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos en condiciones de igualdad, no de subordinación. Rompimiento de tabúes: iniciar investigaciones y debates públicos sobre el prohibicionismo, las experiencias de despenalización de las drogas y la conveniencia o no de despenalizar.
Los ejes de esta política serían: Eje financiero: golpes sistemáticos al nervio financiero y patrimonial del crimen organizado para desmantelar empresas criminales y firmas legales ligadas a ellas. Eje económico-social: Generación masiva de empleos permanentes y bien remunerados, sobre todo, para los jóvenes. Combate estructural a la enorme pobreza y desigualdad. Eje prevención-educación: Equilibrar el presupuesto dedicado a la seguridad con el de educación, investigación, prevención de consumo de drogas y tratamiento de adictos. Eje política social: programas de fortalecimiento de la cohesión social, apoyo a la “economía del cuidado” en las familias. Participación ciudadana y social, libre, informada, crítica, policías de barrio y comunitaria. Eje combate a la corrupción: Investigación y castigo a todo acto de corrupción; medidas para terminar con el alto porcentaje de impunidad de funcionarios y fuerzas del orden coludidas con el crimen organizado. Eje jurídico-policíaco: regreso del Ejército a los cuarteles, revertir modificaciones legales que facilitan un Estado policíaco; focalizar acciones represivas en las organizaciones criminales más violentas; investigar la pertinencia de cultivos alternativos a los enervantes. Ensayo de modelos regulatorios para cada droga.
El término de referencia de esta estrategia democrática de Estado lo plantea certeramente Úrsula Oswald como la “Gran seguridad”, que entraña tres seguridades:
Seguridad humana, como ausencia de amenazas y miedos y reivindicación de los derechos humanos y comunitarios básicos para vivir con dignidad, justicia y libertad.
Seguridad de género: la equidad, la identidad, las relaciones sociales simétricas, la solidaridad, el empoderamiento, ante las amenazas del patriarcado, los gobiernos antidemocráticos, las religiones fundamentalistas, las culturas sexistas y la intolerancia.
Seguridad ambiental como los procesos de adaptación y de resiliencia donde la comunidad humana se enfrenta a riesgos cada vez más fuertes y frecuentes de desastres naturales.
Diagnóstico y estrategia hay; faltan los sujetos políticos con voluntad.
El prestigiado economista José Luis Calva encabeza una importante aventura académico-política. Convocó a la formación de un Consejo de Universitarios de toda la República para elaborar una Nueva Estrategia de Desarrollo nacional. El primer resultado es la publicación de 18 volúmenes que contienen los diagnósticos y las estrategias alternativas en áreas tan diversas como política económico-financiera, política social, medio ambiente, alimentación y desarrollo rural, etc.
El volumen 17 de la colección tiene como tema: “Seguridad, derechos humanos y cohesión social”. Participan en él autores como José Luis Piñeyro (+), Edgardo Buscaglia, Luis Astorga, así como Pedro Peñaloza, Alberto Montoya, Jorge Hernández Tinajero, Isabel Reyes Lagunes, Oswaldo Chacón R., Oscar Báez Soto, Catalina Pérez Correa, Ana Magaloni, Alejandro Jiménez, Marisol Gómez, María de Jesús Vizcaíno, Úrsula Oswald y el que escribe esto escribe. Hay además un espléndido prólogo del propio Calva.
El volumen constituye un excelente diagnóstico crítico de la Guerra contra el Narcotráfico, de Felipe Calderón y de sus antecedentes. Y una serie de valiosas propuestas para construir una política democrática de Estado en seguridad.
De la guerra calderoniana se señalan como causas inmediatas: la necesidad de Calderón de legitimarse, los avances del narcotráfico en nuestro territorio, con la amenaza consiguiente para el Estado y la oligarquía trasnacionalizada y los propios Estados Unidos. Se insiste en la improvisación y la falta de comprensión de la multidimensionalidad del fenómeno, por parte de Calderón y su gabinete.
Para Luis Astorga la crisis de seguridad y la estrategia militarista de Calderón son el desemboque del proceso por el que “Los narcotraficantes fueron simultáneamente contenidos, extorsionados y protegidos por el aparato político y de seguridad del Estado y a la vez marginados del poder político”. El desmantelamiento de la gobernabilidad autoritaria desde los años ochenta y la reconfiguración del poder político en el país, junto con la diversificación y crecimiento del mercado ilegal de drogas ilegales en el mundo, provocaron un cambio en las condiciones de subordinación y los traficantes empezaron a adquirir mayor autonomía con respecto al poder político.
El gobierno de Calderón no quiso entender la cadena múltiple de factores atrás de la crisis de inseguridad en México, sobre todo, como señala Piñeyro: “El desastroso entorno socioeconómico…la imposición del modelo económico neoliberal que genera los fenómenos de exclusión económica y social, que se han extendido cualitativa y cuantitativamente las últimas décadas”. Otros autores apuntan también: el desmantelamiento de la producción campesina, el desgarramiento del tejido social producido por el modelo maquilador. La exclusión de los jóvenes de la economía y la educación. También, la interpenetración de las fuerzas de seguridad y los grupos criminales, la deserción masiva de militares y el gran poder corruptor del crimen organizado, dadas sus ganancias exponenciales.
Los saldos de esta guerra son documentados por varios de los autores: incremento del número de homicidios y delitos en general, violaciones masivas a los derechos humanos, militarización de la sociedad, aumento del “ejército delincuencial de reserva” de jóvenes excluidos, criminalización de la protesta social, incremento de de los delitos que más impactan a la población, crecimiento de mercados negros controlados por el crimen organizado, corrupción, consumo de nuevas sustancias ante la falta de otras, estigmatización y exclusión de los consumidores. Ansiedad, deterioro en la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades.
Así, la guerra contra las drogas es un sonoro fracaso, tanto en su versión mexicana, como en su versión internacional, coinciden casi todos los analistas.
Ante esta debacle, Piñeyro insiste en la urgencia de elaborar una política de Estado democrática en seguridad pública. Las precondiciones para ponerla en marcha son: Instituciones estatales eficaces, transparentes, reguladas socialmente; un Legislativo, ágil, profesional; un Presidente de la República que actúe como jefe de Estado, no de partido; un Poder Judicial autónomo, sin privilegios. Firma de un acuerdo nacional contra toda forma de impunidad por parte de todas las fuerzas políticas, económica y sociales. Replanteamiento de la cooperación y coordinación entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos en condiciones de igualdad, no de subordinación. Rompimiento de tabúes: iniciar investigaciones y debates públicos sobre el prohibicionismo, las experiencias de despenalización de las drogas y la conveniencia o no de despenalizar.
Los ejes de esta política serían: Eje financiero: golpes sistemáticos al nervio financiero y patrimonial del crimen organizado para desmantelar empresas criminales y firmas legales ligadas a ellas. Eje económico-social: Generación masiva de empleos permanentes y bien remunerados, sobre todo, para los jóvenes. Combate estructural a la enorme pobreza y desigualdad. Eje prevención-educación: Equilibrar el presupuesto dedicado a la seguridad con el de educación, investigación, prevención de consumo de drogas y tratamiento de adictos. Eje política social: programas de fortalecimiento de la cohesión social, apoyo a la “economía del cuidado” en las familias. Participación ciudadana y social, libre, informada, crítica, policías de barrio y comunitaria. Eje combate a la corrupción: Investigación y castigo a todo acto de corrupción; medidas para terminar con el alto porcentaje de impunidad de funcionarios y fuerzas del orden coludidas con el crimen organizado. Eje jurídico-policíaco: regreso del Ejército a los cuarteles, revertir modificaciones legales que facilitan un Estado policíaco; focalizar acciones represivas en las organizaciones criminales más violentas; investigar la pertinencia de cultivos alternativos a los enervantes. Ensayo de modelos regulatorios para cada droga.
El término de referencia de esta estrategia democrática de Estado lo plantea certeramente Úrsula Oswald como la “Gran seguridad”, que entraña tres seguridades:
Seguridad humana, como ausencia de amenazas y miedos y reivindicación de los derechos humanos y comunitarios básicos para vivir con dignidad, justicia y libertad.
Seguridad de género: la equidad, la identidad, las relaciones sociales simétricas, la solidaridad, el empoderamiento, ante las amenazas del patriarcado, los gobiernos antidemocráticos, las religiones fundamentalistas, las culturas sexistas y la intolerancia.
Seguridad ambiental como los procesos de adaptación y de resiliencia donde la comunidad humana se enfrenta a riesgos cada vez más fuertes y frecuentes de desastres naturales.
Diagnóstico y estrategia hay; faltan los sujetos políticos con voluntad.
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